* Si tan solo políticos y empresarios cumplieran con el orden legal, el mandato constitucional y evitaran la corrupción, la seguridad jurídica que reclaman estaría garantizada
Gregorio Ortega Molina
La división de poderes es el primer peldaño del orden constitucional, y la primera aldaba a la corrupción. Centralizar las decisiones es la garantía de la impunidad o, como lo exigió Donald Trump, inmunidad para delinquir desde el poder.
Desde mi adolescencia escuché decir a los empresarios mexicanos que sus impuestos son invisibles en la obra pública; muchos de ellos se han agarrado de ese absurdo razonamiento para eludir sus compromisos fiscales, que no se traducen únicamente en políticas públicas, sino sobre todo en el bienestar salarial y en el impulso al desarrollo desde sus empresas. Para eso se crearon los polígonos industriales.
La realidad es que no pocos administradores públicos los extorsionan con moches, los amenazan con auditorías, o les quitan los servicios de seguridad pública de las zonas donde se ubican fábricas y unidades administrativas, lo que facilita el asalto a las personas que laboran para ellos y en los transportes de sus mercancías por las carreteras nacionales. Recuérdese el caso de las muertas de Ciudad Juárez, y la estúpida explicación de Francisco Barrio: las matan por putas.
En México la seguridad -de todo tipo- es endeble o inexistente. Lo que más piden los inversionistas, los creadores de empleo (que se traduce en riqueza para la población en general), es la seguridad jurídica, que es conculcada desde el Poder Ejecutivo, al desconocerse convenios y acuerdos binacionales o trinacionales e incluso multinacionales. Los grupos empresariales mexicanos encontraron el camino para tratar con los gobiernos: ofrecen inversión y la dosifican, de acuerdo a como observan la respuesta del gobierno en funciones. Nunca llegan a cumplirse los montos de inversión ofertados, porque las políticas públicas nunca satisfacen las expectativas de esos grupos empresariales.
Las partes involucradas en el desarrollo económico son incumplidas, por ello se inventan la Coordinación del Consejo Empresarial, como si ello fuera garantía de respeto al orden constitucional y legal, como lo muestra la fotografía de Claudio X González senior, castigado y en un rincón, como la muñeca fea. La efeméride recogida por El País es puntual:
“Abogada, heredera de un imperio de maíz y, próximamente, el punto de enlace entre los empresarios y el Gobierno de Claudia Sheinbaum. La empresaria jalisciense Altagracia Gómez Sierra ha vuelto a acaparar titulares, tras su nombramiento como coordinadora del Consejo Empresarial del sexenio que viene. La joven, de 32 años, trabajó desde el primer momento codo a codo con Sheinbaum para tender lazos con la iniciativa privada, de ello dan cuenta las fotografías difundidas con los capitanes de Walmart o Black Rock”.
Si tan solo políticos y empresarios cumplieran con el orden legal, el mandato constitucional y evitaran la corrupción, la seguridad jurídica que reclaman estaría garantizada.
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