Por: Héctor Calderón Hallal
Pues el tiempo transcurre inexorable y se empiezan a distinguir ya las formalidades de la estrategia política de la nueva administración federal, que no del nuevo régimen, como muchos aduladores conceptualizan.
El lapso o período que tarda en oscilar de un punto a otro la comunicación que emite el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es inversamente proporcional a la distancia del interlocutor; así mismo el impacto de la difusión de una declaración presidencial será totalmente independiente de su trascendencia social, política o jurídica; muy independientemente se insiste, de su intencionalidad, funcionalidad o grado de innovación de la medida política que se anuncie.
Tal y como lo establece la Ley del péndulo, aquel ordenamiento científico concebido y comprobado por el físico francés Lèon Foucault en el siglo XIX, que en la ciencia física puede explicar el movimiento de los cuerpos con respecto a la rotación de la Tierra, mediante un sistema de péndulos de diferente tamaño en su cuerda o brazo, pero con la misma masa en su plomada, que explica puntualmente lo que está pasando con la estrategia de comunicación social del Presidente de la República y su equipo de trabajo. Ordenamiento científico aquel, de total vigencia en la ciencia política, ciencia al fin; y al mismo tiempo, que explica efectos aparentes y no reales; efectos inerciales, asimétricos y con más de una sola dimensión, tridimensionales.
En materia política, hacer que todos los actores de una corporación o ente social, equiparables a todos y cada uno de los diferentes péndulos, oscilen armónicamente, esto es, con sincronía y sin chocar entre sí por la acción del movimiento, es una virtud de maestranza o excelencia que sólo se puede alcanzar aplicando una misma ley resumida en una fórmula, donde hay reconocimiento a las diferencias (variables como la longitud del brazo, el tamaño de la masa plomada, etc…) de cada individuo (o péndulo), pero sobre todo, donde se reconoce la existencia de valores constantes que nunca podrán variar; la ley de gravedad por ejemplo, en el caso del sistema de péndulos; y en el caso de la sociedad, la disciplina aplicada desde el poder por la autoridad para someterse a sí mismo y a su equipo, al seguimiento de protocolos de actuación y formalidades.
Al equipararse puntualmente entonces todas y cada una de las reglas que confirman la Ley del Péndulo, puede advertirse ya que en la actual administración federal hay un resultado constante: una deficiente transmisión y comprensión de la información que surge del Gobierno de la República y sus acciones.
Hay que decir que el tema de la comunicación social del presidente y su equipo, no es un asunto jurídico, ni ético, …mucho menos físico o filosófico; este es un asunto eminentemente político, que como tal, tiene que asumirse, entenderse, explicarse….y corregirse, por el bien de la administración de López Obrador y de sus afanes transformadores.
Aunque, quien quiera exigir del presidente López Obrador, un agudo criterio jurídico, pierde su tiempo.
AMLO es hijo de su tiempo y su circunstancia.
Es, antes que nada un político, no un abogado; que se forjó en el activismo de finales de los setentas y principios de los ochentas.
Un hombre de lucha…..y no precisamente de lucha libre, como los “santones” de la política del sistema que le antecedió. Por lo que no es ni rudo ni técnico.
López Obrador es un hombre sencillo y común, que está preocupado porque sabe que se aproxima una sobrecarga de trabajo ante tantos pendientes que hay que atender en la agenda política nacional.
Que sabe que está a contrarreloj en la consecución de los objetivos de su plan transformador de gobierno. Por eso su explicable desesperación.
Y la crítica opositora sólo espera el más incipiente de los tropiezos, para enderezar la andanada de ataques.
Por eso el más reciente episodio donde el titular del Ejecutivo pretendió digamos acotar, algunas leyes principalísimas a través de un recurso o medio de comunicación administrativo interno, alentó una catarata de críticas que al día de esta entrega, casi una semana después del incidente, continúa.
Y francamente es comprensible; las leyes que entre otras se pretendieron ignorar o violentar son: la Ley General de Educación; la Ley de Vías Generales de Comunicación; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El affaire presidencial del memorándum, que estuvo motivado por la urgencia de resolver rápido los diferentes asuntos que más apremian; por ofrecer esa paz pública y esa armonía prometidas en campaña; plausible incluso, tuvo una formalidad que ha orillado a la confusión y a la crítica artera de juristas y machuchones de la opinión pública, para decirlo en el término acuñado por el propio Primer Magistrado, cuando pretende referirse a los que saben en cualquier terreno en el que no puede su equipo de asesores articular la mínima argumentación convincente, con credibilidad.
“Que fue el memorándum un recurso autoritario, tramposo, ignorante”, señalaron algunas voces inconformes; otros opositores críticos más instruidos o especializados como el ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, señaló que el documento presidencial que contenía órdenes, carecía de motivación y fundamentación, por lo que es fácilmente impugnable en el Tribunal Constitucional.
