RODOLFO VILLARREAL RÍOS
Sí, ya sabemos que, al leer el titular, los guardianes del sacrosanto periodo de reflexión del voto imaginarán que les cayó un incauto irreflexivo quien osó abordar temas que contravienen la ley. Sin embargo, les tenemos noticias, nosotros nos ocupamos de revisar y comentar asuntos históricos y, si para alguien, los hechos actuales pudieran lucir parecidos a lo que sucedieron en el pretérito, les recordamos que en el período que revisaremos gobernaba el país un estadista en ciernes a quien respaldaba un grupo integrado por quienes fueran parte de la generación más brillante de nuestra historia, la de LOS HOMBRES DE LA REFORMA. Aunado a esta precisión, cabe mencionar que, para no caer en la tentación de pecar de pensamiento, palabra u obra, elaboramos este escrito el miércoles 29 de mayo. Una vez realizadas las aclaraciones pertinentes, vayamos a lo prometido la semana anterior.
Recordemos que en la Alocución por la Divina Providencia, el ciudadano, Giovanni Maria Mastai Ferretti Solazzi, el papa Pío IX, clamaba que varios de sus muchachitos habían sido desterrados de México y los victimizaba presentándolos, sin dar sus nombres, como almas pías. Lo que esta persona olvidó mencionar fueron los motivos de la expulsión. Se les echaba por haber sido los promotores y apoyadores de los conservadores durante la llamada Guerra de los Tres Años o la Guerra de Reforma. La evicción se materializó mediante decreto del 17 de enero de 1861, cuando el presidente Benito Pablo Juárez Garcia ordenó la salida del delegado apostólico en México, monseñor Luigi Clementi, y de los prelados mexicanos encabezados por el arzobispo de México, Lázaro De La Garza y Ballesteros, vaya desperdicio de una mente brillante, así como los obispos de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía y Núñez; de San Luis Potosí, Pedro Barajas y Moreno; y de Guadalajara, Pedro Espinosa y Dávalos. Igualmente, se incluía al obispo de Durango, José Antonio Laureano López De Zubiría y Escalante quien terminó escondido en una cueva ubicada en Canatlán, Durango, evitando el destierro. La evacuación, sin embargo, no agradó a todos los Liberales.
Joaquín Francisco Zarco Mateos, expresaba su desacuerdo en las páginas del diario El Siglo Diez y Nueve, señalando que “el destierro de los obispos por más que quiera tener carácter de energía no es más que una prueba de verdadera debilidad y una violación a la Constitución”. Por su parte, Juan Antonio De La Fuente Cárdenas manifestó su descontento mediante la renuncia al Ministerio de Justicia en la cual indicaba que “el sólo juicio a los obispos [sería] como un homenaje a la democracia”. En aquella generación no había miembros del clan “sí señor, lo que usted diga”. Eran seres pensantes con perspectiva propia. La diferencia de opinión no ocasionó que el estadista en ciernes los llenara de epítetos, la disidencia era válida. Independientemente de coincidencias totales o no, Juárez y los Liberales pusieron manos a la obra para iniciar la construcción de una nación que estaba en situación más que deplorable, algo sobre lo que informó durante la instalación del Congreso.
El 9 de mayo de 1861, en su calidad de presidente interino, Juárez se congratulaba del triunfo de la República y la restauración de la prevalencia de la Constitución. Les comentaba acerca de la satisfacción que le generaba ver reunidos a los legisladores a quienes les recordaba que “las elecciones que los llevaron ahí fueron convocadas antes del completo triunfo de las armas nacionales; no se ha omitido esfuerzo para facilitar las elecciones; los ciudadanos, al emitir sus sufragios, han gozado de la más amplia libertad, y el gobierno ha anhelado el grande acontecimiento de este día, como el complemento de las victorias del pueblo, como la consumación de la revolución progresista, como el principio de una nueva era en que el patriotismo, la prudencia y la constancia afirmen y consoliden para siempre en nuestra patria las instituciones democráticas”. Con eso como objetivo prioritario, el oaxaqueño quiso recordarles a esos legisladores los hechos del pasado reciente cuando, como consecuencia de los apetitos de poder infinitos y los deseos de retrasar el reloj de la historia, un grupúsculo de retrógradas ambiciosos dividió al país y lo puso al borde de la ruina.
