Lilia Arellano
“Cuando el trabajo es un placer la vida es bella. Pero cuando nos es impuesto la vida es una esclavitud”: Máximo Gorki.
• Reformas laborales: trabajadores sacrificados
• Despidos en sector público e iniciativa privada
• Funcionarios del IMSS e ISSSTE enriquecidos
• Lideres charros millonarios, cínicos e impunes
Ciudad de México, 27 de junio de 2019.- Desde hace más de cuatro décadas, a partir de las promesas del candidato y posterior presidente, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) hasta el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han realizado modificaciones a la legislación laboral, siempre en perjuicio de la clase trabajadora. La responsabilidad sobre la carencia de recursos para el Estado y los organismos de seguridad social siempre se ha echado en los hombros de la clase obrera, a quien sexenio tras sexenio le han ido quitando derechos y conquistas históricas, pero no se mira las fortunas amasadas por funcionarios públicos a cargo del IMSS y el ISSSTE, dentro de las paraestatales como PEMEX o la CFE y, ni que decir de otras dependencias entre las cuales resaltan las dedicadas a la Asistencia Privada, como la Lotería Nacional, en todas ellas aparecen quienes aprovecharon sus cargos para enriquecerse.
Los líderes sindicales también acumularon una gran riqueza, exhibida cínicamente, y nunca han rendido cuentas ni ante sus agremiados ni ante los aparatos administrativos del Estado, amparados en la autonomía sindical. El resultado de todo esto es trabajadores con cada vez menos derechos y despidos masivos en el sector oficial y en la iniciativa privada, con el consecuente empobrecimiento de la población de México. En cada justificación ofrecida en el pasado para realizar el famoso “adelgazamiento burocrático”, se hablaba y todavía se habla de la carga representada por las cada vez mas raquíticas prestaciones de los trabajadores. Nada se dice de los abusos, robos, fraudes, negociaciones hechas al amparo del poder por quienes descargan en los empleados el peso de los números rojos con los cuales operan.
Un arduo recorrido de reformas a la ley laboral se ha resentido en México desde el 21 de agosto de 1988 en al Auditorio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuando se reclamó una Nueva Ley Laboral para la modernización del país en el entorno de la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá; al transcurrir el periodo de Ernesto Zedillo (1994-2000) se impulsó el concepto de “La Nueva Cultura Laboral”, actualizando algunos puntos de la legislación sin modificar el Artículo 123 Constitucional, el cual se consideraba como la base fundamental de los derechos de los trabajadores; Vicente Fox Quezada (2000-2006) impulsó modificaciones a la ley laboral pero no las concluyó porque enfrentó a un sector obrero de oposición y pensamiento diverso; aunque 350 iniciativas individuales fueron examinadas.
Esta Confederación se apuntó para servir de plataforma segura en el ámbito laboral a todos aquellos esperados y nunca vistos inversionistas extranjeros, principalmente norteamericanos. Y las presiones para quienes aportan su fuerza de trabajo se trasladó, inclusive, al campo, en donde se le dio otro rumbo a la tenencia de la tierra y en un afán dizque de modernización se terminó con los precios de garantía y los subsidios, pese a ser el gigante socio comercial quien dedica miles de millones de dólares para subsidiar a sus hombres del campo. A los hurtos cometidos en ese sector simplemente se les dio carpetazo, nunca han investigado a quienes reciben millonarios apoyos nunca hechos llegar a la producción de las tierra. Los campesinos pagaron el pato.
