Aunque Quintana Roo es el segundo estado con la mayor inversión extranjera directa turística en 2023 ya que, de enero a septiembre, tuvo un aumento del 8.3% de visitantes, de acuerdo con la Secretaría de Economía, en el estado prevalece un desarrollo inmobiliario irregular que afecta a sus Áreas Naturales Protegidas.
El sitio oficial de la Secretaría de Hacienda, Transparencia Presupuestaria, informó que la entidad tendrá en 2024, entre aportaciones y participaciones federales, un monto presupuestal de 25 mil 362 millones de pesos, una cifra récord para la entidad, lo que atrae importantes inversiones en ámbitos diversos porque se consolida como un destino atractivo, con certidumbre para invertir y una positiva proyección económica.
Dicha prosperidad podría permitir una importante inversión de recursos para promover una estrategia y programas de manejo que impulsen a los desarrollos sustentables y regulados para detonar el crecimiento ordenado y ayudar a preservar sus ANP y proteger el patrimonio cultural de la entidad.
El desarrollo inmobiliario sustentable busca crear edificaciones y comunidades que sean habitables, saludables, seguras, accesibles y equitativas, al tiempo que se minimiza el impacto en el medio ambiente y promover la sostenibilidad a largo plazo garantizando la calidad de vida para las generaciones actuales y futuras.
Sin embargo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) denunció “tortuguismos” en Quintana Roo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues aseguran que generan un “cuello de botella” para la autorización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), provocando el desarrollo irregular.
De acuerdo con la dependencia, de 300 solicitudes presentadas, sólo se ha dado resolución al 15%, y que el retraso en el otorgamiento de licencias ambientales de aprovechamiento de agua y de cambios de uso de suelo, provoca un impacto negativo en la generación de empleos e implica desaprovechar el atractivo para el nearshoring.
Sobre lo anterior, información de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) reveló que en Quintana Roo solo 33.1% de los proyectos de desarrollo urbano y turísticos, entre el 2018 y 2022, fueron sometidos a una evaluación ambiental para determinar su impacto.
Aunado a esto, no contar con la facultad para hacer valer el derecho en materia de desarrollo regular por la falta de capacidades de vigilancia dentro las ANP y los recortes al presupuesto de las instituciones ambientales también han fomentado la irregularidad en los desarrollos inmobiliarios de la entidad.
Un ejemplo es lo que ocurre con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), pues es la dependencia encargada de administrar las ANP y que desde la administración pasada, sufre de constantes recortes, porque los proyectos de presupuesto de egresos de la Federación presentados al Congreso de la Unión desde 2018 han quitado dinero a la dependencia año tras año.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, también se ha visto afectada por los recortes al presupuesto y se ha reflejado en la disminución de sus capacidades de vigilancia al contar únicamente con dos inspectores en todo el estado, situación que ha sido aprovechada por el desarrollo turístico irregular.
Los decretos del Gobierno Federal de Áreas Naturales no han sido suficientes para garantizar la protección de sus biodiversidad y ecosistemas, pues sin una estrategia con reglas claras, la falta de permisos y de vigilancia, abre espacios para la irregularidad por los precedentes que existen en Quintana Roo.
Es por ello que, para lograr la sustentabilidad en el sector inmobiliario en las ANP de Quintana Roo, es fundamental que promover una estrategia integral en conjunto con la Iniciativa Privada (IP), el gobierno federal y estatal, así como las comunidades y autoridades ambientales, en las que se establezcan reglas claras y se faciliten los permisos necesarios para proyectos que cumplen las características necesarias para ser considerados como sostenibles.
Además, existen programas de manejo que plantean una normativa robusta para la preservación de recursos naturales, que toman las mejores prácticas, apegándose al programa estratégico para el turismo en ANP.
Tal es el caso de la ANP de Yum Balam, que cuenta con un programa de manejo desde 2018, que establece la viabilidad de llevar a cabo un desarrollo sustentable bajo ciertos parámetros, cuidando en todo momento la densidad que se permite por hectárea.
En la Isla chica de Holbox se requieren 26.64 hectáreas para hacer 16 hectáreas de desarrollo de tres pisos máximo, y 4 mil 800 hectáreas para hacer 16 hectáreas de desarrollo en la isla grande, es decir, en esta última necesitas 180 veces más terreno para poder desarrollar lo que se permite en Isla chica, a pesar de que es un predio más bajo y por tanto, con mayor fragilidad en términos de impactos ambientales que la Isla Grande que se encuentra con mayor altura.