Dado eso, les mencionó lo que enfrentaban ante el porvenir indicándoles que “no encontráis… al país en la misma situación en que lo dejó el Congreso disuelto la funesta noche del 17 de diciembre de 1857, ni venís por lo mismo a presenciar y terminar la restauración de aquel estado de cosas”. Era necesario mirar hacia el futuro bajo circunstancias nuevas. En ese contexto, tras de apuntar que la revuelta “causó males profundos, hondas heridas que aún no pueden restañarse”, reconoció que “en el mismo ardor de la contienda, el pueblo sintió la imperiosa necesidad de no limitarse a defender sus legítimas instituciones sino de mejorarlas; de conquistar nuevos principios de libertad, para que el día del vencimiento de sus enemigos no volviese al punto de partida de 1857, sino que hubiera dado grandes pasos en la senda del progreso, y afianzando radicales reformas que hicieran imposible el descubrimiento de sus instituciones”. Pero aquel gobierno decidió que no dejaría sola a la población y optó por “ponerse al frente de ese sentimiento nacional, y desplegar una bandera que fuese a un tiempo la extirpación de los abusos de lo pasado y la esperanza del porvenir”.
Con base en ello, explicaba, surgieron las Leyes de Reforma y todas las relacionadas con la separación del Estado y las Iglesias, a la par de lo cual iba “la secularización… de la sociedad, cuya marcha estaba detenida por una bastarda alianza en que se profanaba el nombre de Dios y se ultrajaba la dignidad humana”. Recalcando que las leyes eran parte esencial de las instituciones, mencionó que desde que el gobierno tuvo como sede Guanajuato, trató de reunir al Congreso, pero las circunstancias se lo impidieron.
Ante eso, al gobierno no le quedó otra opción sino “ejercer la facultad legislativa en cuantas materias era necesaria. Así lo declararon legislaturas de varios estados, y de estos no ha habido uno sólo que no haya ocurrido al Ejecutivo pidiéndole medidas que importaban la facultad de legislar; facultad que autorizaban las circunstancias, y que hacían indispensables las vicisitudes de la contienda y facultad que el ejecutivo deseaba desprenderse ante la representación nacional”. A la par, no dejaba de reconocerse como único en “… la responsabilidad de todas las medidas dictadas por mi administración y que no estaban en la estricta órbita constitucional, cuando la Constitución derrocada y tenazmente combatida había dejado de existir, y era, no el medio de combate, sino el fin que en él se proponía alcanzar la República”.
Nada de que si había errores era porque los subordinados no supieron interpretar sus órdenes, él estaba al frente del Ejecutivo y no acostumbraba a pedir prestados gabanes para cubrirse. En el contexto de la victoria, resaltaba que entre los legisladores electos había varios quienes combatieron a los enemigos del progreso “y cuya elección es sin duda una prueba completa de que el pueblo acepta y aprueba los principios que han sido personificados por sus escogidos”. A la par, reconocía que la victoria fue gracias a las acciones del pueblo, mismas que culminaron cuando “la espada victoriosa del héroe de Calpulalpan abrió las puertas de esta hermosa capital a este gobierno legítimo, dando el golpe de gracia a los usurpadores”. Aquí, hemos de hacer notar que don Benito nunca mencionó que el general triunfador no era otro sino Jesús González Ortega quien fuera su competidor en la elección presidencial aún no calificada.
