Col. Candelero
Abraham Mohamed Z.
(Por su importancia, decidí darle el espacio de mi columna a las reflexiones y propuestas que mi apreciado amigo, colaborador de Candelero y pre candidato de Morena a la Presidencia de la República, Ricardo Monreal Avila, dio a conocer en el Seminario que sobre Paz y Violencia organizó el Colegio de México. No tiene desperdicio…bien vale la pena).
Tras su preámbulo de agradecimiento a los distinguidos miembros del ColMex por la invitación que le hicieron al Seminario, así empezó Monreal:
-Tengo que aceptar y decirlo, que México, desde hace unas dos décadas mínimo, está herido.
La inseguridad que prevalece desde hace varios lustros ha lastimado nuestra convivencia y ha mermado nuestra tranquilidad.
A pesar de los esfuerzos realizados en la actual administración, sigue siendo, sí, como lo dije hace varios años, una asignatura pendiente.
Reconocer este problema y empezar a resolverlo y enfrentarlo es lo mejor.
Hace unos años, 2008 si mal no recuerdo, escribí un libro que podría ser muy actualizado ahora, hace pues, casi 14 años, o más de 10 años.
Ese libro se llama “Escuadrones de la Muerte”. Y hablaba de cómo los grupos del crimen organizado se iban adentrando e iban controlando territorios completos del país.
Por eso, el tema de la seguridad hay que analizarlo desde tres ópticas, para mí:
La seguridad jurídica. La seguridad pública. Y la procuración e impartición de justicia.
En clara alusión a todos estos, debo de decir que yo tengo la convicción de que podemos impulsar y defender el Estado de Derecho, que implica invariablemente respetar la Constitución y las leyes.
Esto significa, entre otras cosas, que la acción política de gobierno se debe desarrollar dentro de la legalidad y en abierto rechazo a la violencia.
Uno de los anhelos fundamentales en México, es lograr que la ley se convierta en el marco legal de las relaciones sociales y no sólo en un referente con el que se negocie.
Un Estado sin seguridad jurídica está destinado al fracaso. Por ello, debemos reforzar el respeto por la ley, tanto ciudadanos como autoridades.
Debemos entender que es necesario para mantener la cohesión social e impulsar la igualdad y el crecimiento.
Lo importante, como decía Montesquieu, es que la fuerza de la ley sea aplicable a todo el mundo. Sólo así podríamos acercarnos al umbral de la justicia.
Paradójicamente, la defensa de la Constitución y la consolidación del Estado de Derecho pasa hoy, desde mi punto de vista, por un imprescindible marco de reformas, o una reforma integral al sistema de impartición y procuración de justicia, que permita combatir efectivamente el crimen, que termine con la impunidad de los que lo cometen y que permita ejercer plenamente el derecho ciudadano a la seguridad pública, y sobre todo el respeto a los derechos humanos.
En materia de seguridad pública es donde tenemos la mayor deuda con la sociedad.
La mayor tragedia de México es la inseguridad, que campea en buena parte del territorio nacional y que campea desde hace décadas. El Estado Mexicano desde entonces ha venido perdiendo el control de parte del territorio. Es la verdad que ha sido complicado. El Estado Mexicano tiene esta asignatura de ofrecer seguridad.
Ahora que he estado viajando en muchas partes del país, ayer mismo en Jalisco, vemos que la preocupación es creciente y me decían, en Jalisco, en Puerto Vallarta, que tenían preocupación porque hay lugares y como así lo confirmo, territorios completos bajo el control del crimen organizado, donde no entra el Estado, donde no hay presencia institucional, y eso evidentemente es delicado.
Por eso, yo insisto en que la Estrategia de Seguridad Pública debe profundizarse y debe revisarse.
La seguridad pública sigue constituyendo el reto más importante de la convivencia armónica de toda la sociedad.
Particularmente Las Américas tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, ¡del mundo!, menos 17 por ciento y concentra el 37 por ciento de las víctimas, ¡37 por ciento!, de las víctimas por homicidios a nivel mundial.
América Latina y el Caribe, con el 8.4 de la población mundial registra el 33 por ciento de los homicidios. Y 14 de los 20 países más violentos del mundo, están ubicados en esta región.
