Lilia Arellano
“Casi todos los médicos tienen sus enfermedades favoritas”: Henry Fielding.
• Más impuestos, menos salud y explotación hídrica
• IEPS a refrescos no incide en obesidad; sólo 10% a salud
• Enrique Peña Nieto impulsó privatización del vital liquido
• En la Cámara de Diputados aprueban la paridad de género
Ciudad de México, 24 de mayo de 2019.- A fin de combatir problemas de salud como obesidad, sobrepeso y enfermedades asociadas a esos padecimientos, como la diabetes, hipertensión y distintos tipos de cáncer, así como para disminuir su consumo, en 2014, con la reforma fiscal, entró en vigor del gravamen a las bebidas azucaradas. Pero… el objetivo no se cumplió. La industria de refrescos y agua embotellada es usuaria intensiva de agua subterránea; está integrada por empresas gigantes, las cuales sobreexplotan acuíferos en estado de estrés absoluto, al mismo tiempo obtienen beneficios estratosféricos con el agua subterránea extraída, pagando un costo mínimo de derechos al gobierno, el cual no compensa en nada los impactos ambientales causados. Además, ejercen un control absoluto sobre sus trabajadores.
El impuesto a bebidas azucaradas como medida fiscal fue buena al gravar uno de los consumos más elevados de refrescos en el mundo, pero lo recaudado no funcionó para combatir esos problemas de salud pública. Además, las familias más pobres pagan más de la mitad de ese impuesto, 62 por ciento. Y de ese tributo sólo se destina alrededor de 10% anual a programas de prevención de la obesidad y la diabetes en adultos y niños, así como a bebederos de agua potable en escuelas.
Los impuestos especiales al refresco comenzaron a aplicarse desde 2014, primero con ocho por ciento, más el peso extra por litro de refresco y el ajuste por la inflación. Al imponerle el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los consumidores redujeron su gasto en otros rubros como el cuidado del hogar, para pagar el costo extra. En 2018, la industria de bebidas no alcohólicas alcanzó en México un valor de 22 mi 631 millones de dólares, de los cuales 64 por ciento, es decir, 14 mil 445 millones, corresponden a las carbonatadas (refrescos), rubro el cual registró un aumento anual de 10.5 por ciento. Esto es: el impuesto (IEPS) implementado desde 2014 para reducir la demanda de estos productos, no surtió efecto.
El volumen de producción de las también llamadas soft drinks ascendió a 21 mil 842 millones de litros en 2018, siendo los refrescos el segmento más importante con una aportación de 13 mil 150 millones de litros. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al tercer trimestre de 2018, el monto recaudado por el IEPS a bebidas azucaradas fue de 19 mil 703 .8 millones de pesos, un alza de 6.4 por ciento frente a la suma del mismo periodo del año anterior. En tanto, el IEPS cobrado a bebidas energetizantes fue de 2.4 millones de pesos, un aumento de 14.8 por ciento en términos reales –descontada la inflación- comparado con el tercer cuarto de 2017.
Para 2022 se prevé la industria refresquera alcance un valor aproximado por 19 mil 933 millones de dólares. Los refrescos son la bebida favorita de los mexicanos, tanto en caso como fuera de ella, con 78,9 y 55.9 por ciento de participación en la preferencia, respectivamente. De acuerdo a Euromonitor Internacional, el gasto medio anual en casa (incluyendo productos como agua, jugos, bebidas energéticas y té, entre otros) es de 2 mil 344 pesos; mientras que fuera es de 904 pesos, con un ticket diario promedio de 26 y 24 pesos, en cada caso.
Evidentemente la industria se ha ido adaptando a dichas modificaciones en la ley a través de nuevos formatos de sus productos y replanteamiento de fórmulas en algunos casos. Los mexicanos han buscado en los refrescos retornables una alternativa para compensar el IEPS a las bebidas carbonatadas, pues son productos más económicos. Para el primer año del cobro del impuesto especial el consumo de refrescos bajó 1.9 por ciento, pero para 2018, aumentó entre 1 y 1.5 por ciento. De acuerdo con la Asociación Nacional de Productos de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac), “el impuesto a bebidas saborizadas, principalmente ha sido regresivo, inflacionario, recaudatorio, e ineficaz, pues el consumidor es quien paga el precio. El impuesto se tradujo en un incremento en precios de 4.2% en 2017”.
En el primer semestre de 2018 se recaudaron 12,525.4 millones de pesos por el impuesto a bebidas, 73.2% más que el mismo periodo de 2014, cuando entró en vigor el impuesto, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el acumulado de 2014 al primer semestre de 2018 se recaudaron 98,708.6 millones de pesos por dicho gravamen, pero el consumo no bajó. “El impuesto es ineficaz para disminuir la ingesta calórica, de las 3,072 calorías que diariamente consumimos los mexicanos, la reducción del consumo de calorías provenientes de refrescos no ha sido significativa, menos de 7 calorías a 4 años de implementación del impuesto”, señala la Anprac. De la ingesta calórica diaria, los mexicanos consumen 400 mililitros de refresco, es decir, un 5.5% del total.