La victoria, sin embargo, no representaba el fin de las contrariedades. Apenas, comenzaba “una época llena de problemas y dificultades. La lucha había concluido, era menester comenzar una obra de reparación y de reorganización. La guerra, la opresión, todo lo habían desorganizado. Quedaban complicaciones y dificultades en todos los ramos de la administración pública desde las instituciones municipales, hasta las relaciones exteriores… parecía difícil restaurar la unidad nacional”. En el caso de los asuntos internos, “gracias al buen sentido de los Estados y la mayoría de nuestros conciudadanos, las dificultades… han ido desapareciendo y la federación se encuentra firme, unida por el vínculo constitucional, y dispuesta a sostener las instituciones y acatar las leyes…”. El respeto al federalismo y a las instituciones, dos componentes esenciales de todo gobierno que aspire a ser democrático.
Mencionaba que fue necesario expulsar a los ministros en México de España, Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón, y de Guatemala, Felipe Neri Del Barrio y Larrazábal, así como al delegado apostólico, mencionado líneas arriba, por inmiscuirse en los asuntos internos del país y el apoyo que otorgaron a los conservadores. Aun cuando no lo mencionara, una medida similar se aplicó al ministro de Ecuador en México, Francisco de Paula Pastor. En el caso de los dos primeros, dejaba claro que eso no significaba necesariamente un rompimiento de relaciones con las naciones respectivas, esperando que éstas actuaran “bajo el pie de franqueza y cordial amistad, …resolviendo las cuestiones pendientes por los medios usuales entre las naciones civilizadas”.
En lo concerniente al clérigo, aclaraba que no implicaba ninguna “cuestión diplomática, ni ataque a la libertad religiosa… las leyes que aseguran la libertad de cultos, no se oponen a que los católicos residentes en el país mantengan libres relaciones con el jefe de la religión, pero sólo en lo espiritual”. Entre los Liberales, solamente el intelecto más brillante de todos ellos, Ignacio Ramírez Calzada, negaba la existencia del Gran Arquitecto y actuaba en consecuencia. Los demás, eran claros al señalar que los asuntos de la fe eran del ámbito privado y no deberían de mezclarse con las acciones del gobierno y del Estado.
Juárez, inmediatamente, daba un repaso breve a la situación en algunas entidades del país. Indicó cómo Yucatán se dividió en dos estados. Ahí, los indígenas fueron vendidos como esclavos a especuladores extranjeros, por lo cual el gobierno federal dictó medidas para acabar con esa ignominia. En Sonora, prevalecía una guerra de castas que generó la intervención tanto de los estados vecinos como de la autoridad federal con el propósito de que ello concluyera. En general, en cada entidad, se habían implantado medidas buscando que la situación se encaminase hacia el trabajo y el progreso. Se restablecieron los tribunales, al tiempo que se dictaban medidas que ayudaran a una mejor impartición de justicia. A la par, se reconstruían los centros educativos. En igual forma, se decretaban las medidas necesarias para iniciar la construcción del ferrocarril México-Veracruz y el de Chalco-México. Existía, sin embargo, un problema grave causado por los recursos empleados para derrotar a quienes generaron la división.
Juárez reconocía que “la hacienda pública se encuentra en lamentable situación que no pueden remediar las Leyes de Reforma, ni la nacionalización de los bienes de manos muertas, en medio de las circunstancias apremiantes el momento y de urgencias que no admiten demora. Estrictas economías, buena fe y severidad en la distribución de los fondos públicos, son indispensables para crear el erario nacional. El gobierno ha procurado en los presupuestos los ahorros compatibles con el buen servicio público y reconoce la necesidad de dictar medidas enérgicas… para arreglar la deuda pública y contar con alguna parte de las rentas para cubrir los gastos precisos de la administración”.
Si bien, se obtuvieron economías al reducir el número de activos en las fuerzas armadas, fue necesario, en apego a la justicia, otorgar recompensas y apoyos a quienes sufrieron lesiones en el fragor de la batalla. Asimismo, se trató de que los miembros de la Guardia Nacional regresaran a sus estados, pero los rescoldos de los divisionistas provocaban acciones que era necesario apagar para lograr la paz pública. Eso sí, “el gobierno ha hecho cesar la leva que privaba de brazos a la agricultura, la industria y la minería. Ha dejado a la sabiduría del Congreso la formación de las bases que deben de servir para el sistema de reemplazos y para arreglar el contingente de sangre”. Esa era la situación que vivía el país en espera aún de conocer quién sería su próximo presidente constitucional.
