Tomas Miklos, Adolfo Toledo y Rafael Serrano*
Resulta importante comprender el término y el alcance de la transformación educativa que propone el Gobierno de la República, a modo de hacerla deseable y posible; producto de un amplio consenso. Para ello habría que construirlo. Sirvan estas líneas para ofrecer algunos puntos para un acuerdo nacional que contribuya a construir un andamiaje institucional que haga factible tener una educación pública para todos y en las mejores condiciones. Veamos:
La pregunta fundante, para discutir, surge de si la iniciativa de reforma de la educación presentada al congreso por la Presidencia de la República será la abrogación del actual ordenamiento jurídico o la derogación de algunos ordenamientos del entramado legal actual.
Como se sabe abrogar es anular o suprimir totalmente la vigencia y la obligatoriedad de una ley mientras que la derogación es la privación parcial de los efectos de una ley, pero no todo el ordenamiento jurídico en el que se contiene. Algunos actores educativos exigen la abrogación y la creación de un nuevo orden jurídico (la CNTE, el SNTE, pedagogos e investigadores y la mayoría de los docentes) dado, dicen, que su objetivo no es la mejora educativa sino el control laboral y político del magisterio; mientras otros, proponen la derogación como instrumento de mejora de las actuales leyes pero rescatando las funciones sustantivas de la meritocracia, la evaluación institucional, etcétera (INEE, OCDE, organizaciones civiles como Mexicanos primero, México Evalúa y algunos pedagogos e investigadores).
En ambas situaciones, abrogar o derogar, se debaten y se confrontan conceptos sobre la misión y la visión de lo que significa educación y su papel en la construcción y diseño de la República. Para unos seguir en el camino de la reforma corrigiendo sus defectos, actualizando e incorporando innovaciones (pro-derogación); para otros transformar significa un cambio radical e incluso disruptivo en el modelo educativo (pro-abrogación). Dentro de este debate que ya se escuchó en los foros organizados por el Congreso, las posiciones de las bancadas tendrán que llegar a un acuerdo, es decir, construir un consenso, de suyo complejo.
Desde esta perspectiva, queremos ofrecer a este debate parlamentario elementos para un dialogo raciocinante que permita una mejora sustantiva de nuestra educación. Para lo cual, creemos pertinente considerar en la agenda de discusión algunos tópicos relevantes que habría que conceptualizar y valorar, veamos:
• La transformación versus la reforma. Reformar no necesariamente es transformar. La reforma modifica y perfecciona un ordenamiento o un sistema dado pero no lo transforma inmediatamente sino en el mediano y largo plazo. La transformación implica una reconversión del sistema y por tanto, su objetivo es sustituir o reemplazar ese orden o sistema. Desde esta perspectiva, se debe considerar que ya sea reforma o transformación implican calados diferentes. Pero ambos descansan en una visión estratégica sobre lo que es el país. Así, por una parte, la reforma es una estrategia innovadora pero no disruptiva mientras que la transformación es una categoría estratégica que implica cambios radicales hacia niveles superiores de desarrollo, tanto personal como colectivo, institucional y nacional. La reforma y la transformación incluyen conceptos a revisar: innovación, mejora, cambio, consenso y compromiso; calidad, excelencia, equidad, inclusión. La pregunta clave es: ¿el país requiere una reforma o una transformación educativa?
• La educación no debe ser un campo de guerra. Las premisas básicas de la educación deben ser más un campo de cultivo que un campo de guerra: la educación (en familia, en la escuela y fuera de ella) se da en un escenario (teatro) en donde se confrontan conocimientos, valores, culturas y creencias; además de la confrontación (disputa) entre pedagogos y políticos están las diferentes formas de concebir a los seres humanos y su rol y futuro en el devenir de la sociedad y de la Patria. Más allá de lo que implica la derogación, la abrogación o la transformación de su andamiaje jurídico está el derecho de las comunidades escolares para definir el futuro de la educación. Este derecho se inscribe en la discusión y en el acuerdo sobre los fines y las estrategias del Estado para conducir la educación y sus servicios educativos en bien de la República. Requiere de un consenso basado en el respeto a la pluralidad y la diversidad de nuestro país: es deseable y es posible.