Según el estudio La industria de las bebidas no alcohólicas en México, del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el aumento en el costo de los refrescos sólo ha representado una baja en consumo comparable con una cucharada o un sorbo al día. Además, los rubros presupuestales correspondientes a prevención de obesidad en adultos, niños y bebederos de agua potable en escuelas suman alrededor del 10% de lo que se recauda anualmente, aseguró Luis Manuel Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO.
Para lograr una mayor transparencia y administración de los recursos, considera el especialista, se podría abrir un fondo para que lo recaudado por el impuesto a bebidas endulzadas se vaya a programas específicos para el combate a la obesidad o el tratamiento de la diabetes. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), el costo de atención de la diabetes es de 707 dólares al año por persona, por lo que con los 51,285.8 millones de pesos recaudados en los primeros dos años de vigencia del gravamen, se podrían atender a casi cuatro millones de los 6.4 millones de adultos que padecen diabetes mellitus tipo II en el país.
Tania Ramos, representante la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, destaca: los impuestos especiales a los refrescos no han reducido ni el consumo de esas bebidas ni la obesidad en el país. El gravamen no sólo no cumplió el objetivo de hacer frente a la obesidad y sobrepeso, sino aumentaron la desigualdad social en el país, limitaron el crecimiento económico, restringieron el bienestar social y no inhibieron el consumo. “Actualmente los mexicanos consumimos más de tres mil calorías diarias, 50 por ciento más que las recomendadas por la OMS. De entre esas tres mil calorías, sólo entre el cinco y seis por ciento provienen de las bebidas saborizadas”, argumentó.
Y subrayó: “durante los cinco años que tiene de vigencia este impuesto, los incrementos de precios de más del doble de la inflación generaron una disminución de aproximadamente dos calorías diarias. Es evidente que esta medida no mejora ni la dieta ni la salud de los mexicanos”.
EPN IMPULSÓ PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
La industria de refrescos y agua embotellada es usuaria intensiva de agua subterránea; está integrada por empresas gigantes, las cuales sobreexplotan acuíferos en estado de estrés absoluto, al mismo tiempo obtienen beneficios extraordinarios con el agua subterránea extraída, pagando un costo mínimo de derechos al gobierno, el cual no compensa en nada los impactos ambientales causados, sostiene Anahí Lanuza García, maestra en Ciencias e Ingeniería Ambientales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Para dimensionar lo redituable que resulta a las empresas refresqueras y embotelladoras de agua de los acuíferos, basta decir que en términos de costo-beneficio, un gasto de 19.82 pesos (por cada m3 de agua) genera una ganancia neta de mil 008.21 pesos, es decir 50 pesos por cada peso invertido en la compra de agua.
Este extraordinario negocio fue impulsado al final del sexenio anterior. El pasado 5 de junio, en plena campaña electoral y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, los cuales fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación. Pero, especialistas advirtieron esa medida “propiciaría la concesión del agua, los diez decretos de aprobar una Ley General de Aguas, permitirán la privatización del líquido y su uso en el fracking, ese proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo sólo para obtener gas y aceite”. Gobernadores del PAN y del PRI, con sus respectivos congresos locales, avalaron la entrega a trasnacionales ávidas de acaparar, concentrar y explotar libremente el agua que pertenece a los mexicanos.
Los especialistas alertaron también el agua potable será más cara y quedará en manos privadas. “Cada uno de los decretos, en esencia, dictan lo mismo, pero corresponden a 10 diferentes ríos. Las zonas y ríos seleccionados son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas, y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco)”.
El gobierno de Peña Nieto eliminó así la protección sobre grandes cuencas hídricas del país y en la práctica abrió la puerta al uso de esa agua por agentes privados. El mexiquense convirtió las zonas de veda –en las que la extracción de agua está casi completamente restringida- en zonas de reserva, también protegidas, pero en las cuales se permite, de manera limitada, la explotación, uso o aprovechamiento del agua, incluso por parte de privados, si las autoridades lo consideran “de utilidad pública”.
De acuerdo con juristas, eso deja en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la posibilidad de otorgar concesiones de uso de este recurso a compañías de diversos sectores, entre ellos la minería, la fracturación hidráulica (fracking), la industria refresquera o la generación de energía hidroeléctrica.
La medida cambió la catalogación de casi 300 de las 757 cuencas de México. En los hechos, se trata de más de la mitad de los lagos y ríos de México. Esos decretos, advirtió la coordinadora nacional Agua para Todos, el mayor ente mexicano en defensa del derecho humano al agua, la cual agrupa a casi una treintena de organizaciones de todo el país, ”van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes que están exigiendo las empresa mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales”.
