INTRODUCCIÓN
Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 en la ciudad de México y varios estados del país, demostraron con su crudo dramatismo la vulnerabilidad de la sociedad civil y las instituciones ante la exposición de los fenómenos naturales derivados de la naturaleza y lo indemnes ante la naturaleza social como resultado de inadecuadas tomas de decisión que respondieron a intereses políticos y económicos, cuyo reflejo en omisiones y corrupción redundaron en negligencia criminal; tal es el caso de la CDMX, en donde edificios construidos en la década de los 70´s presentaron severas fallas estructurales por la baja calidad de los materiales empleados para su construcción, así como por violaciones a Planes Parciales de Desarrollo Urbano y del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal de entonces.
Los sismos en la CDMX de septiembre de 1985, además de representar una sacudida telúrica, significaron una sacudida social, política e institucional por la tardía, tibia, descoordinada e ineficiente respuesta gubernamental (a excepción hecha de las Fuerzas Armadas que de inmediato activaron el PLAN DN-III-E y PLAN MARINA), poniendo al descubierto la corrupción existente en el sector de la construcción por la permisividad con la que se construyeron hospitales y complejos habitacionales en zonas de alto riesgo sísmico en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez, que aunadas a una cadena de contubernios crearon las condiciones óptimas para la maximización del desastre.
Desde entonces, una nueva conciencia social emergió de los escombros, del dolor por el familiar o amigo fallecido, de la frustración, el coraje e impotencia por la pérdida del patrimonio o la fuente de trabajo que desencadenó el terremoto que, sumada a la pobreza y miseria que agobia a mucho más de la mitad de la población del país, provocaron los cambios políticos que reclamaba México en su transición a la incipiente democracia que no había pasado de la simple alternancia en el poder entre dos partidos políticos, la cual el 1° de julio de 2018 se institucionalizó.
Mucho se ha escrito sobre la ineficiente planeación urbana y regional del país, cuyas absurdas dimensiones son representativas de la ineficacia del Sistema Nacional de Planeación Democrática, siendo uno de los innumerables casos la falta de diseño de políticas públicas en materia de prevención; por ello, si algo resulta urgente de cambio es el paradigma de que el Estado retome la rectoría en la planeación del desarrollo urbano y regional con una visión holística y de planeación estratégica para la gestión de un desarrollo urbano y regional sustentable y equilibrado.
El propósito del Estado debe ser y hacer de la Protección Civil una actividad conjunta que prevea y provea de certidumbre la integridad física de la población para permitirle su integración al desarrollo en las mejores condiciones de bienestar familiar para su interacción y productividad en las múltiples formas de vida en sociedad, pues aunque mucho se ha avanzado desde la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) publicado en el DOF el 6 de mayo de 1986, aún falta mucho por hacer en la concientización, vinculación y participación de la sociedad.
Posterior al SINAPROC se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) el 20 de Septiembre de 1988, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Con el apoyo económico y tecnológico de Japón se edificaron las instalaciones del CENAPRED; la UNAM aportó el terreno para su construcción y proporcionó el personal académico y técnico especializado; siendo inaugurado el 11 de mayo de 1990 por el Presidente de la República.
VISIÓN
A partir de la Revolución Industrial de la posguerra y en pleno siglo XXI, en donde la explosión demográfica y el anárquico desarrollo urbano y regional experimentado por México en su carrera a la modernización, exige una visión de futuro para la protección física a sus Sistemas Afectables, cuya vulnerabilidad a todas luces es fehaciente, y que sumada a las constantes manifestaciones sociales ocasionadas por las sempiternas crisis política, económica y social por la que transita el país, reclaman de la protección civil una prioridad en la seguridad urbana en casos de desastres.
MISIÓN
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “el Estado se arroga el derecho y la obligación de proteger la vida, la libertad, las posesiones y los derechos de todos los mexicanos”. Así, “el Sistema Nacional de Protección Civil pretende proteger y conservar a la sociedad en su conjunto como una de las funciones tradicionales del Estado mexicano, en donde la permanente necesidad de asociación y protección a la vida humana es la resultante de su antigüedad y vigencia de las organizaciones y de los servicios que la satisfacen; de allí, se deriva la protección ciudadana frente a las amenazas, riesgos y peligros provocados por agentes perturbadores, fenómenos naturales o humanos que pueden originar desastres y concatenar otros, con la trágica e irreparable pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y, en consecuencia, la interrupción y alteración de la vida cotidiana”.