Al asumir Felipe Calderón la Presidencia (2006-2012), se tomó como meta prioritaria el ordenamiento laboral. En el año 2010 se presentó la iniciativa y el Ejecutivo negoció con las centrales obreras y los líderes sindicales, entre ellos Elba Esther Gordillo y todos los diputados cetemistas. En las postrimerías del periodo de Calderón y en la primera reunión del Nuevo Congreso Legislativo (1 de septiembre de 2012) se presentaron como preferentes cuatro iniciativas, las cuales de acuerdo con las últimas reformas constitucionales, deberían discutirse en un plazo máximo de 30 días. Las Cámaras de Diputados y Senadores debatieron y tras algunos cambios, se pusieron de acuerdo para expedir la Nueva Ley Federal del Trabajo. Calderón, quien concluía su mandato el 30 de noviembre de 2012, sin mayor dilación, se aprovechó de la circunstancia política y publicó el Decreto precisamente el último día de sus funciones, con vigencia a partir del día siguiente (1 de diciembre de 2012), encontrándose en el poder la nueva administración. Calderón Hinojosa respaldó toda la corrupción ya entonces vergonzosa y amplio el poder de los liderazgos sindicales, respaldando y tapando tropelías cometidas en Pemex. Despedir a trabajadores de la petrolera fue la constante y siempre apareció justificada por la “costosa operación laboral”, cuando los bolsillos de unos cuantos rebosaban de billetes verdes.
GATOPARDISMO LABORAL
En los hechos, de acuerdo con los juristas, no se tenía una nueva Ley Federal del Trabajo, pues la anterior no había sido abrogada, simplemente se reformaron, o adicionaron diversas disposiciones, manteniéndose en vigencia el resto; en consecuencia, técnicamente continuaba en vigor la Ley Federal del Trabajo de 1970 con las diversas modificaciones realizadas en 1973 y 1980. Sólo se actualizaron disposiciones que ya se venían practicando, tales como: incluir la expresión “trabajo decente o digno”; agregar algunas cláusulas al contrato de trabajo; crear el contrato de temporada, capacitación inicial del periodo de prueba; puntualizar el régimen de subcontratación (outsourcing); insistir sobre participación de utilidades; definir el hostigamiento y acoso sexual; modificar el aviso de rescisión; sancionar con mayores penas la utilización de menores de 14 años; limitar los salarios caídos; expresar la multihabilidad del trabajador; aceptar el pago del trabajo por transferencia o depósito en cuenta; referirse al pago por hora; establecer como medio de prueba los métodos electrónicos y aumentar las sanciones.
La administración de Enrique Peña Nieto fue la encargada de implementar la “reforma laboral” heredada de la administración de Felipe Calderón. El saldo del peñanietismo de esta acción en la materia es claro: el 63 por ciento de la población asalariada de México ganaba solo de uno a tres salarios mínimos. De 2013 a 2018 se crearon 4 millones 676 mil 314 empleos, con un sueldo de uno a dos salarios mínimos. En el mismo periodo se perdieron 2 millones 348 mil 898 empleos que ofrecían de dos y hasta cinco salarios mínimos. En general, se crearon empleos precarios y se perdieron los mejor remunerados, esto es, se afectó a la población con menor nivel educativo, se instaló la flexibilidad laboral y la oferta el extranjero de mano de obra barata. Aunque también terminó por afectar a la población con mejor preparación académica.
Estas cifras son reveladoras del gran caos en materia de empleo heredado al tabasqueño. De una y mil formas, todas ellas ligadas al dinero, fueron cooptados los justos reclamos de los trabajadores. Se hizo notoriamente de lado la seguridad laboral y ni que decir de aquellos renglones en dónde se exigía una permanente capacitación. No se borró el área laboral, se hizo, como con muchos otros aspectos y sectores nacionales, otro o tal vez otros grandes negocios en los cuales el Ejecutivo logró una completa complicidad con los líderes sindicales, tanto los de la burocracia como los de la iniciativa privada. El encarcelamiento de EEG le sirvió de mensaje para todos aquellos a quienes en algún momentos pudo haberles pasado la idea de pelear por sus agremiados o desestimar las instrucciones presidenciales.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador celebró este año el Día del Trabajo con la publicación de la reforma laboral en el Diario Oficial de la Federación. AMLO se congratuló de la aprobación de éste último documento –hasta el momento- en materia laboral pues con ello dijo se cumplió el compromiso acordado con el gobierno de Estados Unidos para aprobar el T-MEC. Ante los medios de comunicación sostuvo: con esta legislación se cumple el compromiso de la democracia sindical y con la reforma al artículo 69 de la Constitución, se promueve la elección de líderes sindicales por voto libre, directo y secreto. También se modificaron seis leyes del Poder Judicial de la Federación y cuatro de la Ley de Seguridad Social, entre otras. Se creó el órgano autónomo del Centro Federal de Conciliación y Registro, con el cual el Poder Ejecutivo Federal pierde el control de los sindicatos. Y se eliminan las Juntas de Conciliación y Arbitraje; ahora el poder Judicial de la Federación llevará los casos de los conflictos laborales.
