José Alberto Sánchez nava
“..Es como si un paciente con problemas cardiacos tuviese que ser intervenido por un médico cubano, porque se democratizó la medicina y el cardiólogo perdió su puesto de base en el hospital público, porque este perdió una elección democrática para ejercer de forma estrictamente profesional la cardiología.”
1.-En la mañanera del pasado 12 de febrero de 2024, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó uno de los proyectos más polémicos del presidente Andrés Manuel López Obrador: la reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Esta iniciativa, que se votará en el Congreso de la Unión, ha generado un amplio debate sobre las implicaciones para la autonomía y estabilidad del Poder Judicial.
2.-La reforma plantea que los jueces y magistrados de los 919 órganos jurisdiccionales de México, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean elegidos en una jornada democrática a principios de 2025. Sin embargo, el cambio propuesto no se limita a modificar el método de selección de estos funcionarios; también implica la destitución inmediata de los actuales titulares, vulnerando sus derechos laborales y años de servicio basados en rigurosos exámenes de oposición.
3.-La Autonomía Judicial en Peligro: La esencia de un Poder Judicial independiente radica en su autonomía frente a las presiones políticas y su capacidad para actuar como un contrapeso efectivo frente a los otros poderes del Estado. La elección por voto popular de jueces y magistrados, como propone la reforma de López Obrador, socava esta autonomía y abre la puerta a la politización de la justicia. Al someter a los miembros del Poder Judicial al escrutinio electoral, se corre el riesgo de que sus decisiones y fallos se vean influenciados por intereses políticos y populistas, en lugar de basarse en la ley y la justicia.
4.-La opinión pública y expertos en derecho han advertido que esta reforma podría violar la independencia de las instituciones judiciales. Actualmente, los artículos 11 y 12 de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación establecen que los magistrados y jueces de distrito deben durar en su encargo seis años, con posibilidad de ser ratificados. La propuesta de AMLO no cambia las funciones ni transforma los órganos judiciales, pero anula de un plumazo los nombramientos actuales, obligando a que los nuevos titulares sean elegidos mediante votaciones populares.
5.-Consecuencias Retroactivas y Derechos Laborales: La retroactividad de esta reforma es uno de los puntos más críticos. Anular los nombramientos de jueces y magistrados sin justificación más allá de cambiar el método de elección no solo vulnera sus derechos laborales, sino que sienta un peligroso precedente para otros sectores. ¿Qué impide que mañana se aplique una medida similar a los maestros, investigadores o profesores universitarios? La estabilidad en el servicio público se vería seriamente comprometida. Además, este cambio implica la organización de una elección masiva para cerca de 3000 puestos en el Poder Judicial, un proceso que no solo será logísticamente complicado, sino también susceptible a manipulaciones y presiones políticas.
6.-Un Precedente Peligroso: La lógica detrás de esta reforma parece ser que los derechos de los jueces y magistrados actuales no importan si no fueron elegidos políticamente. Quienes han dedicado décadas al servicio judicial, desempeñando sus funciones con integridad y profesionalismo, se verían obligados a presentarse a elecciones populares para mantener sus puestos. Este enfoque no solo es injusto, sino que debilita la experiencia y la continuidad en el Poder Judicial.
7.- La propuesta de López Obrador, presentada como una democratización de la justicia, en realidad amenaza con desmantelar la autonomía judicial y convertir los nombramientos de jueces y magistrados en un juego político al servicio de intereses oscuros. Es crucial que el Congreso de la Unión y la sociedad mexicana reflexionen profundamente sobre las implicaciones de esta reforma antes de tomar una decisión que podría tener repercusiones irreversibles para el estado de derecho en México. Es como si un paciente con problemas cardiacos tuviese que ser intervenido por un médico cubano, porque se democratizó la medicina y el cardiólogo perdió su puesto de base en el hospital público, porque este perdió una elección democrática para ejercer de forma estrictamente profesional la cardiología.
8.-Hasta ahora, los jueces y magistrados de circuito han sido nombrados sin involucrarse en ningún tipo de interés político cuya designación dependa de alguna entidad política. Menos aún han tenido que enfrentarse a las complicaciones de un proceso electoral: realizar campañas para obtener o mantener su puesto, conlleva un riesgo implícito de la posible influencia de grupos de interés, el financiamiento ilegal de campañas, la intervención del crimen organizado y la politización de la elección, ya afectada por la iniciativa propuesta. Esto podría resultar en un caos. Es importante señalar que una parte significativa del sistema de justicia en México, ya de por sí desgastado y criticado, podría deteriorarse aún más. Y eso es mucho es mucho decir.
9.-En momentos en que la confianza en las instituciones es fundamental para la estabilidad y el progreso del país, cualquier reforma debe fortalecernos, no debilitarnos. Defender la autonomía del Poder Judicial es defender la democracia misma, y es responsabilidad de todos protegerla de cambios que puedan ponerla en riesgo. La reforma judicial es necesaria pero no en los términos propuestas en la iniciativa presentada por el ejecutivo, sino en prevenir actos judiciales que omitan por ejemplo resolver los juicios por deficiencias en la forma, sin analizar el fondo de esos mismos juicios, endurecer penas a los impartidores de justicia por motivo de acoso laboral y/o sexual en contra de subordinados, cambiar los protocolos de elección de personal de cada juzgado u órgano colegiado para evitar el nepotismo, fortalecer los procesos de revisión de actuaciones de todos los jueces y magistrados para evitar sentencias al a favor de intereses ilegítimos, etc., pero de eso a que se reduzcan de 11 a 9 ministros en la corte, cuando como antecedentes tenemos que Zedillo en 1994 redujo de 21 a 11 ministros, precisamente para tener un mayor control por parte del ejecutivo del poder judicial es un absoluto despropósito en contra del estado de derecho en México, pero aunado a ello, el hecho de que los jueces, magistrados y ministros tengan que ser electos por votaciones a intereses de grupos de cualquier índole con la bandera de democratizar la justicia, es un acto ofensivo en nombre de una democracia que confió con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, para fortalecer el estado de derecho, no para destruirlo.