La situación también afecta a Estados Unidos, con cuatro de las 20 entidades, o ciudades, más inseguras del mundo.
Los índices de feminicidios, asesinatos a periodistas, violencia familiar y otros delitos del orden común se encuentran también entre los más altos del mundo.
En nuestro país, y de conformidad con lo dispuesto en el 21 constitucional, la seguridad pública es una función del Estado, a cargo de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, cuyos fines precisamente es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas.
Sin embargo, no hemos podido alcanzar ese mandato constitucional. Los delitos cometidos vulneran no sólo los derechos y libertades de la persona en lo particular, sino que pone en riesgo el tejido social en el que se sustenta nuestra vida comunitaria, por lo que existe un clamor generalizado para reconstruirlo.
Lo lograremos. Sin embargo, necesitamos comprometernos en hacer reformas, en hacer modificaciones, en hacer de la justicia el cobijo de nuestra vida comunitaria y que entendemos ésta como el fortalecimiento del Estado de Derecho en un proceso permanente en que gobernantes y gobernados se sometan al respeto irrestricto de la ley.
Para combatir el crimen no hay que delinquir, pero sí actuar con firmeza y apego a nuestro Marco Jurídico, donde los delincuentes apliquen la fuerza; ahí donde ellos hacen de su fuerza su derecho, el Estado debe de intervenir, porque su derecho no es matar, ni violar, ni cometer delitos; es más, no es derecho, es una conducta antijurídica.
Por eso, debemos construir un país donde podamos vivir a salvo del crimen, donde nuestros hijos puedan salir a la calle sin verse amenazados; construir un país donde nadie absolutamente nadie, esté al margen de la ley, donde policías y ladrones sean realmente enemigos, contrarios, donde las leyes se cumplan hasta sus últimas consecuencias.
Un país donde quienes persiguen a los criminales sean funcionarios ejemplares, donde las instituciones cuenten con las herramientas para erradicar la violencia de nuestra vida cotidiana.
La primera herramienta que se debe de seguir aplicando es la de la prevención, atacando las causas más hondas, la atención a la pobreza y a la marginación.
En consecuencia, hay que mantener, e incluso ampliar los programas sociales, pero dotarlos de reglas de operación más claras, que aseguren que los recursos llegarán a las personas que lo necesiten.
Sabemos que este programa no es suficiente y que se requiere fomentar la movilidad social.
Por eso, es indispensable crear y mejorar las condiciones para la inversión y la generación de empleos bien remunerados y dignos; menos pobreza y marginación, mayor inclusión social y mayor crecimiento económico.
Son cuatro columnas para avanzar una sociedad más equilibrada y menos vulnerable.
Debemos buscar que, en los próximos años, en los nuevos gobiernos, todos los recursos del Estado Mexicano disponibles para seguridad, sean utilizados, para establecer el orden e imponer la vigencia de la ley en cada metro cuadrado del territorio nacional; cero tolerancia a la delincuencia.
La segunda herramienta, es la intervención de la Fuerza Armada Permanente, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, que deberá hacerse bajo una estrategia y un plano que sean acorde, primero que nada, con el respeto de los derechos humanos.
Y, en tercer lugar. Hay que tener presente que cada región tiene sus condiciones, sus condiciones propias, de manera que no necesariamente es posible identificar en soluciones comunes y únicas.
Para ello, es necesario contar con un estudio, diagnóstico en cada región e intensificar la actividad de inteligencia para actuar con precisión, así como de inteligencia financiera para debilitar el poder económico de las bandas, todo ello acompañado de mayor presencia de la Guardia Nacional y de las fuerzas policiales con protocolos precisos y eficaces, y desde luego asegurar el debido proceso mediante la capacitación y el reconocimiento a los servidores públicos que lo realizan bien.
En general, tenemos que reconstruir el tejido social. Pero particularmente en estos lugares donde la delincuencia ha tomado el control ante la ausencia de las autoridades y han incidido para romper la estructura social e imponer la suya, la pobreza y la ignorancia propician que las mafias se presenten como benefactores, otorgando despensas, salarios y ofreciendo, paradójicamente, seguridad; ofrecen seguridad los delincuentes. “Dame una cuota por mes a cambio de que no te afecten a tu comercio, a tu local, a tu restaurante”.
