Un juez federal ha bloqueado temporalmente la orden del presidente Donald Trump de congelar subvenciones y préstamos federales, una medida que podría haber afectado a programas esenciales para millones de estadounidenses. La decisión fue tomada por la magistrada Loren L. AliKhan, quien emitió la suspensión minutos antes de que la directiva entrara en vigor este martes.
La Casa Blanca había planeado implementar esta pausa mientras revisaba el gasto federal, lo que generó confusión y pánico entre las organizaciones que dependen de estos fondos para su funcionamiento.
Según la administración, la congelación era necesaria para asegurar que todos los fondos cumplieran con las recientes órdenes ejecutivas firmadas por Trump, que incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión.
La congelación podría haber retrasado el desembolso de miles de millones de dólares destinados a programas críticos como la educación, la salud, y la asistencia social. Funcionarios de la administración afirmaron que la asistencia federal a individuos, como la Seguridad Social y Medicare, no se vería afectada. Sin embargo, el impacto en organizaciones sin fines de lucro y en los gobiernos locales podría haber sido devastador.
El director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Matthew J. Vaeth, había señalado que la congelación también afectaría a fondos destinados a ayuda exterior y a organizaciones no gubernamentales.
La medida generó preocupación entre grupos como el National Council of Nonprofits y la American Public Health Association, quienes argumentaron que aunque el gobierno tiene derecho a establecer sus prioridades, debe hacerlo dentro del marco legal.
La decisión del juez AliKhan se produce en un contexto donde el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la orden de Trump como “una puñalada al corazón de las familias estadounidenses”. Schumer subrayó que su impacto se sentiría tanto en estados republicanos como demócratas.
La suspensión permanecerá en vigor hasta el 3 de febrero, a menos que se emita una nueva orden. Este caso pone de relieve un posible enfrentamiento constitucional sobre el control del gasto público, ya que expertos legales han señalado que el poder para gestionar los fondos federales recae en el Congreso y no en el presidente.
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