DESPIDOS, DESPIDOS, DESPIDOS
Los “Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana” de la actual administración de AMLO implica y ejecuta el recorte de la burocracia, la reducción de salarios y prestaciones y un aumento de la jornada laboral. Sin embargo, todavía no se tiene a un sólo responsable de la mala administración de las finanzas. Nadie puede ponerse en contra de la llegada del orden, de la expulsión de los llamados “aviadores”, pero gran parte de la crisis en las arcas se debe a tantas extracciones llevadas a cabo por los responsables lo mismo de secretarías que de dependencias o de las modernas alcaldías.
En la Cámara de Diputados ya se analiza la Ley Reglamentaria del Artículo 127 constitucional y una iniciativa de Ley de Austeridad del Estado. Esto impactará en las 319 entidades públicas donde se da empleo a 567 mil personas de las cuales, 20.3% ocupa puestos de confianza, es decir, 348 mil. Expertos en la materia advierten el recorte del 70% de las plazas de confianza implicarán el despido de 222 mil 600 personas. Esto lleva al sector público a operar con 30% del personal de confianza, lo cual impactará la capacidad de respuesta del Ejecutivo federal y redundará en continuas y repetidas fallas.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, un total de 226 mil personas reportaron haber perdido su empleo debido a que la organización en la que laboraban quebró, o bien porque realizó recortes de personal durante el primer trimestre de 2019. De ese total, 157mil 631 personas fueron por recortes de personal, un aumento de 1.5% anual; mientras las restantes 68 mil 418 personas, fueron por cierre o quiebra de la fuente de trabajo, un aumento de 41.9% anual. La desocupación mostró un incremento en el primer trimestre de 3.1 a 3.4% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el último año. Detrás de la reducción de personal en el sector privado, está el hecho de que la inversión está en “stand by”, pues se afectó la confianza con el tema del aeropuerto. Los inversionistas mantienen lo que ya tenían, pero no hacen nuevos proyectos, cuando menos aterrizados, aunque en el papel anuncien inversiones multimillonarias.
Al cubrirse el primer semestre de este año, el sacudimiento laboral es consecuencia del subejercicio público, ausencia de nuevas plazas laborales, despido de burócratas y revisión de los contratos colectivos de trabajo, derivados de la reforma laboral. Y puede ser así, solamente que no lo es todo. Basta con conocer el monto de las riquezas obtenidas por los funcionarios de primer nivel para darnos cuenta del tamaño de la carga impuesta a los trabajadores. Con la fortuna acumulada por los cinco últimos presidentes ¿cuantas nóminas y por cuantas décadas se pagarían a quienes han sido despedidos?
En los primeros seis meses de la presente administración se asegura hay un subejercicio del gasto de alrededor de 100 mil millones de pesos, lo cual se ha reflejado en las licitaciones, como en la adquisición de medicinas, donde se presenta un retraso importante; segundo, el reporte mensual sobre el comportamiento del empleo del IMSS exhibe una caída acumulada de cinco meses en la creación de plazas de casi 40% respecto al año anterior. A eso debe agregársele la revisión de contratos colectivos de trabajo pendientes, mas de 500 mil, según estimaciones de expertos en la materia.
