Redacción MX Político.- El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es la única institución de salud que se resiste a sumarse al otorgamiento de servicios gratuitos en el tercer nivel de atención -de alta especialidad- a través del Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) y sigue cobrando cuotas de recuperación a los pacientes.
Lo anterior fue dado a conocer por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien agregó que la institución de salud tiene un contrato con una empresa privada que les provee insumos y material quirúrgico por 650 millones de pesos, vigente hasta noviembre de 2020.
Sin embargo, López-Gatell señaló que Neurología y Neurocirugía no es el único caso en esta situación, pues otras 23 instituciones médicas también tienen contratos vigentes.
“[…] estos contratos, insistimos en señalar, son el modelo de trabajo que existía antes y que todavía existe, estamos en este periodo de transformación que consiste en subrogar servicios, es decir, servicios esenciales que son responsabilidad del sistema público de salud fueron subcontratados. La lógica de mercado, de acuerdo a la visión que se tenía antes, es que los privados lo hacen mejor o que los privados son más eficientes” ahondó el funcionario en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, según el reporte de Apro.
López-Gatell consideró que ese modelo ha originado sobreprecios y no necesariamente garantiza calidad en el servicio, e incluso señaló una posible “privatización oculta” en el sector salud.
“No por sí mismos son corruptos el tener estos contratos […] pero sí nos parece inconveniente, […] esto es de hecho una privatización acaso oculta del Sistema Nacional de Salud que ocurrió a lo largo de muchos años”.
A dos días de que venza el plazo impuesto por el gobierno federal a los estados para firmar el convenio de adhesión al Insabi, hasta ahora 21 entidades ya aceptaron ceder el control del sector salud a la federación.
Durante el reporte semanal del “Pulso de la Salud”, se informó que, hasta ahora, no se han adherido los gobiernos estatales de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Morelos, Tamaulipas, estados gobernados por partidos de oposición, salvo Morelos.
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