Lo que es una verdad irrefutable, es que al parecer el señor Presidente no se despoja aún de su ajuar de luchador social y no se asume formalmente con su investidura, como Presidente de todos los mexicanos, con todo el instrumental y el protocolo que eso implica. Con toda la actitud pues y la formalidad a la que conlleva el más alto cargo que se puede ocupar para servir a la patria.
Eso conlleva en automático, a asumir el lenguaje de la legalidad, como único e indisociable al trabajo de toda autoridad legalmente constituida. Cosa que no ha terminado de hacer el mandatario mexicano.
No termina de instalarse en el puesto para el que ha sido indiscutible, democrática y abrumadoramente elegido por el pueblo de México. Y la esperanza de la ciudadanía no puede, ni soslayarse ni retardarse para tiempos futuros. No está la presente administración ni ninguna otra, para darse el lujo de aprender a ejercer la autoridad a través del ejercicio de la prueba y el error.
Todo gobierno está obligado a ser profesional, eficiente y funcional; a dar resultados a la brevedad.
Y lo anterior se obtiene en gran medida por el uso de productos, protocolos e instrumental científico y tecnológico; plenamente comprobados en su utilidad.
La ley es un producto científico y es el lenguaje del poder formal en el estado moderno a nivel mundial. No se puede ni se debe desdeñar su utilidad ni su necesidad. Ni ponérsele en un plano inferior a ningún otro concepto filosófico o atributo del desarrollo humano; ni siquiera frente a la Justicia. Ni por debajo ni por encima; sino en un mismo plano. Cualquier otra cosa es utopía.
Andrés Manuel López Obrador al parecer no puede o no quiere corregir sus errores en materia de estrategia de difusión social, lo que impide que aplique cabalmente la Ley del Péndulo en esa materia, que es sólo uno de los rubros de la acción política de su desempeño como autoridad y como líder:
-No se coordina con sus colaboradores para emitir un mensaje unificado y apegado al objetivo central de la política de comunicación; por lo que tiene que salir a desmentir o a corregir lo dicho por sus subalternos, dando idea de descoordinación o desacato de sus instrucciones;
– Persiste en dividir en dos o más bandos a la opinión pública en general; a los que coinciden con sus acciones e ideología y a los que no; dando a éstos últimos designaciones peyorativas.
– No consulta y/o desdeña a los especialistas en cualquier ámbito de la ciencia o las disciplinas humanistas y administrativas, cometiendo errores como el que nos ocupa de la pretensión de generar estado legal a través de un comunicado interno de su oficina. Lo que evidencia –por muy bien intencionado que seguramente está por servir de manera genuina a la población-, que atiende con más frecuencia a su estado de ánimo o a sus preferencias o creencias personales, que a respuestas o actitudes objetivas contenidas en protocolos de actuación científica e históricamente verificadas en su utilidad o asertividad.
– Y como parte de esa ausencia de agenda o guión, de ese lirismo digamos, con el que decide el Presidente responder en sus actos de comunicación y atención de los asuntos, es que también defiende y pretende imponer veladamente códigos morales y éticos que no son necesariamente obligatorios para la colectividad, para el resto de los gobernados sometidos al imperio de la Constitución Política de la nación: en numerosas ocasiones ha invocado por ejemplo, el Primer Magistrado la moral cristiana, el criterio revolucionario para la toma de decisiones de su gobierno, la preferencia que “deben tener” para ocupar puestos en su administración a sus “compañeros históricos de lucha”, por encima de la capacidad, la preparación y los derechos de antigüedad que pudieran poseer otros individuos que no compartan su ideología; etcétera.
Ninguna de las anteriores banderas políticas pueden ser deliberadamente impuestas, por la obligación hecha a punta de golpes psicológicos o a fuerza de la repetición. No es ni ético, ni políticamente correcto. Le restará a su gobierno autoridad moral, pues tiene que gobernar para todos y cubrir las formalidades, pues tal y como lo sentenció Jesús Reyes Heroles, a quien dijo AMLO admirar en días pasados en un evento en su memoria: En política, la forma es fondo.
Y hay que apuntar que NO ES LO MISMO TENER EL PODER….QUE TENER AUTORIDAD. Y eso le podría ocurrir pronto al nuevo Presidente y a su gobierno, si no atiende las formalidades, en materia de comunicación y en el plano político en general.
Volviendo al asunto de la añeja discusión jurídico y filosófica sobre los actos del hombre que son justos y los que son legales, señalaremos que es innegable la imperfección prevaleciente en este período histórico en que nos ha tocado vivir, el progreso material y humano no ha podido consolidar plenamente en el mismo plano de importancia aún, a lo que es legal y lo que es justo.
