En opinión de Héctor Calderón Hallal
Redacción MX Político.- “Que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano y popular”, fue la declaración tajante del presidente López Obrador de este martes, con la que materializa su “derechazo” mediático al “punching bag” en que se han convertido los temas vinculados de Emilio Lozoya y el empresario mexicano Carlos Ancira, dentro de un paquete de “ajusticiamiento” a la mafia del poder y de reposicionamiento de su corriente, de cara a la cada vez más próxima elección intermedia.
Pero además representa de forma muy plástica, las formalidades tan laxas y poco comunes dadas al proceso penal y al procesado Emilio Lozoya Austin, a su regreso a México y en sus primeros días de “extraditado”, como fue la figura jurídica invocada por el Gobierno Federal y por su contraparte del Reino de España.
López Obrador y sus partidarios saben que su popularidad medida en aprobación ciudadana va en picada; le abonan a su crisis, la pandemia, la inseguridad y la consecuente situación económica nacional y mundial. El proyecto, autodenominado con grandilocuencia la “Cuarta Transformación”, está en riesgo.
Por eso lanza la frase con la que inicia esta entrega, cual si fuera el párroco del poblado, comprometido en su aviso parroquial con su permanencia al frente de su santuario, ante la inminente visita del Obispo al pueblo: “pero le vamos a echar montón ¿eh?… le vamos a decir entre todos que he reparado la iglesia y he hecho obras de caridad aquí y allá… pero todos… todos o ninguno… que se vea… que se de cuenta el Obispo que generamos consecuencia”.
A más de 30 años, no pierde ni un ápice de su esencia como activista, como agitador de contingentes para la toma de pozos petroleros y el bloqueo de caminos.
Pero cuando el titular del Ejecutivo dice “Que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano y popular”, evidencia no solo su desprecio y desconocimiento del lenguaje jurídico más elemental, que como Licenciado en Administración Pública que es, debe tener noción y consideración; sino que pone de manifiesto su más íntima vocación autoritaria y anacrónica. Esto es producto ya sea de la ignorancia o de la soberbia pues, aún sabiendo que los sistemas de seguridad y jurídicos del mundo han evolucionado, se aferra a querer imponerlos a su manera o conveniencia.
AMLO debe saber o entender que a lo largo de la historia ha habido por lo menos 3 modelos de organización formal y filosófica mediante que los gobiernos de las diferentes etapas del mundo han dirigido la fuerza pública para aplicar la ley y someter a la población, dicha sea la afirmación en su más amplio significado; porque no siempre ha habido derechos humanos ni formas éticas en el actuar de las fuerzas del orden. Es la historia de la humanidad y de la vida en sociedad.
El modelo Legalista emerge como el más antiguo: desde la era primitiva.
El modelo Reactivo, surgido con el Estado moderno tras la Revolución Francesa.
Y el modelo Proactivo o de Proximidad Social, surgido más recientemente a finales del siglo 20.
El modelo Reactivo uniformó a los cuerpos de seguridad en una filosofía paramilitar y los adiestró técnica y científicamente; incluso les asignó un vocablo obtenido del esplendor de la república romana, como a muchos otros conceptos e instituciones del Estado moderno: Democracia, República, Senado, Sufragio, Jubilación, Pensión, Gratificación, Derecho de Vía, Impuesto, Expropiación, Prevaricación, Salario, Delito, entre otros.
Y entre esos otros conceptos, está el de Policía, que significa la ciudad, la multitud, la administración de lo público, etcétera.
Policía es un concepto grecorromano, rescatado por los franceses, como su República misma, en el surgimiento del Estado moderno y de sus instituciones al triunfo de la Revolución, en las postrimerías del siglo 18.
Pero la filosofía del modelo de seguridad pública y justicia “Reactivo”, se basaba en la atención de los hechos ilícitos o de las infracciones, una vez consumados, por lo que fue un trabajo más que nada testimonial, de “fedatario” punitivo, nunca un trabajo que se anticipara a las conductas antisociales mediante un ejercicio de planeación o “prevención”.
Con el paso del tiempo, desde finales del siglo 18 hasta finales del siglo 20, el modelo Reactivo provee especialización y competencias o parcelas de responsabilidad a los difeerentes cuerpos de fuerza formados conforme las necesidades materiales e ideológicas de cada país, sus formas cada vez más evolucionadas de la infracción y el delito, así como de sus propios niveles de desarrollo económico, social y político.
Creó –y crió también- burocracias e inercias al interior de las corporaciones de fuerza pública, hay que reconocerlo. Así entonces, propició el modelo reactivo, el surgimiento de cuerpos especializados en la investigación policial; como también cuerpos especializados en la fuerza de “reacción o de choque” y cuerpos orientados a la prevención y hasta a la recaudación, como los agentes aduanales, los agentes de tránsito y vialidad, entre otros.
