Jorge Miguel Ramírez Pérez
En el 2004 se llevó a cabo la Convención Nacional Hacendaria, hubo reuniones a lo largo y ancho del país, se trataba de modificar las reglas hacendarias para dotar de más recursos a los estados como uno de los pendientes del cambio democrático.
Aunque pocos lo entendían en su aspecto doctrinario, la demanda era una desigual distribución de los recursos, en particular de los provenientes de los excedentes del petróleo, que Hacienda manejaba sin transparencia; porque usando al Congreso, determinaban un precio por debajo de la realidad, para que los excedentes sobre ese precio, fueran objeto de uso discrecional desviando el dinero como lo siguieron haciendo, hacia fideicomisos opacos.
A partir de esa fecha los diputados, que antes no intervenían prácticamente en nada de la estructuración del presupuesto, empezaron a tener interés; porque tradicionalmente Hacienda les mandaba el documento, sin tomarlos en cuenta y por medio del líder del Congreso y algunos jaloneos con algunos opositores, salía como ellos lo determinaban.
Aunque en el 2004 los votos finales de la Convención para hacer cambios en el reparto hacendario eran obviamente cargados al ejecutivo y sobre todo a los de Hacienda, para dejar las cosas como ellos querían: sin cambios; el precedente de una lucha que se planteó fuerte y que a algunos nos toco escenificarla, rindió frutos mas adelante, pero lamentablemente fueron frutos podridos, como todo lo que se hace desde la cúpula y a espaldas de los ciudadanos.
Hacienda redujo el papel que la Constitución le confiere a los diputados de manera determinante en materia presupuestaria, comprándolos con migajas para que pudieran -saltando todas las reglas- usurpar el papel del ejecutivo y gastar dinero según su criterio, que como se imagina mi querido lector, dio como resultado que esas migajas cada vez fueran mayores, configurando desviaciones en el sentido original de la ley; y acabaron significando cientos de millones, que por cierto, se convirtieran en un objeto sobresaliente de la voracidad de los diputados.
Hacienda al torcerles el brazo a los diputados corrompiéndolos con los moches, los exhibía mas bien como representantes de las élites de sus partidos que como representantes populares. Éstos ayunos de conocimientos básicos de la trayectoria institucional y legal del dinero de los contribuyentes, optaron por su conveniencia personal y así quedaron fuera de las grandes discusiones estructurales de la justicia distributiva nacional.
Para los gobernadores, siempre inconformes con lo que les tocaba, hubo partidas debajo de la mesa, tostoneando los excedentes no detectados por los funcionarios estatales que los aceptaron; porque fueron recursos que no pasaron por los diversos congresos locales. Y además Fox, les ratificó la auto vigilancia de los fondos, en síntesis les concesionó la piedra filosofal para la desviación de los recursos federales etiquetados; es decir de las antes intocadas aportaciones, que desde entonces empezaron los gobernadores a manipular ilegalmente.
El abuso fue tal que Peña tuvo que quitarles los recursos enormes del fondo de educación básica porque se lo quedaron y para “cubrirlo” pidieron prestado a la banca escalando los intereses, para también rebanar las comisiones de los empréstitos, todo con la complacencia de Hacienda que no actuó, ni dejó que las quejas de la Auditoría Superior de la Federación procedieran en la PGR.
Lo que siguió fue una secuela de historias todavía peores.
En pocas palabras en el 2004 se realizó un gran esfuerzo que suponía que era por una justicia realmente federal. Un enfoque que también suponía, que los políticos involucrados eran conocedores de las bases del federalismo. Incluso algunas veces hasta se llegó a discutir una reestructuración de competencias y otros aspectos de recomposición institucional a la luz de la democracia; pero Hacienda no cedió un centímetro y recurrió a mecanismos que desataron la corrupción mas escandalosa, mediante acuerdos opacos con los gobernadores.
Los gobiernos estatales demostraron no tener idea de la trascendencia de un cambio federalista, solo siguieron la ruta del dinero que llegaba a sus manos o a las manos de sus colaboradores y punto.
Hoy lo que se plantea es un esquema centralizador sobre todo por la figura polémica de un superdelegado, que en otra época hubiese sido denominado jefe político, paralelo a los gobernadores, uno con decisiones económicas tal vez mayores que los gobernadores.
El esquema se percibe que va a tener problemas mayores, porque el alcance de esas estrategias desconsidera otras realidades, no solo la que se menciona, que muchos gobernadores influían en las inversiones federales en sus territorios, llevando agua a su molino.
Por eso la postura del gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro es seria y puntual en cuanto a lo que la Constitución y las leyes hoy determinan. Incluso como planteamiento político es válido y legítimo. El problema, aunque no se le atañe a su persona; es que retumba el abuso de los gobernadores que nunca fue tan marcado como en este Gobierno saliente.
Lo que hicieron los gobernadores del llamado “nuevo PRI” en el pasado reciente, fue un daño mayor al verdadero federalismo; fue tan demoledor, incluso, para los que siempre hemos apoyado las políticas federalistas, lleguemos a pensar que en México al menos ese híbrido, seudo federalista, si fracasó y habrá que intentar otra cosa. Lo malo es que me parece, se debió empezar por el diálogo antes de llegar a las descalificaciones.
