El impacto de la recesión económica y el drástico ajuste fiscal implementado por el gobierno de Javier Milei está dejando una huella profunda en los indicadores sociales de Argentina.
En el primer semestre de 2024, más de 600,000 trabajadores dejaron de hacer aportes a los regímenes de Seguridad Social, un reflejo directo del aumento del desempleo y la informalidad laboral. Este fenómeno está vinculado a la creciente ola de despidos en todo el país.
Según la Secretaría de Trabajo de la Nación, 612,000 personas dejaron de contribuir a la Seguridad Social, con la mayor caída entre los trabajadores en relación de dependencia, tanto en el sector público como en el privado, que representan 301,000 de esos casos. Los autónomos e independientes, que ya se encontraban en condiciones laborales precarias, también se vieron gravemente afectados, con 292,000 personas que dejaron de aportar.
El desempleo en Argentina alcanzó el 7.7% en el primer trimestre de 2024, dos puntos más que en la medición anterior. Esta situación ha generado una crisis en el nivel de empleo y ha impactado directamente en los ingresos de la población.
Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el 54.9% de los argentinos vive en condiciones de pobreza, mientras que el 20.3% se encuentra en situación de indigencia, es decir, no tienen garantizada la alimentación básica.
El deterioro de la economía argentina se agravó en diciembre de 2023, cuando una devaluación del 50% de la moneda nacional y una inflación mensual del 25.5% —la más alta en 30 años— destruyeron el poder adquisitivo de los salarios y provocaron una recesión severa, especialmente en la economía informal.
Este colapso económico ha llevado a un aumento significativo de la pobreza en las zonas más vulnerables del país, como el Gran Resistencia en Chaco, donde el 70% de la población vive en la pobreza.
Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, advirtió que la pobreza en Argentina se está consolidando como un problema estructural. «Siete de cada diez niños viven en hogares sumidos en la pobreza, y tres de ellos en pobreza extrema, lo que significa que no tienen garantizada la comida diaria.
Este es un cuadro muy complejo», señaló Donza. Añadió que la pobreza estructural ya supera el 25%, lo que indica que estas familias viven en una situación de pobreza que se ha perpetuado a lo largo de generaciones.
La situación es palpable en los barrios populares, como Villa Inflamable en Avellaneda, donde Norma Morales, responsable del comedor popular Arcoiris, describe una realidad «muy cruda». Morales relata cómo las filas de personas que esperan para recibir un plato de comida comienzan desde las primeras horas de la mañana.
«Abrimos nuestro espacio a las ocho de la mañana para servir el almuerzo y a esa hora ya hay familias haciendo fila para poder comer. Esto se repite en todos los barrios», comentó.
Además, los comedores no solo ofrecen alimentos, sino que también cumplen una función vital de contención social en las comunidades más afectadas.
Sin embargo, Donza advierte que el aumento de los precios del transporte podría dificultar el acceso de los más vulnerables a estos servicios esenciales, exacerbando aún más la crisis.
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