• La disputa por la educación es la disputa por la Nación y la República. Será necesario ofrecer elementos para transformar la educación y elevarla a nivel de política de Estado, más allá de las disputas partidarias o de corporativismos clientelares. Lo cual requiere diseñar y construir estrategias a partir de escenarios propositivos que permitan no sólo sostener una transformación pertinente sino hacerla viable. Existen dos polos o fuerzas en pugna; ambas plantean cambios importantes en el Sistema Educativo Nacional, pero de manera diametralmente opuesta. Seis años después de iniciada la Reforma Educativa conviene revisar estas posturas polares y proponer una visión que permita no polarizar sino conciliar y ofrecer estrategias plausibles para arribar a una educación libre, pública y gratuita que sea incluyente, liberadora, de calidad y orientada a formar buenos ciudadanos. La pregunta clave para discutir: ¿habrá que hacer tabla rasa del pasado o sobre los aciertos a lo largo de la historia del sistema educativo construir un futuro venturoso?
• Partir de la crítica racional y ponderada a lo hecho hasta ahora. Habrá que reconocer que a lo largo de los últimos 36 años se ha intentado realizar diversas mudanzas hacia un nuevo paradigma educativo que armonice las exigencias de un mundo interconectado, plural y regido por la sociedad de mercado con las necesidades sociales de un país diverso, desigual donde se cohabita entre la prosperidad y la pobreza. Será necesario reconocer que las reformas educativas que se han sucedido han ido de la mano de los cambios en el modelo de desarrollo del país: de las reformas del nacionalismo revolucionario que culminan con López Portillo y las que refieren a la etapa neoliberal que comprende 6 administraciones (1982-2018). Esta última seriamente cuestionada y reprobada por los hechos; en esta etapa, que abarca seis administraciones federales, la agenda educativa ha sido varias veces modificada y orientada para superar los ancestrales rezagos educativos (analfabetismo, exclusión, inequidad y baja calidad en los aprendizajes) y reorientar el vasto y complejo Sistema Educativo Nacional para afrontar sin éxito o con relativo éxito las demandas de la nueva época que transporta la globalización y la nueva sociedad que encarna: la sociedad del conocimiento. Habría que preguntarse sensatamente: ¿todo lo realizado por los gobiernos neoliberales hay que olvidarlo?
• La Reforma educativa de Peña Nieto y su necesaria evaluación y crítica. La Reforma Educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto se inscribe en este empeño modernizador que comenzó con el gobierno de Carlos Salinas y que si vinculó a la necesidad de incorporar a México a la sociedad del conocimiento y a la corriente globalizadora, lo cual se convirtió en una “acción estratégica”. Se consideraba la “única” salida para darle viabilidad histórica al país. Sin recursos humanos competentes, conceptual e instrumentalmente capacitados y sin una cultura cosmopolita, abierta solidaria y cooperativa, el país corría, decían los neoliberales, el riesgo de desintegrarse y de no lograr superar sus rezagos ancestrales de marginación pobreza el país sería inviable. El reto de la globalización implica abandonar el subdesarrollo. Es por tanto, se decía, una oportunidad histórica más que una amenaza reformar la educación y alinearla a la globalización. Sin embargo, las crisis que la globalización (de corte neoliberal) ha generado en el mundo contravino estos buenos propósitos. Las acciones del neoliberalismo crearon más desigualdad, exclusión, perdida de identidad, destrucción del medio ambiente, des-territorialización, desempleo, precariedad salarial y pérdida de derechos sociales, etcétera. En el campo educativo, esta impronta globalizadora ha creado una mayor desigualdad en el acceso al conocimiento y a los recursos tecnológicos y además todavía en el mundo los objetivos de una universalización de la educación y la erradicación del analfabetismo siguen siendo tareas a resolver. Sin duda la globalización no es mala per se, pero la apropiación ideológica y material de ésta sí: la visión neoliberal ha traído muchos perdedores y mayor desigualdad/exclusión social. La pregunta: ¿en qué falló la reforma educativa de Peña Nieto: en inscribirse en una versión neoliberal o en la incapacidad para desatarse de los atavismos del clientelismo y la corrupción: o en ambas?