En los centros turísticos, habrá que implementar propuestas específicas, en coordinación con autoridades estatales, municipales y escuchando a los empresarios del ramo, pues no debemos olvidar que el turismo representa un importante ingreso, después de las remesas y el petróleo.
No nos podemos dar el lujo de perder esa importante fuente de divisas y de empleo.
También, cambiaremos y debemos cambiar el modelo actual en el que se calcula un número de policías en función del número de habitantes, sin tomar en cuenta la población flotante de turistas, que en determinados lugares revelan las decenas de miles.
Cuando vine hacia unos años aquí, a una conferencia sobre un libro que escribí, que se llama “Economía del Delito”, este es el ejemplo de la alcaldía Cuauhtémoc.
En la alcaldía Cuauhtémoc vivimos 550 mil personas, aproximadamente, y los policías destinados se toman en cuenta y se asignan en razón del número de habitantes que ahí vivimos, pero no se toma en cuenta para efectos presupuestales ni de vigilancia, que diario transitan entre cuatro y cinco millones de personas que no viven en la Cuauhtémoc, pero que trabajan en la Cuauhtémoc, o transitan en la Cuauhtémoc.
Ese es un gran problema. No nos podemos dar el lujo tampoco de ignorar la profundización que amerita el combate al crimen organizado. Debemos enfocarnos más, y eso para mí es un tema fundamental.
En la ruta del dinero. Hay que aumentar la bancarización de las operaciones en general, para reducir el margen de maniobras ocultas.
Es necesario impulsar que todos estemos dentro del sistema financiero, para que se pongan en relieve las maniobras y las actividades ilícitas.
Es importante que no sólo se combata el lavado de dinero que implica grandes montos, o que se realice a través de grandes empresas. Hay que atacar al que se afecta en comercios locales, especialmente ahora que hay territorios en los que los delincuentes son empresarios y son empleadores. Tenemos que recuperar territorios para que regresen bajo la protección del Estado.
Venimos arrastrando desde hace décadas problemas en este rubro. Este fenómeno de la inseguridad es producto de años de complicidad y deterioro de un proceso en el que las bandas criminales se fraccionaron, se multiplicaron, se fortalecieron e incluso se radicalizaron en sus métodos criminales, mientras que observamos a la autoridad pasiva y omisa, o incluso algunas expresiones de la autoridad se coludieron y permitieron el avance delincuencial.
Tales fueron las condiciones que se heredaron y así se inició la transición política del 2018. Los grupos criminales ampliaron su red de acción, esparcidos a lo largo y ancho del territorio y expandieron desde hace 20 años sus fronteras de dominación con la tolerancia, complacencia y complicidad de las policías civiles y probablemente hasta militares.
Así lo demuestran las investigaciones en casos de altos funcionarios con nexos con otras agrupaciones, al igual que episodios lamentables, entre ellos, el operativo fallido “Rápido y Furioso”, y otros eventos parecidos.
Entre la violencia delictiva que enfrenta nuestro país, en la que sufren las mujeres, representa una situación inaceptable por las formas, recurrencia e impunidad que registra.
El cumplimiento de la seguridad jurídica y el principio de justicia en el delito de feminicidio, no sólo consiste en brindar conocimiento pleno o certeza de los derechos, o penas y procedimientos establecidos en el tipo penal con el objeto de garantizar una vida libre de violencia contra la mujer. Tenemos que evitar que siga cometiéndose.
El combate al feminicidio es obstaculizado por varios factores. Uno que merece mención y atención es la heterogeneidad del tipo penal.
En efecto, dado nuestro modelo de República Federal, cada entidad federativa regula de forma autónoma la materia penal, por lo que en nuestra Legislación se encuentran 32 leyes, 32 códigos, y un tipo penal distinto en cada una de las entidades federativas, por lo cual al no existir un Código Penal Único en nuestro país, el legislador local no ha querido, o no ha podido, o nosotros en la Legislación Federal no hemos sido capaces de crear un Código Único, como ya lo hicimos en materia civil y familiar; un Código Penal Único en materia penal.