El sólo hecho de pretender esa nivelación de conceptos filosóficos en este período de la evolución social y humana, resulta improductivo, ocioso. No nos alcanzaría el sacrificio de 3 o 4 generaciones ciudadanas completas, ni el resto del siglo XXI para poder instalar justicia plena en cada acto de legalidad, como los concebimos ahora. Para intentar cambiarlo todo, en ese afán, entraríamos en un empinado y permanente conflicto con el resto de la comunidad internacional.
Hay muchas cosas en la vida actual del hombre, que se han institucionalizado absurdamente y, que son legales y a la vez injustas:
La guerra, los estratos socioeconómicos al interior de la sociedad de libre mercado, la usura por el crédito bancario, la compra de esperanza por riesgos y la venta del agua a la población con criterios mercantiles y hasta especulativos en algunos sitios de nuestro país y del mundo;….y así como estos, una lista interminable de temas románticamente descritos y señalados como injustos, pero legalizados, útiles sólo para la retórica, no para aportarle a la edificación de una riqueza mejor equilibrada al interior de la sociedad humana.
Ocupa seriamente desde nuestra óptica, corregir el Jefe de las instituciones nacionales (aunque le incomode esta denominación, es una de sus atribuciones formales y legales), su política de comunicación social y sus afanes metajurídicos, materializado recientemente en el multicitado y célebre Memorándum.
Que aunque no prevarica el presidente mexicano, pues el delito de Prevaricación como tal está formalmente sustraído de la redacción típica contenida en los diferentes códigos penales que han convivido en el ejercicio jurídico del país, desde le entrada en vigor del anterior Código Penal para el Distrito Federal y territorios federales en materia de fuero Federal, que data de la gestión del Presidente Pascual Ortiz Rubio, en el año de 1931 y que fue sustituido por el antecedente del actual ordenamiento de la ley sustantiva penal vigente, que ha sido reformado desde su entrada en vigor en 2005.
La figura de la Prevaricación como tipo penal, fueron atraídas o soportadas paulatinamente desde aquel código penal para el D. F. y aplicable a todo el territorio nacional, por las primeras leyes de responsabilidad de los servidores públicos, toda vez que la descripción del tipo implica los actos resolutivos de jueces y ministerios públicos, aplicando injusta y dolosamente la ley en perjuicio del inculpado o indiciado.
Al pretender López Obrador que no se obedezca una ley principal vigente sin pasar por el Congreso y que se diluya entre otras cosas la pretensión punitiva del estado liberando indiciados e inculpados por diversos delitos, sólo muestra su propensión romántica y positivista del concepto justicia, por encima de todo lo legalmente abstracto y estadual. A nadie le hace daño.
El nuestro es un sistema de justicia heredado y muchas veces remendado, sobre todo a beneficio de las clases más influyentes, hay que reconocerlo con todas sus letras, no precisamente de los desposeídos. La corrupción, el tráfico de la fuerza o de la influencia siempre han hecho boquetes, claros o resquicios por donde se cuela la impunidad. A saber:
El famoso memorándum del Jefe del Ejecutivo está plenamente justificado en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su fracción I, hace clara alusión a una de las formas de excepción del proceso legislativo tradicional, en la vía denominada Legislación delegada.
Toda vez que nuestra ley suprema carece de una norma mínima respecto a la técnica legislativa para conocer la debida actuación del Presidente para proceder por la vía de Legislación delegada, pues se da por sentado que se actuó debidamente por el titular del ejecutivo, sin la necesidad de fundamentar sus actos en precepto constitucional o legal alguno, porque el Principio de Legalidad tiene un connotación diferente de frente a los actos legislativos. Y hay suficiente jurisprudencia que soporta el presente argumento, aportada por el Doctor Eliseo Muro Ruiz, en su obra: Muro Ruiz, E. (2016). Algunos elementos de técnica legislativa, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México.
Entre las causales que originan esta forma de delegar el proceso legislativo que favorece al primer mandatario, están: la sobrecarga de trabajo legislativo; la urgencia por resolver expeditamente los asuntos que son de interés público; la necesidad de contar con celeridad con determinado texto legal; y hasta la impopularidad de algunas medidas o acciones de gobierno.
Así que en un esbozo de legalidad pura y dura, y en su legítima como espartana búsqueda de la justicia, el Presidente Lòpez Obrador les “da una taza de su propio chocolate” a machuchones, juristas, legisladores y críticos; para decirlo como otro clásico presidencial…..se las aplica y les emite un memorándum que no incurre en la Prevaricación o en agravio a la Ley General de Responsabilidades y que pese a todas los análisis y tamices,…..es procedente y legal.
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Héctor Calderón Hallal
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