• La equidad y la calidad como ejes de la nueva educación. La propuesta del gobierno federal implica la universalización de la educación desde el nivel básico hasta el superior. Tarea compleja si no se asume un acuerdo nacional que plantee como eje políticas de discriminación positiva y una eficacia y transparencia en el uso de los recursos para dotar de infraestructura, equipo y materiales a las escuelas, sobre todo las más pobres y marginadas; así como de la aplicación de un plan de dignificación de la carrera magisterial que restituya a los maestros su papel protagónico en el cambio social. Para ello habría que preguntarse: ¿cómo la escuela, con los profesores, podrán rehabilitar las escuelas y convertirlas en espacios de equidad, paz y armonía social?
• La revalorización de la docencia. Tema central son los maestros. Agraviados por una percepción social negativa y acusados/acosados por las autoridades y grupos de stakeholders pro-reforma neoliberal fueron sometidos a evaluaciones mal diseñadas y peor operadas. Y aún así, resultaron, en esas evaluaciones, que la mayoría eran idóneos e incluso los maestros normalistas, tan denostados, resultaron más que idóneos. Este agravio requiere de una restitución de la confianza y la credibilidad de los maestros. Una recuperación de la identidad docente y un resarcimiento de su papel protagónico. La pregunta sería: ¿si la escuela es el corazón de la actividad pedagógica y el profesor su articulador, no debiéramos desplazar el concepto de empleado público por el de formador de ciudadanos, constructor de la república?
• La dignificación del concepto de evaluación. Habría que devolver el carácter formativo a la evaluación y diferenciar lo que significa acreditar y certificar. Lo cual significa establecer las dimensiones de la evaluación: donde lo formativo (qué, por qué y para qué se aprendió serían las preguntas fundantes y no la reprobación o la desacreditación a través de procesos fiscalizadores). Este proceso no debe ser realizado por autoridades sino por los pares académicos en un clima de confianza que permita encontrar respuestas para rectificar lo que se ha hecho, mejorar las practicas y reforzar lo que se ha hecho bien. La acreditación y la certificación institucional deberá seguir un camino distinto y deberá tomarse en cuenta a los profesores a sus organizaciones gremiales, entendiendo que es responsabilidad de las autoridades educativas fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las políticas públicas. El diseño de indicadores sobre el desempeño del sistema educativo nacional corresponde al Estado y es imprescindible para diagnosticar el estado del sistema de educación nacional. Pero es una tarea distinta a la evaluación formativa/pedagógica. La fiscalización y la inspección administrativa también deben diferenciarse y aislarse de los procesos estrictamente pedagógicos. Lo cual requiere un cambio sin duda radical.
Finalmente, es importante subrayar que en México y en el mundo vivimos procesos que anuncian cambios civilizatorios de gran profundidad y que ya afectan estructuralmente a nuestro sistema educativo. Han surgido nuevas fuerzas socializadoras que responden a la demanda de conocimientos de mejor manera que las instituciones de los tiempos normales (instituciones educativas fuertes y cohesionadas como la familia y la escuela). El cambio es de gran calado: un cambio de época y de empeño civilizatorio (se esperan reconversiones profundas y significativas en los modos de producción y en la relación del Hombre con la Naturaleza). Son los efectos de un gran cambio socio-histórico. Anuncian el fin y el inicio de una época. Se vislumbran los presagios, anuncios, de una nueva sociedad que resultará de una nueva relación entre el sistema social y la naturaleza. En ese contexto se perfila un sistema educativo intercultural, diverso y plural; una escuela abierta a la sociedad y al mundo productivo, donde todos, a cualquier edad, aprendan a lo largo de toda la vida. Las nuevas tecnologías acompañaran este proceso y México tendrá que robustecer desde su localidad su papel en el mundo globalizado. Se cuenta para ello con una robusta y vasta cultura. Habrá que apoyarse en esa memoria y reconstruir nuestro porvenir.
* Dr. Tomás Miklos, prospectivista y exdirector del CREFAL; Dr. Adolfo Toledo, profesor de la Universidad Anáhuac, ex Senador de la República y Dr. Rafael Serrano, comunicólogo, exDirector de Área del INEE.