Y cada uno tenía funciones específicas y no invadía el terreno del otro. Por lo que el trabajo de la seguridad e indirectamente de la justicia penal, estaba desarticulado y daba lugar a la simulación y la ineficiencia, pues ante la responsabilidad, los agentes sólo eludían “aventándose la pelotita unos a otros”… “eso no me compete, les corresponde a los de investigación … o los de reacción… o a los preventivos”.
Duró hasta finales del siglo 20 en países como México, donde fue sustituido por un modelo de tipo “proactivo” o coordinado, llamado de “Proximidad Social”, donde no hay competencias corporativas que se obstruyan entre sí –en teoría- y donde todas las corporaciones, sea cual sea su naturaleza, realizan las 3 funciones básicas policiales: Prevención, Reacción e Investigación.
Pero el objeto de esta reminiscencia, es el modelo “Legalista” de la antigüedad, antes del surgimiento del Estado moderno y al que el presidente López Obrador nos exhorta a volver con la propuesta de los “tribunales populares”, supliendo a los actuales tribunales judiciales, constituyéndose por sí sola en una propuesta aterradora viniendo del mismo Jefe de la Nación.
El modelo Legalista ve a la aplicación de la ley como fin en sí mismo y no como un medio para alcanzar la justicia.
Es la vía más rudimentaria. Es el origen del concepto, pero no por eso el más acabado o prolífico de los caminos para alcanzar la justicia o la paz.
Deviene directamente de la añeja “Ley del Talión”. Que no por antigua sea mala o impropia, sino que no resulta funcional a la evolución social del mundo en que vivimos.
Nunca la enseñanza del sabio Salomón y su sistema de deliberación lógico o “salomónico”, podrá ser aplicable a la realidad actual.
Esperamos que esté muy lejos o que nunca llegue el día en que, metafóricamente, AMLO intente partir en dos a un niño para aplicar “justicia” frente a la afligida madre en una de las conferencias mañaneras.
El modelo Legalista es también el que propicia que se castigue a “pedradas” (dilapidación) a una mujer musulmana por no ponerse el turbante en la calle o por mirar al vecino, frente a un muro y por la acción ejecutora de varones que integran ese “tribunal popular” del que habla López Obrador y al que aspira como modelo de justicia “puro y duro”.
Y legalista también es aquel modelo que se aplicó en la humanidad de un joven en la provincia de Judea, hace casi 2 mil años, cuando también un “tribunal popular”, por ignorancia, soberbia o confusión, le sentenciaron al peor de los tormentos de la época, la cruz persa, no obstante ya había sido juzgado como inocente por el representante de la ley imperial romana, que no halló delito qué perseguir.
Y así, grandes injusticias se han cometido en nombre de ese sistema o modelo de justicia legalista, afortunadamente ya de la antigüedad o de sistemas político-religiosos de tipo fundamentalista.
Porque la justicia requiere de razonamientos, motivaciones y en ocasiones hasta atenuantes o causales de nulidad.
La dinámica social en su evolución, nos ha puesto frente a formas cada vez más sofisticadas del delito y la trangresión a la ley. El delincuente cada día que pasa, cuenta con más sofisticadas motivaciones y formalidades para perpetrar el delito o la falta y, la justicia debe irse adecuando a esa nueva realidad social rampante.
El propio trabajo de los aparatos de justicia y ni se diga de los de la seguridad pública, conforme avanza el tiempo debe adecuarse y trabajar de forma coordinada y uniforme con el resto de las instancias del ramo. La tecnología, el avance científico, la preparación multidisciplinaria en los agentes del orden, la observancia plena a los derechos humanos, son sólo algunos de los muchos grandes objetivos a cumplir en esta nueva realidad de inseguridad pública e injusticia que priva en el mundo, no sólo en México.
Pero para ello también es necesario contar con autoridades gubernamentales y líderes conscientes de la gran responsabilidad que implica gobernar o dirigir una sociedad.
En lo particular del sector seguridad y justicia requiere sobriedad, sensatez y probidad moral ante la ciudadanía.
Sin ocurrencias ni sueños mesiánicos.
El modelo “legalista” de seguridad y justicia, es la interpretación más básica, más cómoda de todo aquel ciudadano que nunca ha estado al frente de un órgano jurisdiccional, una corporación o un operativo policial. Que por lo regular desarrolla y hasta comparte un falso estereotipo sobre el trabajo de la seguridad pública y la justicia.
Escribe: Héctor Calderón Hallal
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