Por Aurelio Contreras Moreno
“Todos creemos en el país, lo que no se sabe es si a esta altura el país cree en nosotros”
Quino/Mafalda
En uno de sus arranques autoritarios más radicales y peligrosos, el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó explícitamente con pasarse la división de poderes y las garantías individuales de todos los mexicanos por salva sea la parte.
Este jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro Luis María Aguilar que declara inconstitucional la solicitud enviada por el titular del Ejecutivo federal para someter a consulta pública si se lleva a juicio a los anteriores presidentes de México aún vivos, a excepción del nonagenario Luis Echeverría Álvarez.
En el contenido del proyecto de resolutivo del ministro Aguilar se expone lo que resulta de absoluta obviedad para cualquier estudiante de la licenciatura en Derecho: que no se puede someter a una consulta popular la decisión sobre la aplicación de las leyes.
“La materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo, desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”, puntualiza una parte del proyecto.
Agrega que “la consulta popular puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas a quienes se someterá al escrutinio público, lo cual es inconstitucional por atentar contra el derecho al debido proceso penal, pero también puede tener un efecto negativo en los derechos de las posibles víctimas, ofendidas y en la sociedad en general”.
Y sentencia: “la consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección, lo que en el caso se advierte por las múltiples violaciones constitucionales que aun en forma individual son suficientes para sostener la inconstitucionalidad del objeto de la consulta popular pretendida”.
Para decirlo coloquial y concretamente, la ley no se puede aplicar al contentillo de una masa que, en un momento dado, podría incluso decidir no proceder en contra de alguien que fuese culpable de un delito incluso existiendo pruebas de ello; y de igual manera, podría condenar a cualquiera sin necesidad de presentar evidencia alguna de lo que se le impute, solo porque la persona –la que sea- le resultase antipática o porque esa masa hubiese sido manipulada para adherirse a esa decisión que alguien más ya había tomado.
Desde que se dio a conocer la semana pasada el sentido del proyecto del togado, el aparato propagandístico del régimen –que al parecer es lo único que realmente funciona en el gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación, aunque para mal- se lanzó en contra de Luis María Aguilar para buscar desacreditarlo personal y políticamente, y con el objetivo de ejercer presión sobre los demás ministros que deberán votar el resolutivo este jueves.
Pero es tan obvia la decisión que debe tomar la Corte, que López Obrador incrementó la presión con un amago que en realidad representa una abierta amenaza al orden legal-constitucional del país: “de inmediato estaría enviando una iniciativa de reforma del (artículo) 35 (de la Constitución) para que no se cancele esa posibilidad (de la consulta popular)”.
Sabedor de que no cuenta con elementos legales que le permitan realmente enjuiciar por la vía penal a los ex mandatarios que lo antecedieron (salvo a Enrique Peña Nieto, pues podría haber varios delitos imputables a su persona que no hayan prescrito todavía y para lo cual no hace falta preguntarle nada a nadie), López Obrador estira la cuerda para mantener artificialmente el tema en el centro de la agenda de la opinión pública, continuar manipulando a su masa de seguidores con su engañosa propaganda “justiciera” y lo que resulta más grave: doblegar al Poder Judicial.
Falta muy poco para que López Obrador comience a arrancar hojas de la Carta Magna como en la escena de una cinta filmada hace unos años –por cierto, con recursos del Instituto Mexicano de Cinematografía, al que ahora mismo se pretende vaciar de financiamiento- y protagonizada por uno de sus hoy más rabiosos propagandistas, en la cual se retrata esa propensión de los autócratas a hacer lo que les da la gana porque –como a los pendejos- el poder los vuelve locos.
“La ley soy yo”, nos dice el presidente desde su “coliseo” mental, donde la suerte del país se debate entre la ley de Herodes y el pulgar de Nerón.
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