CIUDAD DE MÉXIXO.- En medio de la coyuntura social marcada por la contingencia sanitaria del Covid-19 y la inestabilidad económica que el cese de actividades ha provocado, en la Suprema Corte de Justicia se discutirá en dos días el proyecto presentado a la Primera Sala por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, mediante el que se pretende deslindar de sanción penal a quiénes participen en una interrupción de embarazo durante el período previo al fetal.
En concreto, con la propuesta se determinará si es necesario reformar el código penal de Estado de Veracruz por ser “discriminatorio” ya que contempla el delito de aborto en cualquier etapa del embarazo.
La Universidad Pontifica de México, a través de su Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad, desea expresar unas consideraciones sobre esta grave materia, que no sólo tendría la consecuencia de suprimir la vigencia del derecho a la vida que se encuentra a la base del Estado de Derecho, sino que sentaría un precedente para otras entidades federativas que abriría la puerta a considerar el aborto como un derecho de la libertad de las mujeres para que no sean discriminadas ni violentadas.
“Todo parece indicar que el proyecto jurídico no contempla los datos científicos sobre lo que se pretende legislar ni las consecuencias éticas del mismo. Se busca sostener que negar la posibilidad a una mujer de interrumpir su embarazo, incluso en la etapa embrionaria, es un acto discriminatorio. Es evidente que el uso jurídico de las nociones “embrión” y “feto” se pretende mantener en el nivel superfluo, de tal manera que no tiene el menor interés por atender la investigación científica sobre lo que son estas realidades, que ni se reducen a un cúmulo de células a-sistémicas o desorganizadas, ni son una parte u órgano del cuerpo de la madre. Esta omisión es irresponsable por el calado que un proyecto como ese tiene. Porque al sostener la dependencia biológica del desarrollo del embrión dentro del cuerpo de su madre se niega la respectiva diferencia ontológica del embrión respecto de su madre. Sin embargo, esto no es precisamente así. Si bien, el desarrollo del embrión requiere de la sede del cuerpo de su madre, esto no significa que el embrión no tenga ya la conformación característica de la especie a la que pertenece, esta dependencia no significa que la configuración estructural del embrión no sea ya la de la especie humana. Previo a la discusión sobre la posibilidad de que exista un acto discriminatorio debe imperar la consideración del estatuto biológico-ontológico del embrión. Asimismo, la consideración jurídica de lo que es un embrión y de la relación que tiene con el cuerpo de la madre que lo sostiene, debería de estar fundada en los avances de última hora sobre su estatuto biológico, para no caer en la falacia de legislar solamente en función de la consideración del embrión como un órgano del cuerpo de la madre, en cuyo caso, no tendría sentido alguno hablar de aborto. En esta coyuntura el Derecho y la Ciencia deberían de estar en una constante y profunda comunicación, so pena de terminar discurriendo superflua y, por ende, ideológicamente sobre un tema crucial que nos atañe a todos”.
Señalan que la tarea de legislar es propia de las Cámaras, por lo que sería un abuso pretender tergiversar el sentido y el alcance de la protección jurídica de la vida humana, especialmente no nacida, por la vía de una sentencia judicial y sin que medie un debate serio al respecto. Debate que en medio de la crisis sanitaria y social que estamos viviendo es difícil de sostener, por lo que tal iniciativa parece fuera de lugar en este momento, independientemente de los graves errores en que ha incurrido la elaboración de la propuesta tal como han señalado muy diversas organizaciones civiles y de juristas.
La Universidad Pontificia de México, fiel a su misión de iluminar a la sociedad con la luz del Evangelio, meditado racionalmente y en diálogo con las culturas actuales, no puede dejar de condenar como gravemente discriminatorio para la persona humana no nacida en estado embrionario o fetal, que eventualmente también puede ser una mujer, el considerar su vida menos valiosa que el de una mujer adulta. Por otra parte, el interés general de la sociedad no está suficientemente garantizado, cuando se reconoce el “derecho a suprimir la vida” de los individuos más vulnerables de nuestra comunidad a quienes deberían ser sus principales custodios, las madres, los médicos y demás personas involucradas en la realización de un aborto.
“Hacemos votos para que en esta grave hora de nuestro pueblo, en que tantas vidas humanas se han perdido a causa de la Pandemia del Covid-19, en muchas ocasiones por falta de servicios de salud eficientes, y cuando los médicos y demás personal sanitario han honrado su profesión arriesgando sus propias vidas para salvar las de otros, que no demos pasos atrás en la construcción de una civilización digna del ser humano, querido y amado por sí mismo por el Creador”.
AM.MX/fm
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