El nuevo cuerpo legal debe contar con una flexibilidad para el análisis de casos regionales y participación de todos los sectores de gobierno, afirma especialista.
El próximo 15 de octubre arrancará la discusión sobre la Ley General de Aguas Nacionales en el Congreso de la Unión. Un proyecto que se ha mantenido en la congeladora legislativa desde el sexenio pasado y cuya revisión y eventual aprobación llegará a este periodo 2020 en calidad de urgente.
En vísperas del análisis, son cinco las iniciativas que se revisarán y que fueron propuestas por las bancadas de Morena, PT y Partido Acción Nacional; cada una con perspectivas distintas. Unas están enfocadas a una nueva Ley General del Agua, y la otra es una reforma a una Ley General reglamentaria del Artículo 4° en materia, exclusivamente, al derecho humano al agua y al saneamiento.
Para la vicepresidenta de la organización Legado Sustentable, María Elena Mesta Fernández, el análisis que debe hacerse en San Lázaro no debe perder de vista que la Ley General del Agua que necesitamos es para hacer efectivo el derecho humano de acceso al agua, sobre todo para las personas en comunidades marginadas. Esto sin perder de vista o “caer en la tentación” de construir una ley de derecho humano al agua que pretenda regular las facultades de los municipios inscritas en el artículo 115 constitucional.
“Los estados y municipios tienen su propio marco legal y los sistemas de agua están operando conforme a él, pero si hay que optimizar los sistemas de servicio público de agua potable y saneamiento, entonces tendrá que reformarse los marcos legales establecidos.
A nivel nacional, tenemos varias cosas que tienen que mejorar pero en términos generales tenemos una buena ley”, señaló la especialista.
Desde su perspectiva, la Ley de Aguas Nacionales vigente tiene muchos puntos a favor, ya que establece claramente cuál es su objeto y cuáles son los fines de utilidad e interés públicos de un bien nacional que es el agua, aunque señaló que convendría mejorarla.
En el caso del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, dijo Mesta Fernández, lo apropiado sería contar con una nueva ley reglamentaria al Artículo 4 en lugar de tratar de transformar la Ley de Aguas Nacionales.
Para esta iniciativa de Ley General reglamentaria del Artículo 4 constitucional consideró que se requiere una nueva discusión y en la que se incluya la participación ciudadana, especialistas de todos los ámbitos y de gobierno.
“Necesitamos dejar claro que el hacer efectivo el derecho humano al agua no es una obligación de Conagua, sino de todas las autoridades que están obligadas a cumplir con este derecho. Y para esto se requieren mecanismos y figuras que en México no se han aplicado pero que son la única vía para que estas autoridades participen de oficio en hacer efectivo este derecho. Un ejemplo de estos mecanismos sería contar con un Servicio Nacional del Derecho al Agua”, detalló.
Una de las iniciativas de reforma a esta Ley General de Derecho Humano al Agua Reglamentaria del Artículo 4° Constitucional, propone instrumentos para impulsar una política que permita hacer efectivo este derecho con flexibilidad y adaptar soluciones acordes al problema real del agua.
Mesta Fernández dijo que uno de los conflictos que enfrentamos es que cuando se analiza el problema de acceso al agua y al saneamiento, se desconocen las condiciones del país y la proporción de personas que no tienen acceso al derecho humano al agua.
En estos momentos, sugirió, tenemos todas las posibilidades de darle solución a un problema específico, que es reglamentar el acceso al derecho humano al agua establecido en el artículo 4° Constitucional y es uno de los grandes pendientes nacionales; tenemos todas las capacidades para resolverlo apegados a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).
Sobre las propuestas legislativas de Ley General del Agua presentadas, la especialista comentó que hay aspectos en los que valdría la pena concentrarse para evaluar su efectividad. Por ejemplo, la coordinación entre instituciones de gobierno, mecanismos e instrumentos de participación social, sistemas de medición, monitoreo y evaluación, el uso de tecnologías de la información e innovación.
Indicó que no es conveniente reformar la Ley de Aguas Nacionales o hablar de una nueva Ley General del Agua, ya que el tema en este momento está politizado y se corre el riesgo de modificar instituciones o instrumentos en la ley vigente que funcionan bien.
Por ello advierte “aguas con el agua. No vayamos a trastocar temas que, con una buena intención, terminan siendo un gran problema” y para ello propuso analizar cuál es el marco legal que se requiere para hacer un uso sustentable del agua.
Además, hay que señalar que el mejor uso del agua es el concertado por todos los sectores sociales y así garantizan que todos tengan agua para los diversos usos.
“Vayamos entonces a esta concurrencia entre los sectores público, social y privado, como lo señala el artículo 25 constitucional, para juntos formular el mejor marco legal en torno al agua como un bien fundamental para el desarrollo nacional”, concluyó.