Situación como el feminicidio se presenta también en el caso de secuestros, traba de personas, por citar sólo algunos ejemplos, por lo que se impone la necesidad de homologar los tipos penales. Mientras en un Estado agravan la pena, en otros ni siquiera lo consideran grave.
Por eso es el tema de fondo. Yo sí creo en que tenemos que homologar los tipos penales. Y esto constituye una propuesta fundamental.
Ya presenté una Iniciativa para este objeto y efecto de modificación al 73 constitucional. Antes de pedir licencia lo presenté, para ir al Código Penal Único.
Hay tres temas que merecen una atención especial. Primero, que es muy común, lamentablemente, desde que yo escribí el libro, 2012 o 2008, no recuerdo, “Escuadrones de la Muerte”, ya estaba el cobro de cuotas, el derecho de piso, que rara vez es atendido por la autoridad local para enfrentarlo.
Por eso, se requiere creación de unidades especializadas, urgentes, con participación de la Policía y el Ministerio Público, que investiguen de forma proactiva a las organizaciones dedicadas al cobro de cuotas, pues prácticamente por temor nadie denuncia.
Y de nueva cuenta, el delito de extorsión en los 32 Estados, son regulados de manera distinta y todos con una penalidad o con una sanción demasiado ligera.
La seguridad en carreteras, particularmente en el ámbito ciudadano, civil, pero también en el empresarial, hay una creciente preocupación por los frecuentes robos que padecen desde hace décadas, incluso en algunas de las autopistas de mayor tráfico en el país.
De ahí la importancia de concluir este proceso de reemplazo de la, ¿se acuerdan ustedes?, de la que fue Policía Federal de Caminos, o Policía Federal de la División de Seguridad Regional, que arrastraba problemas graves de corrupción y que fue sustituida por la Guardia Nacional.
Pero tiene que haber un equipo profesional en el ámbito de las carreteras para el patrullaje en cada tramo carretero.
El tema de los jóvenes, que también son víctimas de la delincuencia, por un lado, porque la falta de oportunidades los empuja en ocasiones a participar ilegalmente, y, por otro lado, en contra de su propia voluntad son reclutados.
Ayer que estuve en Jalisco, en Tonalá, el maestro de la Preparatoria me alertó de que están ocurriendo desapariciones de jóvenes en Jalisco, jóvenes de la Preparatoria, que son reclutados por el crimen organizado, obligados a incorporarse a las filas del crimen organizado y me decía el Director de la Preparatoria que era preocupante en Jalisco: Tonalá.
Entonces, y, por otro lado, también jóvenes que son detenidos y extorsionados por autoridades por consumir en algunas partes marihuana.
Esto se debe de resolver con la legalización del uso de cannabis, en el que yo estoy totalmente convencido. Habrá que fortalecer la recientemente creada Comisión de Salud Mental y Adicciones, y los programas de atención y tratamiento de las localidades donde se concentra esta crisis de adicciones.
Tengo localizados los lugares, pero lamentablemente ya no sólo son adicciones de marihuana, sino el Fentanilo está causando estragos en los jóvenes.
Por eso, como mencioné al inicio, el tema que hoy nos reúne pasa por la Seguridad Jurídica, por la Seguridad Pública y el Sistema de Procuración y Administración de Justicia.
En cuanto a este último, el artículo 17 de la Constitución establece una serie de principios y bases que sustentan la aplicación de la justicia.
Ahí se dispone que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, y que todos tenemos derecho a la tutela jurisdiccional de forma pronta y expedita.
Esto significa que el proceso de administración de justicia no sólo debe de estar al alcance de los justiciables, sino que las cuestiones que se plantean a través del mismo, deben resolver en un periodo razonablemente breve, de tal manera que las sentencias resulten oportunas.
Lamentablemente, por desgracia, no hay justicia pronta y expedita; no hay. Tenemos un sistema de justicia aletargado, incluso muy largo el proceso para sentenciar, y esto lastima la legitimidad y la credibilidad del sistema mexicano, del sistema jurídico mexicano, del Estado Mexicano.
