POR: HÉCTOR CALDERÓN HALLAL
La reciente sanción del Gobierno Federal mediante la que sacó del mercado temporalmente a 23 productos lácteos pudiera ser en apariencia, un asunto menor que incluso, ya sucumbió mediáticamente ante otros temas de mayor impacto; no obstante tiene aun significativas lecturas, al grado que, ‘La Guerra de los Quesos’, será un punto de referencia en la narrativa del sexenio de López Obrador y su 4 T.
La política es la etapa previa y última a toda conflagración. El último reducto para evitarla, a través del acuerdo.
Formado en el materialismo histórico, como los propios seguidores de la ‘Cuarta Transformación’, el presidente López Obrador, reconoce a la actividad política como una forma de guerra. En este caso materializada en la ‘lucha de clases’, aunque el concepto sea ya descontinuado, su esencia se transfiere al de la “defensa del pueblo” de manera real (en usos y costumbres) y de manera formal (en la ‘legalidad’ prevaleciente). En eso estriba su idea de ‘transformación’.
Por lo que se esperan aun muchos ‘desahogos personales’, desagravios y ‘reivindicaciones a viejos resentimientos’, que le den la satisafacción plena a su propia idea de justicia personal del presidente y su círculo cercano de seguidores y colaboradores. A eso llegaron al poder.
Esta vez, en la ‘Guerra de los Quesos’, tocó el turno a un sector de las empresas que más presencia han tenido en la publicidad comercial en medios electrónicos y escritos y, hay que señalarlo, es contra las que el presidente guarda desde los tiempos de sus primeras campañas políticas, para Gobernador de Tabasco y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, una notable abominación, porque sostuvieron su publicidad en todo momento a los espacios informativos electrónicos y escritos que, según él, lo boicotearon y ‘le cerraron el paso’ en sus aspiraciones. No se le extingue el rencor aún. Sigue actuando motivado ‘por las tripas’.
Además, no olvida el hecho de que muchas empresas del sector alimenticio, -entre ellos los lácteos y embutidos- fueron parte del conglomerado empresarial aquel que promovió la campaña en 2006 de que ‘AMLO era un peligro para México’, autoría del consultor de origen español, Antonio José Solá Reche y que fue difundida en medios electrónicos como parte de la guerra sucia contra el tabasqueño.
A estas alturas de la administración, los ‘logros’ de López Obrador, desafortunadamente no pueden ser enlistados objetivamente con obras y acciones contundentes; quizá sólo con actos de desahogo de sus de agravios históricos pendientes:
Liquidó al ‘Osito Bimbo’ de la familia Servitjé… por priísta y no por ser un gordito que hace apología de la mala alimentación. Igual al ‘Gansito Marinela’ por ‘fifí’; también al ‘Chester-Cheetos’ de la familia empresarial texana ‘Frito Lay’ (que en México se llama ‘Sobritas’), con presencia mundial y que consume varios productos del sector primario mexicano como la papa, en el noroeste de México, sin contar que da abundante empleos en sus diferentes facetas de producción a los mexicanos.
Y ahora emprende esta curiosa embestida contra el popular queso Filadelfia y otros productos lácteos; 23 en total. Aunque ya han sido reivindicados como marcas e incluso devueltos a los anaqueles en 13 de los 23 casos, por haber comprobado sus calidades y pesos anunciados en las etiquetas.
La motivación original para esta política de sanción normativa no es por supuesto mala. Es de hecho una brillante iniciativa. Deben hacer su trabajo todas las áreas de gobierno, sin excepción.