FUNCIONARIOS MILLONARIOS
Una simple revisión a los personajes quienes se desempeñaron en las últimas cuatro décadas como directores del ISSSTE o del IMSS nos explica el porqué de la actual situación de crisis resentida en esas instituciones de seguridad social. También se revela fue a causa de estos enriquecimientos la urgencia de modificar las leyes de ambos Institutos y marcar en ellas la salida de la administración de las pensiones las cuales, como por arte de magia las hicieron desaparecer.
En las últimas tres décadas, los directores del ISSSTE fueron José Antonio González Fernández (1997-1998), Socorro Díaz Palacios (1998-2000), Benjamín González Roaro (2000-2006), Enrique Moreno Cueto (2006), Miguel Ángel Yunes Linares (2006-2010), Sergio Hidalgo Monroy Portillo (2011-2012), Sebastián Lerdo de Tejada (2012-2015), Luis Antonio Godina Herrera Covarrubias (2015), José Reyes Baeza Terrazas (2015-2018) y Florentino Castro López (2018)…. Hasta el actual Antonio Ramírez Pineda.
Y como directores del IMSS se desempeñaron Ricardo García Sainz (1982-1991), Emilio Gamboa Patrón (1991-1993), Genaro Borrego Estrada (1992-2000), Mario Luis Fuentes Alcalá (2000), Santiago Levy Algazi (2000-2005), Fernando Flores Pérez (2005-2006), Juan Francisco Molinar Horcasitas (2006-2009), Daniel Karam Toumeh (2009-2012), José Antonio González Anaya (2012-2016), Mikel Andoni Arriola Peñalosa (2016—2017), Tuffic Miguel Ortega (2017-2018 provisional), y Germán Martínez Cázares (2019-2019)… Hasta el actual Zoé Robledo Aburto.
Todos –tal vez con alguna excepción- los enlistados cuentan con grandes patrimonios hechos al amparo de los negocios, con las necesidades de la población en el sector salud, con licitaciones, contrataciones y otras operaciones para compra de medicamentos, instrumental médico, construcción de hospitales, y muchos etcétera dentro de la actividad hospitalaria del país. La posición al frente del IMSS o del ISSSTE también les sirvió para impulsar sus respectivas carreras políticas en el sector público federal y estatales, en el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores o en los Congresos locales.
La simple revisión de la trayectoria de cada uno de ellos revela los conflictos políticos y legales enfrentados en los últimos años, las páginas negras de la historia política del país y de las entidades de la República, pero sobre todo el enriquecimiento de sus bolsillos y de sus allegados al amparo de las posiciones políticas. Lo anterior converge en la situación actual. El mes de abril pasado, funcionarios de diversas instituciones del sector salud denunciaron -en el Senado- encontraron un cúmulo de irregularidades, corrupción, deterioro de infraestructura y equipos médicos, así como colusión entre proveedores de medicamentos, empresarios prestadores del servicio de comedor y los servidores públicos del ISSSTE, sin olvidar a las agencias de viajes y los millones de boletos de avión facturados.
Pedro Zenteno, director de normatividad administración y finanzas del ISSSTE, advirtió ante la Comisión de Salud del Senado, el organismo está en virtual “quiebra financiera” por los abusos y corrupción de sus ex directivos. Afirmó les faltan 22 mil millones de pesos y, dijo, si no había una ampliación presupuestal y si las entidades federativas y las secretarias de Estado no cubren los adeudos con el organismo, su operación se complicará el próximo mes de julio.
En cuanto al IMSS, enfrenta diversos desafíos los cuales están deteriorando su balance financiero: un menor crecimiento de sus ingresos propios en comparación con sus gastos, un cambio demográfico pues hay menos trabajadores activos por retiro, mayor expectativa de vida y una transición de las enfermedades propias de las economías emergentes. Los ingresos del IMSS provienen de las cuotas y aportaciones tripartitas –trabajadores, patrones y gobierno federal-, ventas y servicios en tiendas, centros vacacionales y velatorios, además de los intereses y rendimientos obtenidos de la inversión de reserva y disponibilidades. En los últimos 10 años, de acuerdo a información de la SHCP, los ingresos propios del instituto crecieron a un ritmo promedio de 3.34 por ciento anual, sin embargo los gastos lo hicieron a una tasa media de 5.2 por ciento real anual.
