Ricardo del Muro / Austral
En el norte de la sierra de Chiapas, está Tila, uno de municipios indígenas más pobres de estado, donde se ubica el templo del venerado Cristo Negro, pero hace medio siglo que este pueblo chol parece haber sido olvidado por la gracia divina, padeciendo una violencia provocada por continuos enfrentamientos entre dos grupos armados, el más reciente ocurrido en la primera semana de este mes, que ha motivado el desplazamiento de alrededor de 4 mil de sus habitantes.
Diez días después del éxodo, el pasado lunes, volvieron a Tila los integrantes de la comisión negociadora de los desplazados, pero vieron que no existen condiciones de seguridad para el retorno. “Las calles están desoladas. Hay personas del grupo de Los Autónomos y su gente que no salió y no tiene para comer, sino que les están llevando víveres de la Secretaría del Bienestar. No está entrando ninguna empresa comercial. Las distribuidoras de agua no están llegando.
Las fruterías y tiendas de abarrotes están cerradas. En las calles sólo hay gallinas, patos y perros”, informaron a Elio Henríquez, corresponsal de La Jornada.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) responsabiliza a los gobiernos federal y estatal de la actual crisis de violencia y desplazamiento en Chiapas.
La problemática en Tila, indica el Frayba, posee una larga data en la que se han profundizado las disputas políticas y la polarización social en un entramado complejo de actores, hasta un punto actual en que se señala la aparición de diferentes grupos armados responsables de la comisión de actos violentos que constituyen graves violaciones a derechos humanos como asesinatos y desapariciones.
En su origen, se trata de un conflicto agrario, donde el pueblo chol del ejido de Tila fue afectado en 1980 por el despojo de 130 hectáreas de su territorio que fueron ocupadas de manera inconstitucional por el Ayuntamiento municipal de Tila.
Desde 2005 el municipio de Tila es escenario de un enfrentamiento entre ejidatarios (propietarios indígenas de las tierras comunales) y pobladores (poseedores de títulos de tierra a través de un acuerdo de compra – venta).
Sin embargo, este conflicto jurídico ha degenerado en una guerra entre grupos armados, producto del paramilitarismo que en 1995 promovió el gobierno de Ernesto Zedillo en Chiapas para enfrentrar a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Está documentada la historia de Tila como centro de operación del grupo paramilitar Paz y Justicia, fundado por el ex alcalde y ex diputado priista Samuel Sánchez Sánchez que está preso desde hace 15 años en el penal de El Amate, pero en los últimos años los paramilitares mantuvieron un bajo perfil al ser protegidos por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en este municipio encabeza Limberg Gregorio Méndez, quien ha mantenido el control de la presidencia municipal desde 2008, es decir, cinco administraciones.
En este municipio también se ha organizado un grupo de ejidatarios que están adheridos al Consejo Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 11 de septiembre de 2021, hubo una enfrentamiento intercomunitario en Tila que dejó un saldo de cinco muertos y 20 lesionados cuando un grupo de indígenas choles, autondenominados “ejidatarios autónomos” llegaron desde diversas comunidades y a balazos tomaron el control de la cabecera municipal, alegando que ésta estaba en poder de miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, ligados a la presidencia municipal.
Los recientes acontecimientos violentos en Tila llegaron a la conferencia mañanera del viernes 14 de junio, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los pobladores a la reconciliación para resolver un asunto que “más allá de lo judicial, tiene solución en la cuestión social, en la que también las iglesias pueden ayudar al diálogo”.
En efecto, se trata en su origen de un conflicto agrario, donde el pueblo chol del ejido de Tila promovió un juicio de amparo (259/1982), el 14 de abril de 1982, ante el juzgado primero, el cual fue resuelto 26 años después de su presentación, el 16 de diciembre de 2008, concediendo el amparo al ejido de Tila y ordenando al Ayuntamiento de Tila, al gobernador, al Congreso local y al Registro Público de la Propiedad, la restitución inmediata de las tierras al ejido Tila y la cancelación de todo tipo de escrituras que las privatizaran.
La abogada Magdalena Gómez en un artículo sobre el conflicto agrario de Tila (La Jornada, 18 de junio de 2024), señala que el Estado recurrió a toda clase de argucias para sustentar la imposibilidad física y material de cumplir con la sentencia, por lo que procedía la indemnización por estas tierras. Los ejidatarios choles insisten hasta hoy en que al restituírselas, ellos entrarían en una negociación con quienes ocupan las tierras.
En noviembre de 2010 promovieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un incidente de inejecución de sentencia (1302/2010); se asignó la ponencia a la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, donde se determinó solicitar al pleno el estudio del amicus curiae, que presentaron María Gracia Castillo y Rodolfo Stavenhagen, ofreciendo elementos sobre el vínculo territorial y cultural del pueblo chol.
La ministra Sánchez Cordero elaboró un proyecto que condicionaba la ejecución de la sentencia; sin embargo, la mayoría de los ministros sugerían el cumplimiento sustituto (indemnización). El caso se orientó al ámbito agrario, pues se consideró la imposibilidad de convertirlo en indígena.
La ministra retiró su proyecto, y solicitó a la UNAM peritajes que con la conclusión de su cargo el incidente quedó hasta la fecha sin resolución. Por ello en 2015 la asamblea ejidal decidió autoejecutar la sentencia de 2008 y dar inicio como pueblo, a la construcción de su autonomía. La respuesta del gobierno estatal fue enviar militares y agentes ministeriales, los cuales, con la policía municipal, patrullaron las calles día y noche sembrando el miedo con incidentes graves e intimidando a los habitantes (La Jornada, 29/12/15).
El artículo de la abogada Gómez concluye al señalar los hechos recientes que se iniciaron con la agresión a la comisión de vigilancia del ejido constituida para defender su atonomía y advierte: “Grave, la denuncia de actividades paramilitares de los opositores a la asamblea ejidal; bien, pero insuficiente la atención humanitaria en albergues; preocupante, la impunidad histórica del Estado hacia los pueblos que logran reconocimiento a sus derechos…en el papel”. RDM