La Ley Federal de Protección al Consumidor, faculta al estado mexciano para su actuación en su artículo 1º, fracciones I, III, VII; 7º y 23 Bis fracción III. Incluso la nueva Ley de Infraestructura de Calidad, en su artículo 3 numeral XI, dice que es una atribución del Gobierno Federal: “Ordenar la suspensión o prohibición de la comercialización de bienes, productos y servicios, incluyendo la inmovilización de los mismos para impedir su comercialización…”
De acuerdo, pero el asunto de la suspensión de 23 productos lácteos de empresas trasnacionales y mexicanas, de gran tradición en el mercado nacional, es que este es un tema relativamente menor respecto de la abultada agenda de pendientes que tiene el estado mexicano con la sociedad, que se compone no sólo de consumidores…sino de usuarios de servicios también, no sólo privados, sino también públicos.
Ocupamos más estado, que vigile y sancione todos los actos de comercio y de prerstación de servicios gubernamentales pues, de no tenerlo, el individuo está en la indefensión plena. Este seguirá siendo un estado incompleto…fallido.
En un país donde a los empresarios se les persigue y a los narcos se les justifica y libera. Donde los activistas se vuelven políticos ….y los políticos ya en el poder, se vuelven activistas. Donde el pasado es más importante es más importante que el presente y el futuro; un país donde una corruptela electoral puede asumir la condición de contribución honorable; un país donde una turbamulta o un puñado de ‘acarreados’ puede ser más determinante que lo dispuesto por la ley, con sólo alzar la mano; donde se puede juzgar a presuntos delincuentes… pero sin juicio de por medio; un país donde un gobierno de izquierda predica con la biblia y se puede promover la rifa de un avión, sin avión… bien pudiera entenderse que haya a la venta quesos que se dicen ‘100 por ciento de leche…y no lo son’.
Pero ¿Qué hay de los servicios que se ofrecen en el transporte público de la capital y de los estados del país?; ¿Qué hay de los bancos y la forma en que tratan –con abusos e injusticias- a sus usuarios?; ¿Qué hay de los cobros excesivos e implacables de la Comisión Federal de Electricidad?; ¿Qué hay de las Juntas de Agua Potable, que en algunas entidades donde sobra el agua, abusan de los usuarios en los costos del servicio y son peores que un banco para cobrarles?; ¿Qué hay de las pésimas e intocables aerolíneas mexicanas y el oprobioso servicio que ofrecen a usuarios mexicanos?
¿Porqué no pensar en una reforma legal amplia a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la propia Profeco y al Inco-Profeco? Donde queden incluídos los servicios que se prestan, tanto públicos como privados y que puedan ser susceptibles de la sanción del estado; situación que tanta falta hace. Esa sí sería una acción más convincente en la búsqueda por la justicia y la reivindicación popular.
Y es que el actual gobierno debe tener cierta mesura. El tigre de la insurrección popular en realidad no está tan controlado por AMLO y la 4 T. Ciertamente AMLO dice cabalgar sin problema sobre el tigre y manjearlo a su antojo…pero eso no es del todo cierto. Es impreciso el pulso que está tomando su equipo. Tal y como reza el viejo adagio chino: ‘Cualquiera puede subirse a cabalgar a un tigre cuando quiera;…el problema es que no se puede bajar del lomo de la bestia en el momento que quiera”.
Toda guerra nace siempre de una situación política; esta ‘Guerra de los Quesos’ no es la excepción, ni lo fue la ‘Guerra de Pasteles’ en 1838. José Martí, el libertador cubano, a propósito de la guerra como imperativo social, escribió que “es un criminal quien promueve en un país la guerra que se puede evitar”.
John Locke, por su parte, en su ‘Teoría de la Rebelión Popular’, considera que la rebelión –ante la existencia de un tirano- puede reunificar a la multitud pero en la figura del propio pueblo; y que por lo tanto, una rebelión no implica el caos que dispersa a los individuos.
Y esta podría ser también una guerra sin armas, de baja intensidad, donde el propio consumidor o usuario tenga actos de reivindicación personal y familiar, al ejercer su sagrado derecho de escoger, no sólo en el anaquel del supermercado… sino en las boletas electorales en 2021. Lo de Coahuila e Hidalgo es un muy claro mensaje.
Si no… al tiempo.
Autor: Héctor Calderón Hallal
@pequenialdo
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