Por eso, estas son las grandes razones. Porque una de las funciones que da sentido y justifica al Estado, es su capacidad para resolver de manera pacífica y efectiva los conflictos que surgen y que exigen contener la violencia, y hacer valer los derechos, la paz y la seguridad.
Porque el Estado falla no podemos perder la esperanza de que siempre será así. Porque cuando el Estado falla en esta función, acepto, pierde credibilidad y confiabilidad y abre la puerta para la acción de los poderes fácticos y legales que la suplantan.
Porque cuando las personas no encuentran mecanismos para resolver sus conflictos, recurren a diversas formas de tomar justicia por su propia mano. La aspiración a que México tenga una buena justicia es de todos.
Es larga, como nuestra historia, y hay que reconocerlo, jamás la hemos tenido, jamás lo hemos logrado cabalmente.
Hemos avanzado y hay momentos en que algunas reformas permitieron mejorar instituciones de justicia más independientes y eficaces.
Pero también es cierto que de manera recurrente la percepción sobre la justicia es mala, y que las mexicanas y los mexicanos desconfían de sus jueces, de sus tribunales.
La última medición del Índice de Estado de Derecho del 21-22, es consistente con la problemática que se ha venido arrastrando en los últimos años, pues el promedio nacional para los factores de justicia civil y penal, alcanzan apenas 36 puntos sobre los 100.
Es decir, están mal evaluados. Sienten los ciudadanos que la justicia no está funcionando en México. Diversos estudios, encuestas, diagnósticos, confirman esta situación.
Por eso, es necesario que los procesos judiciales, largos y costosos, no lo sean, sino que sean flexibles y adaptables a las circunstancias.
Existen numerosos obstáculos, tanto para el acceso a la justicia como para el resultado y que éste contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos.
La justicia se percibe como lejana. Resulta mayoritariamente incomprensible para los ciudadanos y se incrementa la desigualdad social.
Lamentablemente se tiende a privilegiar la forma procesal sobre la resolución del conflicto, y las personas que enfrentan un conflicto con mucha frecuencia no saben a dónde acudir o cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo.
A pesar de todo, resulta indispensable pensar en una gran reforma integral en materia de justicia, por varias razones.
Primero. Porque la garantía efectiva del acceso a la justicia no es completa, y aunque facilita que los derechos se reivindiquen, no produce consecuencias para quien lo transgrede.
Por eso es que necesitamos combatir la impunidad, porque una justicia lenta es ineficiente, crea un entorno de incertidumbre y esto afecta negativamente al crecimiento y al bienestar, porque esta incertidumbre genera desconfianza, no sólo hacia la autoridad sino hacia otros ciudadanos y la desconfianza termina por romper el tejido social.
En la historia reciente del país, hemos tenido cuatro grandes reformas, o cuatro momentos de las reformas en materia judicial.
El último ejercicio fue apenas dos años, la Reforma del 2021, que se formuló en un paquete de reformas constitucionales y legales, pero se trató de una Reforma funcional y estructural del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, no incidió directamente en los sistemas de justicia, ni federal ni local.
Un buen diagnóstico para pensar en una reforma al sistema judicial con incidencia nacional, también debe incidir reconocer que en México tenemos 33; 33 sistemas de justicia diferentes.
Es cierto que substancialmente, sustantivamente están vinculados por la figura del Amparo, sobre todo el Amparo directo en el Poder Judicial Federal, pero orgánicamente son independientes entre sí, mucho más importantes en algunas partes que en otras, y los tribunales locales diferentes todos entre sí.
Es difícil porque en muchos de ellos el control del gobernador y la gobernadora es impresionante, no hay autonomía y obviamente generan vicios y vacíos enormes.
En el 2021, el tema del rezago se evidenció. Ingresaron en primera instancia en los Estados más de tres millones de asuntos: 3 millones 130 mil 586 asuntos, y los juzgados de Distrito, que serían el equivalente en la primera instancia federal, recibieron 627 mil.
Es decir, Justicia local: 3 millones 200 asuntos. Justicia federal: 600 mil asuntos. Es enorme la diferencia.
