La calificadora financiera Moody’s ha cambiado la perspectiva de la calificación de México de “Estable” a “Negativa”, citando el debilitamiento de las políticas y el entorno institucional, especialmente en relación con la reciente reforma al Poder Judicial.
Esta decisión se anunció el jueves y genera preocupaciones sobre el impacto en la economía mexicana.
En su comunicado, Moody’s advirtió que “la reforma constitucional corre el riesgo de erosionar los controles y contrapesos del sistema judicial del país”, lo que podría tener un efecto negativo en la solidez económica y fiscal de México.
La agencia también señaló que, aunque hay expectativas positivas sobre las inversiones relacionadas con el nearshoring, la reforma podría “debilitar la confianza de los inversionistas”.
Moody’s subrayó que esta situación podría resultar en una menor inversión y un crecimiento económico por debajo del 2% en el mediano plazo. “Lo que corre el riesgo de materializarse es un crecimiento económico que esté por debajo de nuestras expectativas”, agregaron.
La nota soberana de México permanece en “Baa2”, dos niveles por encima del grado de inversión, pero el cambio a una perspectiva negativa indica que existe una posibilidad concreta de un recorte en un plazo de seis a doce meses. Moody’s también destacó que el deterioro en la asequibilidad de la deuda y una mayor rigidez del gasto público complican la consolidación fiscal, especialmente tras el aumento del déficit público este año.
La reforma al Poder Judicial, aprobada recientemente, ha sido objeto de críticas por su potencial para debilitar los principios democráticos y el estado de derecho en México. Moody’s ha expresado su preocupación por cómo estas reformas pueden limitar la capacidad del gobierno para enfrentar desafíos crediticios crecientes.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reaccionó a esta evaluación, indicando que aunque la perspectiva ha cambiado, esto no implica necesariamente una rebaja inmediata en la calificación. La SHCP reafirmó su compromiso con una gestión fiscal prudente para mantener la estabilidad económica.
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