La moral del dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reformas del Poder Judicial Federal, consiste en someterse, en subordinarse, en arrastrarse a una desventurada política de la sagacidad, del sometimiento rastrero, de la astucia, de la desfiguración de la Carta Magna. Con esa malograda reforma judicial no se puede contar a futuro con ministros, magistrados y jueces con conocimientos. Acatar ese desvarío jurídico solo produce esclavos y sirvientes al Poder Ejecutivo Federal provenientes de un Poder Judicial Federal ocurrentemente reformado.
Aquellos que en su momento alcancen el sitial de impartidores de justicia, por voto directo del pueblo o por rifa, no van a ser más que unos lacayos disfrazados de ministros, magistrados o jueces, dominadores brutales contra nuestro Estado de Derecho, cobardes y serviles ante el Primer Magistrado de la Nación y/o Primera Magistrada de la República.
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, sostiene, hoy más que nunca, que nuestros impartidores de justicia deben de poseer desde temprano el sentimiento de justicia y ello no se obtiene con el voto del pueblo. Ese sentimiento íntimo y objetivo de justicia, tiene por condición sine qua non el conocimiento de las leyes y esto último es garantizado por el amor al Derecho, el cual tampoco se obtiene por el sufragio popular.
Nuestros señores jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia deben de ser firmes, ponderables, imperturbables e impasibles como el creyente en su fe hacia un Poder Superior, deberán de ser hombres y mujeres del derecho con una fe inalterable en el derecho. Eso tampoco lo concede un voto popular.
Según expresaba nuestro muy recordado maestro Don Néstor de Buen Lozano, en aquellas añoradas aulas universitarias: “una de las imprescindibles cualidades morales de nuestros impartidores de justicia lo es la honestidad que en su sentido más amplio equivale a no ser corrupto”. Eso tampoco lo dispensa ese paradójico Decreto de Reforma Judicial.
Con el perdón de muchos y la venia de todos, en mi carácter de Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, seré más claro y contundente: la corrupción en el Decreto de marras lleva inserto un concepto que engloba simultáneamente varias implicaciones. Así ese documento equivale a trastocar, a alterar la forma y espíritu contenido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de echarla a perder, de depravarla, de dañarla, de podrirla, de alterarla, de prostituirla. Con ello se busca tener una impartición de justicia deshonesta, ineficaz, dolosa, inepta, incompetente, aduladora y servil al Poder Ejecutivo Federal. Así o más claro.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México,
