Por: José Alberto Vázquez Cruz
La teoría del Estado de Derecho presupone poderes públicos independientes, que cumplan con su misión de servir al interés colectivo y a ser factor de equilibrio y contrapeso entre unos y otros.
Sin embargo, la historia pública de nuestro país, hasta hace muy poco, ha visto solo una manera de hacer política, con un sistema presidencialista hegemónico y un partido omnipresente al cual se le rendía pleitesía sin ninguna oposición partidista y menos de los otros poderes.
Incluso, en 1994, se dio lo que algunos califican hasta la fecha, como un golpe de Estado, sobre todo a la autonomía del poder judicial, al reducir el pleno de la Suprema Corte de 26 a 11 ministros, por decisión del Ejecutivo, pues el entonces presidente Ernesto Zedillo fue el autor de la iniciativa y con la aplanadora legislativa del PRI y PAN en el Congreso de la Unión, en un lapso breve, se reestructuró el poder judicial federal.
A los ministros salientes, se les ofertó una “jubilación dorada” que muchos aceptaron, entre ellos el propio presidente de esa Suprema Corte, Ulises Schmill, sin el menor reclamo.
La Corte nunca había sido factor de confrontación, casi siempre resolvió con base en el interés privado o público, ahí están las nada celebres resoluciones sobre el anatocismo o sobre los crímenes de Aguas Blancas.
Pero todo esto cambio en 2018; muchos integrantes de la derecha se refugiaron o en los órganos autónomos, en la academia o el poder judicial, pues en el Ejecutivo ni Legislativo federal tuvieron cabida ante la llegada de un régimen diferente.
La confrontación se acentúo con la llegada de la ministra Norma Piña, propuesta en 2014 por Enrique Peña Nieto, a la presidencia de la Corte, pero desde los tiempos del ministro Zaldívar, la polarización en las decisiones del máximo tribunal estaban evidenciadas.
Lo cual no necesariamente es malo, es parte de un proceso de deliberación democrática, los poderes por primera vez en nuestra historia discrepan públicamente.
Pero como reza el viejo adagio, el que se ríe se lleva. Las viejas estructuras deben cambiar, eso no han advertido en el poder judicial, usan a la opinión publica para exponer sus argumentos sin esperar que también, como en efecto bumerán, los ponga en el ojo del observatorio público.
En el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, la algidez en la confrontación se advierte de grandes dimensiones.
Como primer choque, los cuantiosos recursos del poder judicial pasaran al escrutinio de la austeridad republicana representada en el Congreso.
Nos referimos a los 13 fondos y fideicomisos que no están contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que el poder judicial guarda celosamente:
• 5 pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal
• 6 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
• 2 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Estos fondos contienen alrededor de 21 mil 500 millones de pesos al segundo semestre de 2023, algunos tan ofensivos como el denominado “para el Mantenimiento de Casa Habitación de Magistrados y Jueces”.
Morena y sus aliados en el Congreso han referido que estos recursos serán destinados al sistema de ayudas que brinda el gobierno para personas mayores, personas con discapacidad y becas a jóvenes estudiantes.
Por otro lado, la oposición y la derecha en el poder judicial han señalado que impugnarán esta medida ante la propia Suprema Corte.
Será interesante escuchar a los ministros resolviendo un tema de su propio interés, serán juez y parte.
En un tema que avanza conforme los plazos legales, la Cámara de Diputados conforme la fracción IV del artículo 74 de la Constitución General, tiene como facultad exclusiva la “aprobación Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.”
Por esta razón primero resolverán sobre los fideicomisos del poder judicial, para que, con la suma de lo obtenido proyecten el presupuesto federal.
Ahora bien, se ha anunciado que habrá reducciones en lo que solicita el Consejo de la Judicatura, para 2024 el poder judicial solicita alrededor de 84 mil millones de pesos, monto superior en 7 mil 200 millones superiores a lo aprobado en 2023.
Aunque parezca discrecional, el análisis del presupuesto no es arbitrario, tiene reglas.
La discusión del paquete económico como toda ley debe preservar los valores de deliberación democrática, es decir, permitir la participación de todas las fuerzas en los tiempos que establece la ley, votaciones claras y transparentes, así como la publicidad en la deliberación.
Además de la fundamentación y motivación del dictamen de presupuesto, las fuerzas mayoritarias representadas en el Congreso pueden dirigir el paquete económico en la dirección política que corresponda, el reto para ellos será tener una mayoría verificable, no ausente, en cada una de las etapas de la deliberación y votación.
Si Morena y aliados quieren avanzar con paso firme para este presupuesto, deben hacer acopio de fuerte disciplina de sus legisladores y compromiso sólido con el proyecto de nación que enarbolan, porque es indiscutible que esta discusión concluya en el Pleno de la Corte y ahí deben pesar las razones que hoy esgriman desde San Lázaro.
Una entrega de Latitud Megalópolis para Índice Político
