MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
Andrés Manuel López Obrador transita en una posición disfrazada de cándida autoridad salpicada de gracejadas y desconocimiento de asuntos torales. Y con esa esa actitud que aplauden sus seguidores avasalla y se hace del control de todo, de todo en este país en el que 30 millones de sus ciudadanos pareciera le firmaron un documento con poderes omnímodos.
Es como el César que dicta vidas y destinos de sus gobernados y asume tareas de toda índole en calidad de jefe máximo, en esas reuniones en las que su equipo, cuando participa en las conferencias de prensa mañaneras, evidencia absoluta ausencia de coordinación y discrepa y muestra a su jefe incluso mentiroso o desinformado. Y parece que nadie se da cuenta.
Y descalifica a quienes considera incómodos, los ridiculiza y aplica apodos y sólo su palabra vale, porque se asume honesto y sin cargos de conciencia decide pasar por encima de una ley de adquisiciones para una compra millonaria de autotanques sin licitarla, porque de los reporteros que acuden a sus mañaneras él decide quién pregunta, porque él determina cómo y cuándo deben aplicarse sus ocurrencias maquilladas con decisiones dizque por el bien de la patria y en combate a la corrupción.
Por ello ha metido la mano nada democrática en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin duda por motivos personales para el control del poder absoluto, porque paulatinamente avanza en el desmantelamiento de lo que considera obstáculo para su IV Transformación.
Así, también, éstos sí motivos personales, la magistrada Janine Otálora renuncio a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, sin rubor, en el mismo órgano jurisdiccional el mismo día se tramitó el relevo y el puesto fue otorgado casualmente a uno de los magistrados que votó a favor del factor Puebla impulsado desde la Presidencia de la República que había metido la mano para lograr que el ex perredista Luis Miguel Barbosa Huerta ganara una elección que, cuestionada y todo, por cerrada votación se llevó la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, Martha Érika Alonso Hidalgo.
Y, mire usted, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación era el espacio que faltaba en esta aritmética de suma y resta para el control de los Tres Poderes, porque el Poder Legislativo con todo y sus bemoles está bajo control de la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión; el Poder Judicial de la Federación se ha sometido, dígase lo que se diga porque la terca evidencia ofrece a los ministros en acatamiento de ese voluntarismo de señorpresidente de ganar 108 mil pesos mensuales y que nadie gane más que él.
Así, con una estela de versiones no desmentidas en torno a la presión ejercida desde la naciente administración lópezobradorista por haber inclinado el reconocimiento al triunfo comicial de Martha Érika Alonso Hidalgo como gobernadora del estado de Puebla, Janine M. Otálora Malassis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación renunció al cargo.
“Sabemos que hoy, la vida institucional de México vive una nueva época y el Tribunal Electoral como órgano del Poder Judicial de la Federación debe saber adaptarse a los cambios. Por ello, asumiendo mi responsabilidad de juez constitucional, en aras de facilitar la transición del Tribunal, he tomado la decisión personal, ética y política de presentar mi renuncia al cargo de Presidenta del Tribunal Electoral”, argumentó la magistrada en su renuncia que hizo pública.
Y una vez conocida la dimisión de la magistrada, la oficina de prensa del órgano jurisdiccional informó que, en sesión privada, “las y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eligieron en unidad y por unanimidad de votos, al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente de este órgano jurisdiccional federal, con motivo de la renuncia a dicho cargo que, en esta misma fecha, presentó la magistrada Janine M. Otálora Malassis, por motivos personales”.
En Puebla se ha elegido a un priista retirado como gobernador interino que deberá convocar a elección. La magistrada no abunda en las causas de su dimisión, pero evidentemente ésta obedece a las presiones a que estuvo sujeta durante y después del litigio postelectoral del estado de Puebla.
El tema se remonta al dos de diciembre del año pasado, cuando el magistrado ponente José Luis Vargas Valdez, hizo público su resolutivo de anulación de los comicios poblanos y, siete días después, cuando se votó validándose el triunfo de Martha Érika Alonso Hidalgo, Vargas Valdez denunció haber sido víctima de presiones y la existencia de acuerdos y dilación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desconocer el triunfo del ex perredista Miguel Barbosa, candidato de Morena.
¿Presiones? Bueno, no hay que soslayar la declaración del debutante presidente Andrés Manuel López Obrador de que, para él, Miguel Barbosa era el gobernador y no asistió a la toma de posesión de Alonso Hidalgo ni envió a un representante personal.
Y casualmente quien ayer relevó en el cargo a la magistrada Janine Otálora es el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, uno de los tres votantes a favor de anular los comicios en el estado de Puebla. Junto con el voto del hoy presidente del máximo tribunal electoral del país, se sumaron los de la magistrada Mónica Arali Soto y el del magistrado Luis Vargas Valdez.
En aquella sesión del nueve de diciembre, en el búnker de la avenida Carlota Armero, los cuatro votos que dieron el triunfo con la confirmación del acta de mayoría a la malograda Martha Érika Alonso, esposa del senador y ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en las elecciones por la gubernatura poblana del 1 de julio, fueron los de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante Gonzáles, Felipe de la Mata Pizaña y el de la balanza que fue de la magistrada presidenta Janine Otálora Malassis. Motivos personales, muy personales y atizados por esa ambición de poder. ¿Quién sigue? Digo.
JUEVES. Pacificar al país requiere de una estrategia integral que contemple a la seguridad privada, industria que hoy es responsable del manejo de más de 90 por ciento del efectivo del país, la seguridad intramuros de la red de aeropuertos y otras infraestructuras, la comercialización y venta de dispositivos tecnológicos como cámaras, enrejados, blindajes y otros que hoy sirven de componentes en las estrategias de seguridad en organismos públicos y privados, comentó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), José Luis Calderón González.
Durante su asistencia, a la toma de posesión del nuevo coordinador de ASUME (Agrupaciones de Seguridad Unidas Por México), Calderón dijo que la industria de la seguridad privada en México da trabajo a más de 500 mil personas y uno de los retos es darles mejores salarios, prestaciones sociales y capacitación. De ahí la importancia de crear una Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada en el país que permita mantener la unidad y desarrollo sustentable de la industria.
Calderón González reiteró que es necesario que la seguridad privada continúe su trabajo como actor coadyuvante en las políticas estratégicas, acciones de prevención y realización de operaciones de seguridad eficientes y transparentes que no dejen resquicio para la corrupción o impunidad. Conste.
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