Dada esta distribución de la carga del trabajo y el número de personal jurisdiccional que los atiende, sería razonable esperar que el presupuesto agregado en los Poderes Judiciales Estatales fuera mayor, por lo menos igual que el presupuesto del Poder Judicial de la Federación.
Los datos revelan una realidad totalmente distinta. Si se comparan los presupuestos 2020 de todos los Poderes Judiciales Estatales, recibieron apenas el 40 por ciento del presupuesto global que recibe el Poder Judicial Federal.
Mientras que el Consejo de la Judicatura concentró 60 por ciento de los recursos, sin considerar otros, como, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Agrario, que no están totalmente involucrados en la escala, o en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
Entonces, ¿nosotros qué planteamos? una serie de medidas importantes:
1.- Establecer condiciones financieras que permitan obtener una independencia económica de los Poderes Judiciales locales.
2.- Establecer un andamiaje institucional en los poderes judiciales locales que garantice su independencia operativa.
3.- Crear un mecanismo para facilitar y apoyar la coordinación de los poderes judiciales del país y generar estándares sobre la conformación, funcionamiento, carrera judicial y capacitación.
4.- Mejorar el diseño de los Consejos de la Judicatura y de los órganos de administración de los Poderes Judiciales.
5.- Desarrollar con visión federalista las leyes generales en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias no penales y de justicia cívica e itinerante.
6.- Revisión integral del funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el país.
7.- Revisión de figuras como la Prisión Preventiva Oficiosa, Arraigo y aquellos aspectos procesales que han dificultado su aplicación.
8.- Establecer un Sistema Nacional de Coordinación de Defensorías Públicas, con el objeto de homologar criterios de selección, permanencia, promoción, remoción o remuneración de sus integrantes.
9.- Impulsar el uso de tecnologías de la información para el trámite, resolución de conflictos, tanto de medios alternativos como de juicios en línea.
10.- Implementar mecanismos de coordinación efectiva entre las Fiscalías y los Poderes Judiciales de los Estados.
11.- Impulsar el Sistema de Colegiación de los Abogados del país.
Hay una mención aparte que requiere mucho estudio. El tema de la denuncia ciudadana como un mecanismo eficaz para el combate a la impunidad y a la inseguridad pública.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que se elaboró por el INEGI, la llamada “cifra negra”, que son los delitos no denunciados, más los denunciados en que se haya integrado su correspondiente carpeta de investigación, en el año, recientemente, 2002, fue del 75 por ciento; 2002, hace 20 años.
En el 2020 se incrementó del 75 al 90 por ciento, la “cifra negra” de delitos no denunciados.
Estos datos revelan la falta de confianza en la justicia, la falta de profundización en la política de prevención social de la violencia y la baja efectividad en la capacidad de investigación y resolución de los delitos.
Además, pone en evidencia las razones de la indiferencia ciudadana frente a la denuncia. La ausencia de políticas ministeriales para recibir en forma ágil y eficaz las demandas, así como la corrupción, que percibe la propia sociedad en la autoridad de varios tramos de actuación. La complejidad burocrática ministerial en la recepción de las denuncias.
Todo lo he venido haciendo y planteando de manera muy puntual en este documento que ahora les voy a dejar en El Colegio de México.
Quiero decirles que me alegra que se estén haciendo este tipo de ejercicios y que se hagan con los actores políticos de todos los signos políticos, porque el tema de la seguridad es un tema que a todos nos atañe, independientemente de cómo pienses, cómo actúes, o cómo votes.
Es un tema delicado y yo creo que todos tenemos que ponernos de acuerdo en el diseño de esta política pública.
Yo sé lo que podemos hacer. Tengo propuestas serias. No soy improvisado. He pasado por este tipo de circunstancias y sé que puede operar nuestra paz y nuestra tranquilidad.
Y Ricardo Monreal tras repartir los ejemplares que traía del valioso documento que ya leíste entre los asistentes al Seminario se dispuso a escuchar y a responder las preguntas que le formularon, ejercicio muy importante que –por motivo de espacio- te daré a conocer mañana.
No te la pierdas…!
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