Durante la última década, los recursos que recibió el IMSS del gobierno federal pasaron de poco más de 92 mil millones de pesos a 239 mil millones, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 6.8% real, muy superior a la reportada por el cobro de cuotas. El crecimiento muestra el importante aumento en el número de pensionados. El instituto no utiliza su propio dinero para cubrir las pensiones de los trabajadores que no son del IMSS, sólo es administrador de los recursos para ese pago, pero sí sale de sus ingresos el pago de los servicios médicos para este sector de derechohabientes. Además, el pago de servicios personales y de las pensiones, ambos de los trabajadores del IMSS, son un elemento que está presionando los estados financieros del instituto, para lo cual ha sido necesario utilizar un mayor monto de sus ingresos y de sus reservas.
El reporte de quiebra en el presente tiene como ingrediente el empobrecimiento en la recepción de cuotas al operar las outsoursing registrando los más bajos salarios y celebrando, en el mejor de los casos, contrataciones temporales con el mínimo de prestaciones. Han aumentado sin limites la prestación de servicio a estudiantes, adultos de la tercera edad, madres solteras entre otros, en momentos de gran crisis para ese Instituto.
LIDERES SINDICALES PODEROSOS
En las últimas cuatro décadas, los líderes sindicales también acumularon una gran riqueza, exhibida cínicamente, y nunca han rendido cuentas ni ante sus agremiados ni ante los aparatos administrativos del Estado, amparados en la autonomía sindical. Así vemos lo mismo a cetemistas que croquetas o dizque independientes, a los afiliados a la FSTE o a su contraparte, portar relojes de oro de mas de 300 millones de pesos, coleccionar autos de lujo, enviar a sus vástagos a vivir y estudiar al extranjero, tener bajo distintos techos a dos o más parejas. Vacacionar en yates de su propiedad, asistir a los mejores restaurantes, darse vida de reyes en tanto en la mesa de sus agremiados faltan tortillas y frijoles.
Destacan en este grupo Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); Joel Ayala Almeida guía de los burócratas; el dirigente ferrocarrilero Víctor Félix Flores Morales; Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; Víctor Fuentes del Villar, secretario general del Suterm; la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo; Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM; el dirigente de los mineros Napoleón Gómez Urrutia; Isaías González Cuevas, líder de la CROC; y Armando Neyra Chávez, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora, entre otros. Aunque a decir de quienes son expertos en materia laboral, nada se acerca en lo más mínimo a la realidad, a la suntuosidad con la cual ven pasar la vida quienes han sido incapaces de levantar la voz ante la pérdida de prestaciones laborales, ante la pérdida del poder adquisitivo, ante las jornadas oscuritas, ante la falta de seguridad en los centros de trabajo, ante los cada vez más raquíticos salarios aprobados, ante tantos y tantos golpes propinados a quienes dicen representar.
En esta administración con las modificaciones a la legislación laboral tal vez las cosas cambien, o se empeoren con la multiplicación de sindicatos y las luchas internas por el control de los trabajadores. La moneda en este sector está en el aire.
DE LOS PASILLOS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió: la persistencia de la práctica de la tortura en México, “nos aleja de la consolidación de la institucionalidad y del respeto a la legalidad, mientras ese flagelo se erige como el triunfo de la ilegalidad sobre las leyes; del abuso, la violencia y la intransigencia sobre la institucionalidad y del miedo y el terror sobre el respeto a la dignidad de las personas” . Del 2000 al 31 de mayo de 2019 la CNDH ha emitido 343 recomendaciones por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las autoridades mas señaladas por la comisión de esos abusos son las encargadas de brindar seguridad y procurar justicia… paradójicamente.
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