MARCO LEGAL
Deberá ser uno de los principales propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 integrar a la Agenda Gubernamental los conceptos metodológicos de la Planeación Estratégica y Administración Pública para el diseño de políticas públicas, a partir de la
• Gestación,
• Formulación,
• Implementación, y
• Evaluación de las políticas y estrategias, traducidas en:
Planes, Programas y Proyectos de Reordenamiento Territorial.
A los ámbitos de desarrollo habría que integrar potencialidades de producción, que en su proceso administrativo significa algo más que la localización de la infraestructura productiva y servicios básicos propuestas desde un escritorio, con proyecciones a corto y mediano plazo, así como con una proyección financiera y económica bien definida, puesto que en este proceso deberán considerarse elementos de mayor cobertura para el bienestar social de la población a la que se pretende beneficiar.
MARCO CONCEPTUAL
Desde el punto de vista de la problemática de los desastres y su correlación en la planeación del desarrollo urbano y regional, los análisis geográficos, geológicos, hidrológicos, ecológicos, etc., y por lo tanto de amenaza, riesgo y vulnerabilidad, deberán ser lo más completos posibles, ya que estos deben ser determinados por la vocación natural de los usos del suelo y en el manejo adecuado del medioambiente y los asentamientos humanos.
Las obras públicas de infraestructura, equipamiento y servicios públicos que se pretendan realizar en cualquier centro de población, comunidad, municipio, ciudad, estado o región, tales como:
• Vivienda,
• Abasto de Insumos,
• Distribución de Energéticos,
• Instalaciones Aéreas,
• Terrestres,
• Portuarias,
• Estratégicas,
• Hospitalarias,
• Militares,
• Policiales,
• Educativas, etc., deberán observar con estricto apego la normatividad en la vocación natural del uso del suelo urbano y de conservación, de sus recursos naturales, la cual redunde en una diversificación productiva con mejores condiciones de seguridad para la población, contribuyendo al desarrollo sustentable de esa localidad y que no corresponda al simple crecimiento anárquico y desordenado, porque “no es lo mismo crecer que desarrollarse”.
LA PLANEACION ESTRATEGICA
¿Qué es la Planeación Estratégica?
Desde el punto de vista de la planeación estratégica, es básica la definición de la responsabilidad gubernamental en la estricta observancia a los lineamientos financieros, económicos, fiscales, administrativos, sanitarios, ecológicos, etc., contenidos en un Marco de Derecho que optimicen las potencialidades del país, de tal manera lograr los intereses, objetivos y poder nacionales, a través de la planeación estratégica en prevención de desastres con planes, programas y proyectos sociales integrados a ese determinado espacio geográfico, con una visión integral del ordenamiento territorial y una programación de la inversión en las escalas sociales.
La concepción de la planeación local se fortalecerá cuando ésta no sea circunscrita a un solo modelo de prevención y mitigación de desastres, sino a matrices transversales y adecuadas a los contextos locales específicos (Atlas de Riesgos) con Sistemas de Información Geográfica (SIG).
El primer paso metodológico para caracterizar estos modelos es determinar los riesgos y amenazas (FODA) de cada contexto geográfico; de allí, surge la necesidad de precisar las variables que en su conjunto conformen y determinen las vulnerabilidades, a partir de las cuales se establecerán los diagnósticos situacionales para la implementación de políticas, estrategias y líneas de acción en la prevención y mitigación de desastres.
El éxito de la estrategia de prevención de desastres dependerá de su congruencia con las condiciones de vulnerabilidad en la localidad; más sin embargo, estas condiciones por sí mismas son inestables debido a que las medidas de prevención y auxilio en desastres resultan inapropiadas en esa coyuntura, debiendo ser constantemente cuestionadas, evaluadas y rediseñadas en nuevas matrices, según los cambios en su propia vulnerabilidad, como podría ser el cambio del uso del suelo, haciendo énfasis en la prevención para el manejo y gestión adecuado de los desastres como un proceso administrativo y no como un programa populista con fines políticos.
*****