De acuerdo a un análisis de esta organización, hasta 50 mil derechos de uso de ejidos y comunidades indígenas en estas zonas protegidas que ya han caducado se liberarán para poder ser concesionados a privados. El 80% de las cuencas hídricas mexicanas ya están sobreexplotadas, y este cambio legal no hará sino profundizar esa situación, advirtió Raúl Pacheco-Vega, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) especializado en la gestión de recursos naturales. “Básicamente lo que permiten estos decretos es cambiar la política hidráulica mexicana de centrada en la conservación a privatizadora”. Y agrega: “es en definitiva una privatización secundaria: no se trata, literalmente de vender el agua en este momento, pero sí se autoriza el uso futuro para industrial y de servicios”.
Antes, en un lapso de dos décadas, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa otorgaron 97 millones 800 mil hectáreas a empresas mineras. Y de 2006 a 2015, el volumen concesionado al uso de industria autoabastecida, proveniente de aguas subterráneas, se incremento 51.45 por ciento.
Al mismo tiempo, empresas como Femsa, Coca Cola y Pepsico distribuyen más del 80 por ciento del agua de consumo humano, lo cual se ha visto favorecido con la entrega de los causes hidráulicos principalmente de Veracruz, Tabasco y Campeche.
Las compañías refresqueras y embotelladoras están sobreexplotando el agua y podrían agotar en definitiva los mantos acuíferos que la abastecen, advirtió Lanuza García. Ese oligopolio contribuye de manera notable en el déficit de líquido por sobreexplotación de las fuentes: en 0.60 por ciento en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM); en 1.13 por ciento en Chalco-Amecameca; y en 7.3 por ciento en Cuautitlán-Pachuca, lo cual representa la “extracción del recurso fósil cada vez a mayor profundidad”.
Además, la industria refresquera ejerce un control absoluto en sus trabajadores. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Vitivinícola, Licorera, Refresquera e Industria Embotelladora, Similares y Conexos de la República Mexicana, es una de las organizaciones gremiales más poderosas del país. En los últimos años, han sido casi inexistentes los conflictos laborales en esta rama de la producción. El último se presentó apenas en febrero del mes pasado cuando un grupo de trabajadores de la empresa Coca Cola inició un paro de labores en la planta de Matamoros, Tamaulipas. Cerca de 500 empleados sindicalizados se rehusaron a iniciar las actividades, en presión a la empresa para que acceda a mejoras de sueldos. Los inconformes pedían un incremento salarial de 20 por ciento y un bono de 32 mil pesos. Esa mejora ya se había aplicado a varias empresas de la localidad.
Sin embargo, casi de inmediato, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tamaulipas determinó improcedente la huelga y turnó el caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. De acuerdo con expertos laborales, como Ricardo Castro Garza, de Baker & McKenzie, y Daniel Ordaz, gerente regional de Mercer, ese bloqueo “es ilegal”.
DE LOS PASILLOS
La actividad económica disminuyó 0.6 por ciento en marzo, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo una disminución de 0.6 por ciento con relación al mes anterior, con cifras desestacionalizadas. En el tercer mes del año, por grandes grupos de actividades, las primarias fueron aquellas quienes tuvieron el mayor retroceso, de 2 por ciento; las actividades económicas secundarias presentaron una caída de 1.3 por ciento; y las terciarias de 0.1 por ciento, si se comparan con las cifras del mes de febrero de este año. En marzo de 2019 y tras caer en los dos meses previos, el IGAE reportó su declive más profundo en 11 meses…
En los primeros tres meses de este año, el Producto Interno Bruto del país (PIB) disminuyó 0.17 por ciento, reportó el INEGI. De acuerdo a cifras desestacionalizadas, la economía mexicana, medida por el PIB, observó un decremento de 0.38 por ciento en el segundo trimestre de 2018, avanzó 0.67 por ciento en el tercero y varió 0.03 por ciento de octubre a diciembre. El dato del primer trimestre de 2019 es el primer descenso de los últimos tres trimestres, de la mano de mermas en las actividades terciarias y secundarias frente a un aumento en las primarias…
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con el cual se reforman disposiciones de la Constitución en materia de paridad de género. Tras la aprobación, el dictamen pasa a las legislaturas locales para su discusión. Estas reformas permitirán que la mitad de los cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal y en órganos autónomos sean para mujeres. La norma busca fomentar también el principio de paridad en los partidos políticos, postulando candidatas en forma igualitaria de acuerdo con las reglas que marque la ley electoral, garantizando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder público…
El próximo 30 de junio iniciará operaciones la Guardia Nacional, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Les informó que se están llevando a cabo ya los cursos de capacitación, de formación de integrantes para la Guardia Nacional y se inicia la operación nacional formal, aunque ya se está trabajando en algunos estados, pero a nivel nacional el 30 de junio, para entonces ya van a estar los primeros elementos formados porque están ahora en capacitación”, indicó en su conferencia de prensa matutina.
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