La gestión de desastres en México continúa enfrentando críticas por ser reactiva y centralizada, con un fuerte componente militar y una estructura que dificulta la prevención y la respuesta eficiente. A pesar de los constantes fenómenos naturales que azotan al país, el acceso a los recursos para atender a las poblaciones afectadas sigue siendo incierto.
Entre 2019 y 2023, el gobierno federal emitió 177 declaratorias de emergencia y 99 de desastre, siendo 2020 el año más activo en este sentido, con 83 emergencias y 46 desastres. Sin embargo, a pesar de esta frecuencia, la gestión sigue enfocada en la reacción más que en la prevención, según señala Manlio Felipe Castillo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). «En México, no contamos con instituciones públicas dedicadas a la prevención; todo es reactivo», menciona.
El especialista también advierte sobre la creciente vulnerabilidad del país, exacerbada por los efectos del cambio climático, que generan fenómenos naturales más destructivos. Además, destaca que la desaparición del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en 2020, sustituido por el Programa de Atención a Emergencias por Desastres Naturales (PAEDN), ha introducido mayor incertidumbre. «La gestión de recursos para atender desastres es un desastre en sí mismo», asegura Castillo.
El Fonden, creado en 1996, fue un instrumento clave para asegurar recursos financieros inmediatos tras desastres naturales, sin comprometer presupuestos existentes. No obstante, su desaparición ha dejado un vacío que el PAEDN, más burocrático y dependiente del presupuesto federal, no ha logrado llenar de manera efectiva.
A pesar de que la ley establece un enfoque integral de riesgos y una descentralización en la gestión de desastres, la realidad es que el sistema sigue altamente centralizado, y los gobiernos locales actúan de manera oportunista, esperando que el gobierno federal sea quien intervenga. «Hay un sistema de protección civil, pero está lleno de desorganización y problemas normativos», concluye Castillo.
Las fallas en la cooperación entre niveles de gobierno y la falta de transparencia en la asignación de recursos son evidentes en casos como el ocurrido en Tequila, Jalisco, donde, a pesar de la declaratoria de zona de desastre en julio de 2022, los recursos no llegaron hasta diciembre.
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