Criminal no defender a los secuestrados del INEGI

Eduardo Sadot

A ver a que hora sueltan las ráfagas de abrazos para rescatar a trabajadores del INEGI, el pasado hubo una noticia delicada, en cuanto representa vidas humanas de mexicanos inocentes, cuyo único pecado es trabajar para el INEGI, y fueron interceptados y violentados, secuestrándolos, cuando lo único que hacían era realizar las tareas propias de su trabajo, encuestas y llenado de formato estadístico de material del INEGI. Hasta donde tienen información éste medio, el pasado 22 de septiembre en el Estado de Chiapas, en el municipio de Honduras de la sierra, quienes fueron retenidos y privados de su libertad en el Ejido la Cascada, los tres trabajadores responden a los nombres de: Gamaliel, Yiner y Bilgail. El motivo es que esa comunidad pasaría a formar parte del municipio de Siltepec y no al nuevo municipio de Honduras. Los miembros del ejido manifestaron, que aunque han tenido pláticas con autoridades del gobierno local chiapaneco, declararon que si no logran sus pretensiones, también secuestrarían a cuantos servidores públicos lleguen, hasta que satisfagan sus pretensiones.

Es obligación del Estado mexicano, garantizar la seguridad e integridad de sus ciudadanos, respetar las leyes y su imperio, ejercer la fuerza pública en defensa de sus ciudadanos, al no hacerlo, es omiso, responsable de las consecuencias de su falta de ejercicio, no es posible que con el pretexto de que no vayan a decir que “soy represor” ni siquiera hagan el intento de proteger vidas inocentes. Es inadmisible que con ese pretexto, no se haga uso de la fuerza pública ni siquiera en defensa de sus ciudadanos y de personas inocentes.

Ya basta de permanecer cuidando más la imagen de un gobierno que las vidas humanas de los mexicanos. No estamos diciendo que vayan por la vida asesinando con juicios sumarios a cuanto mexicano haya por ahí. Lo que decimos y que quede muy claro, es que en tanto el gobierno permanece en la terquedad de “cuidar su imagen” descuidando la protección que debe a los ciudadanos, es negligente y omiso y eso también es un delito que las leyes castigan cuando se comenten delitos por omisión, por no hacer nada, por no hacer lo que deben hacer, por no cumplir con su obligación de hacer valer el derecho y ejercer la fuerza pública para protección de sus gobernados.

Es criminal no defender y proteger a trabajadores del INEGI, con el pretexto de que son parte de un organismo autónomo, cuando son ciudadanos antes que trabajadores, como tal, el Estado mexicano tienen la obligación de brindarles protección y amparo para preservar sus vidas.

Es inconcebible que cuando se trata de defenderse, algún funcionario argumente que es “dueño de su silencio” y pretenda asumirse ciudadano, antes que funcionario y de ese modo eluda su responsabilidad.

El asunto es, que los mexicanos ya entendimos y estamos viendo y viviendo, cómo un régimen está más preocupado por preservar su poder, su imagen y ganar elecciones que cumplir con sus tareas y responsabilidades, ya hemos denunciado en éste mismo espacio, que las “reuniones” del gabinete de seguridad, no son para ver la seguridad de los ciudadano, sino para tratar los temas de la imagen del gobierno y su gobernante, en un cuarto de guerra de campaña político, mientras se asesinan a mexicanos inocentes o como es el caso, hay mexicanos cuyas vidas están en riesgo.

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