Desde Filomeno Mata 8
En el contexto de la primera alternancia en el poder presidencial -en que se proclamó el primer gobierno democrático en la historia de México-, se dio un fenómeno desconcertante en las relaciones Estado-Medios de Comunicación.
Pieles sensibles en Los Pinos empezaron a resentir urticaria como reacción a la crítica. Bajo el supuesto de que lo que no aparece en las pantallas de televisión, no existe, se cayó en la tentación de tratar de confinar voces incómodas en lo que se describió como círculo rojo.
Obviamente, en sentido inverso la tendencia se inclinó a favorecer a medios y líderes de opinión que no perturbaran la tranquilidad de los depositarios del poder político.
No era, en estricto rigor, más que la continuidad del viejo sistema de premios y castigos, asestados o dispensados, según el caso, por quienes administran la política de publicidad gubernamental.
A la cacería de los “sembradores de odio”
Al socaire de esos criterios selectivos, y en consecuencia discriminatorios, en la perspectiva de la sucesión presidencial de 2006 apareció una corriente periodística de cruzados que, sin más argumento que el inquisitorial, se dieron como misión la de denunciar a los sembradores de odio.
En el casillero de los “sembradores de odio” fueron etiquetados no sólo líderes políticos de oposición o dirigentes de movimientos sociales de naturaleza sindical o campesina, sino incluso investigadores académicos y organizaciones no gubernamentales de defensa y protección de los Derechos Humanos.
La ofensiva, en automático, se hizo extensiva a periodistas y comunicadores de acción y pensamiento disidentes, que fueron expuestos al linchamiento no sólo de los agentes de Estado, sino de sus propios pares.
La llamada guerra contra el crimen organizado, fue la coartada que auspició la primera operación masiva de autocensura, en la que se comprometió a más de 600 firmas empresariales y a título personal a no pocos sedicentes líderes de opinión. Fue una estrategia de Estado.
Estrategia de Estado, sin embargo, la operación, por cuenta de los poderes fácticos, entre los que se inserta el mismo crimen organizado, tuvo espacio para imponer la Ley plata o plomo. Sabemos las terribles consecuencias del exterminio de colegas.
Una mala persona nunca podrá ser buen periodista
Fatalmente, una cosa remite a la otra: La resistencia a ese tipo de políticas represivas dio oportunidad a esquiroles, cuyo reclutamiento pasó por alto una convicción del eminente reportero de origen polaco ya fallecido, Ryszard Kapuscinski: Una mala persona, nunca podrá ser un buen periodista.
Son los riesgos de convertir el sentido social del ejercicio periodístico, en una actividad mercenaria.
Con independencia de que estamos comprometidos a no caer en tentaciones de exclusión o inclusión arbitraria, no obstante resulta imperativo señalar que el terreno más fértil al desarrollo de ese tipo de conductas aviesas se da en los medios de comunicación electrónica.
Apuntamos en esa dirección, por una experiencia reciente: El Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI), en la perspectiva de la sucesión presidencial de 2018, emitió un manual por el cual pretendió se aceptara un deslinde entre el tratamiento de la noticia y la opinión, de manera de ofrecer al público la opción del ejercicio del Derecho a la Información para su toma de decisiones.
La propuesta fue litigada ante la instancia jurisdiccional, que la revocó bajo el argumento de defensa de la Libertad de Expresión. En este derecho se escudan ahora los del poder económico que se entrometen en la pugna presidencial.
Lo que ocurre en México, es que la impunidad es el refugio en el que se hospedan los poderes fácticos, que tienen de su lado la ventaja de descomunales recursos dinerarios para contratar sus cajas de resonancia como arietes contra quien no se traga sus ruedas de molino.
Ya van 90 militantes políticos asesinados
El crispado escenario de las elecciones generales de 2018 tiene un signo bestial: Apenas ayer, se dio cuenta de otros tres asesinatos de militantes políticos. En un corto periodo, ya suman 90 muertos, entre candidatos, dirigentes de partido o familiares.
Desde el atentado en 1994 contra el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el espectro de los crímenes de Estado no ha sido exorcizado.
A finales de la semana pasada, tuvimos prueba de ello: En una demencial convocatoria, uno de esos sedicentes líderes de opinión incitó al magnicidio en la persona de uno de los contendientes por la Presidencia de México.
Si bien esa incitación se hizo viral en las redes sociales, el corporativo Televisa tuvo la atingencia de anunciar de inmediato el retiro del aire del sicario, según lo tipificaron algunos de sus denunciantes, que disponía de un segmento en su programación de opinión y análisis.
No son expresiones aisladas que se den sólo en el llano: Hace unas semanas, en un evento masivo, un candidato presidencial había llamado a huestes campesinas a frenar al candidato que puntea la intención del voto; por supuesto, sin clarificar el método.
Es llegada la hora de la responsabilidad republicana
A esos extremos se está llevando la lucha de los contrarios, que se suponía civilizatoria en el marco de la transición democrática, en un clima que, hace unos días, desde lo alto del poder político, se describió como de normalidad democrática.
¿Normalidad democrática, cuando suman ya 90 bajas mortales en la contienda?
Recordar nomás: Se sabe cuando ese tipo de expresiones criminales empieza: Nunca de sabe cuándo ni cómo desembocarán.
Si existe de veras voluntad política para prevenir peores consecuencias, es tiempo de ejercerla: Que no se pretenda tapar el pozo después de candidato muerto. No es metáfora: Es imperativo republicano.
