Tras años de desencuentros entre el Poder Judicial y las iniciativas del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha puesto en marcha el denominado «Plan C», una estrategia que busca reformar profundamente al Poder Judicial de la Federación.
Este plan surge como bajo el argumento de que existen una serie de obstáculos interpuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las reformas propuestas por el gobierno, consideradas esenciales para la consolidación de la cuarta transformación del país.
La iniciativa del Plan C toca varios aspectos fundamentales de la estructura judicial y busca hacerla más eficiente, austera y transparente, así como fortalecer su legitimidad democrática.
Entre los cambios propuestos se encuentran la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte, el establecimiento de reglas procesales para agilizar la justicia y la eliminación de privilegios excesivos.
La aprobación del Plan C se volvió un mandato popular durante las elecciones del 2 de junio, donde el pueblo mexicano respaldó con más de 35 millones de votos a la coalición liderada por la doctora Claudia Sheinbaum.
Con esta mayoría, se espera una reforma constitucional profunda que transforme el sistema judicial y lo ponga al servicio de los intereses del pueblo, aunque críticos y oposición han señalado que es «contraproducente» quitarle independencia, pues puede caer un juego de servicio de poderes.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha detallado los principales puntos de la reforma al Poder Judicial, destacando que busca construir una institución de justicia independiente y ajena a intereses privados.
Se plantea la elección popular de jueces y magistrados, la reducción de privilegios como las pensiones vitalicias, y la implementación de nuevas reglas procesales para garantizar una justicia expedita y transparente.
Entre las propuestas más destacadas se encuentran:
- Nueva Integración de la Suprema Corte: Se busca reducir el número de ministros de 11 a nueve, con periodos de encargo más cortos y sesiones públicas para transparentar sus decisiones.
- Elección Popular de Jueces y Magistrados: Se propone que estos cargos sean ocupados mediante elecciones democráticas, con reglas claras y paritarias.
- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal: Se plantea dividir este órgano en dos nuevas instituciones con instancias de vigilancia más efectivas.
- Reglas Procesales para una Justicia Expedita: Se establecen plazos máximos para la resolución de casos, se prohíben suspensiones contra leyes de efecto general y se fortalece la justicia local.
El objetivo fundamental que se plantea de estas reformas es devolver al Poder Judicial su papel como garante de la justicia y la democracia, alineándolo con los intereses del pueblo y no con grupos de poder. Se espera que estas medidas contribuyan a combatir la corrupción y a consolidar el Estado de derecho en México.
Sin embargo, la resistencia del Poder Judicial no ha sido poca. La SCJN ha invalidado numerosas reformas propuestas por el gobierno, lo que ha generado tensiones y conflictos políticos. Desde el gobierno se denuncia una serie de acciones por parte de algunos ministros y magistrados que buscan obstaculizar el avance de la cuarta transformación.
El presidente López Obrador ha llamado la atención sobre posibles intentos de desestabilización desde el Poder Judicial, incluso llegando a calificarlo como un «golpe de Estado técnico».
Con información de Contralínea
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