El 11 de junio de 1861, se reunió nuevamente el Congreso. Para entonces, desde marzo había fallecido uno de los contendientes, Miguel Lerdo De Tejada y Corral, quedaban Juárez García y González Ortega. El Congreso se constituyó en Colegio Electoral para calificar las elecciones, en las cuales Juárez obtuvo la mayoría absoluta de los sufragios (9647), Lerdo De Tejada (2700), y González Ortega (1800).
Los números pudieran causar sorpresa, pero cabe aclarar que la Constitución de 1857, en el artículo 76, establecía que la elección de presidente era indirecta y quedaba sujeta a lo que estableciera la ley electoral en la cual se especificaba que popularmente se designan electores, uno por cada 500 habitantes y éstos a su vez se reúnen en cada distrito electoral formado por 40,000 habitantes o fracciones mayores a 20,000. Cada junta de Distrito electoral designaba por mayoría absoluta de votos de electores al Presidente de la República.
Bajo esas directrices, los miembros del Poder Legislativo procedieron a emitir sus votos. Al final, 61 lo hicieron en favor de Juárez y 55 por González. Este resultado mostraba que las pasiones entre los triunfadores estaban ahí, muchos consideraban al segundo el idóneo por ser el general triunfante, pero se impuso la fuerza de la razón. Juárez tomaría posesión el 15 de junio dando inicio, ahora sí, a la construcción de la nación, algo que los divisionistas no soportarían y volverían a causar daños a la patria cuando fueron a Europa a traer a Max quien terminaría, junto con sus secuaces, derrotados en 1867.
En ese momento, cabía recordar las palabras que el estadista Benito Pablo Juárez García, pronunciara en aquel 9 mayo de 1861, cuando casi para concluir su informe indicaba algo que nunca dejó de lado, su percepción de la existencia de un ser superior al señalar: “Demos gracias a la Providencia… por haber ayudado al pueblo mexicano a reconquistar sus libertades y sus instituciones, y por haber coronado sus esfuerzos permitiendo que hoy se establezca el orden legal que le ha de asegurar la paz, el bienestar y la prosperidad. Ojalá y hoy comience una era nueva que no tenga término en que reine la legalidad y en que sujetándose las autoridades todas a los preceptos del código fundamental no sólo sea imposible, sino innecesario el reconocimiento de toda dictadura”. La frase pareciera tener carácter de intemporal. vimarisch53@hotmail.com
Añadido (24.21.63) Nada de que mañana, 2 de junio, nos quedamos atornillados en casa. Vayamos a votar y al hacerlo, estemos bien ciertos de la clase de país que queremos para el corto y mediano plazo. No mencionamos lo del largo plazo, dado que, parafraseando al economista inglés John Maynard Keynes, para entonces todos ya no estaremos aquí.
Añadido (24.21.64) Lo execrable no es el video que subió el canciller de Israel, lo nauseabundo es que, el españolito, Pedro Sánchez y sus secuaces hayan otorgado un premio a los asesinos de Hamas al reconocer a los palestinos. Ni modo que nos vayan a decir que hay diferencias entre ambos.
Añadido (24.21.65) Lo bueno es que, en el panbol mexicano, todo se resuelve en caliente sin dar pie a cuestionamientos.
Añadido (24.21.66) Muy fuerte debe de haber sido el apretón que el lobby gay dio al ciudadano Bergoglio Sivori. El sofocón fue tal que, al día siguiente, reculó y se ingirió sus dichos sin darle siquiera un trago al vino de consagrar.
Añadido (24.21.67) Ante lo sucedido el martes pasado en la embajada de Israel en México nos preguntamos: ¿Ya comenzaron los ensayos para la noche de los cuchillos largos?
