Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
El desencuentro entre los tres titulares de los poderes de la Unión de este domingo 5 de febrero va más allá de meros problemas de protocolo o de descortesías políticas.
El trato dado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, relegados hasta el extremo del presídium, simplemente refleja lo que representa para el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, la separación de poderes.
Como él mismo asegura reiteradamente, su “pecho no es bodega”. Así que no le preocupa manifestar abiertamente el desagrado que le provoca que los otros dos poderes no estén encabezados por personas que pueda controlar o que le tengan tanto miedo que se dejen someter, como hasta hace poco sucedía.
Los cuatro años que López Obrador y Arturo Zaldívar compartieron como titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial fueron de, al menos, una clara resignación del segundo a evitar causar la furia del inquilino de Palacio Nacional, si no es que de total sumisión ante los deseos y caprichos del presidente de la República.
No por nada López Obrador impulsó una “chicanada” legal para extender la presidencia de Zaldívar en la Corte otros dos años, que no transitó porque lo impidieron los propios ministros, que no lo acompañaron en una aventura inconstitucional que hubiese abierto la puerta a aberraciones mayores.
El caso es que a López Obrador no le importa ni respeta la separación de poderes que establece la Carta Magna del país y ha intentado por varios medios apoderarse de la Corte en particular, impulsando la llegada de ministros afines a su proyecto, como él mismo admitió sin pena en su momento. Porque en el Congreso de la Unión mantiene un amplio margen de control, vía las mayorías de Morena en ambas cámaras.
La apuesta del lopezobradorismo para controlar la Corte era la ministra Yasmín Esquivel Mossa, esposa de José María Riobóo, uno de los contratistas favoritos de la autoproclamada “cuarta transformación”. Y como ya es sabido, sus aspiraciones fueron derribadas con la exhibición del plagio de su tesis de licenciatura, a pesar de lo cual y en una muestra más del cinismo y la falta de respeto a la ley que caracterizan al régimen, sigue como si nada, ocupando un cargo que no merece y poniendo en riesgo la impartición de justicia en el país.
La derrota sufrida en la Corte no ha sido asimilada por el presidente, que expresó desde el principio su molestia, la cual hizo más evidente este domingo en el acto conmemorativo de la promulgación de la Constitución al colocar a la ministra Piña y al diputado panista Creel lo más lejos posible de él.
La respuesta de la ministra presidente de la Corte a la descortesía del jefe del Ejecutivo fue no levantarse en el momento en el que López Obrador se colocó en el presídium, en un acto simbólico de independencia que hizo arder a todo el lopezobradorismo, como si hubiese que rendirle pleitesías cuasi imperiales.
Pero más allá de lo que al final es meramente anecdótico, el mensaje leído por Norma Piña en su participación en el acto fue un posicionamiento sobre la independencia judicial que, obviamente, tampoco causó agrado en la “4t”.
“La Ley Suprema tiene que ser una realidad en aras de la dignidad de cada persona, en aras, precisamente, de la consecución de los fines del proyecto nacional.
La dignidad se construye día a día, con respeto entre los individuos, entre los poderes, e, incluso, entre las naciones”, manifestó en uno de los puntos centrales de su discurso.
“La diversidad entre quienes impartimos justicia, no solo es inevitable, es deseable. Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten, y nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una
Judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental.
“Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esa garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia.
“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre, en beneficio de la sociedad”, aseveró la ministra Piña.
En el año y siete meses que le quedan al sexenio y ante las ambiciones desbordadas de los que buscan imponer una “democracia” a su modo, en la que no exista la pluralidad de ideas y de voces y se anule la oposición política, proteger la independencia y autonomía de los poderes y las instituciones será el gran reto de México, sobre el que se basará la viabilidad y el futuro del país.
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