ÍNDICE POLÍTICO
FRANCISCO RODRÍGUEZ
Hace 122 años, el 5 de febrero de 1903, justo cuando se conmemoraba un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1857, en la portada principal de El Hijo del Ahuizote, publicación fundada por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, se imprimió con grandes letras: “La Constitución ha muerto”.
Estaba acompañada de una foto de Benito Juárez, coronas de flores y seis banderas de México con moños negros. Era, a todas luces, una protesta directa contra el régimen autoritario de Porfirio Díaz.
Como entonces, hoy también podemos vestir de luto. La Constitución de 1917 ¡también ha muerto!
Fue asesinada por los sicarios del #NarcoPresidenteAMLO quien, hace justo un año dio la orden de que, primero, fuera despojada de sus ropajes democráticos y ya desnuda, sin defensas –antes había operado la desaparición forzada de los partidos opositores al suyo–, también ordenó que fuera violada en repetidas ocasiones.
Y los sicarios pusieron manos a la obra. Artificialmente apertrechados en número por las armas de alto calibre que les fueron entregadas vía contrabando por el INE y por el TEPJF, asaltaron el Congreso de la Unión y desde ahí iniciaron “levantones” a los más corruptos de quienes decían ser opositores que, por su debilidad –y los expedientes abiertos en su contra– se sumaron a las filas del autoritarismo.
El apellido de los medrosos Yunes sobresalió al frente de la traición a sus electores y a sus principios, si es que alguna vez los tuvieron.
Las primeras puñaladas antidemocráticas fueron propinadas por la banda guinda a los preceptos en los que se sostenía –a duras penas, habrá que reconocerlo– el Poder Judicial.
Luego, sepultaron los restos en una fosa clandestina a la que pusieron por santo y seña “supremacía constitucional”.
Borrachos de sangre continuaron su obra mortífera: órganos constitucionales autónomos fueron desaparecidos, secuestraron a Pemex y a la CFE renombrándolas “del Estado” y obligaron a los contribuyentes al erario a pagar su rescate, no obstante que ya sabían que ambas empresas están desahuciadas.
Y para finalizar, desde la ya para ese momento moribunda Carta Magna, perpetraron el robo de los ahorros de los trabajadores que cotizan al INFONAVIT: ¡casi 2 billones y medio de pesos fue el botín!
¡Y la Constitución murió!
El espíritu que la anima
Ya sin ese Supremo Marco Regulatorio, El Innombrable II y su alfil Claudia Sheinbaum podrán hacer los destrozos que se les antojen… aunque hay quienes sostienen que siempre tendremos a su espíritu para desfacer esos entuertos. Que todos los gazapos podrán ser corregidos tarde o temprano por la propia Constitución, y por las conciencias lúcidas que se instalen en el Congreso en las próximas Legislaturas.
Que todo indica que los constituyentes de 1917 sabían lo que se avecinaba, que parece que conocían las trepidaciones cerebrales de AMLO y sus secuaces. Que parece que se adelantaron poco más de un siglo.
Y argumentan que siempre acabarán imponiéndose la sensatez, la intuición y la lógica, elementos fundamentales del raciocinio humano. Y ahí sí, ni un paso atrás, ni para tomar vuelo.
En efecto. Los ciudadanos de hoy debemos estar muy reconocidos con algunos de los constituyentes de Querétaro en 1916 y 1917 pues, como si previnieran estos tiempos convulsos y las criminales decisiones de poder, tuvieron a bien machetearse conceptos claves de la Carta Magna que la hacen realmente única en su género: Nación, interés público y retroactividad.
Son hasta la fecha el antídoto del poder del pueblo contra las decisiones despóticas, contra todo intento de perpetuar los autoritarismos inconsultos, contra toda aniquilación para siempre de la vida comunitaria a base de gazapos y despropósitos. Recalcaron que una golondrina nunca hará verano en este país.
Dejaron impreso en el artículo 27 –ese que ningún mamarracho de paso sexenal ha podido desconocer– que “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”, al mismo tiempo que la retroactividad de la ley puede aplicarse sin perjudicar a los individuos.
Parece sencillo a simple vista, pero no lo es. Independientemente de que el interés público está muy por encima de todos los intereses parciales, la ley es el instrumento inalterable a través del cual se le puede dar para atrás en cualquier tiempo a todas aquellas decisiones que atentan contra la convivencia y la libertad social.
Las ocurrencias tienen allí su contraveneno. Si “ya está muy viejo el loro para enseñarlo a hablar”, como reza el refrán popular, la vieja disputa entre juristas y tinterillos sobre la aplicación e interpretación de las leyes aquí encuentra la respuesta.
Cualquiera puede recitar de memoria el contenido de las letras negras de la Ley. Lo que no cualquiera puede hacer es conocer el espíritu que las anima, los motivos del legislador, el amplio diapasón que resuelve el sentido de los mandatos. Saberse de corridito las leyes es simple erudición; conocer lo profundo del contenido es materia de la cultura jurídica.
Interpretar la ley requiere de un vasto sedimento que implica historia, modos y maneras, costumbres, tradiciones, uso de la memoria colectiva y todo eso que hace a los principios generales tener siempre la solución a los vacíos y a las restricciones originales en la forma y en su esquema mayor.
Y de eso no tienen ni idea los sicarios de Morena ahora en el usufructo del poder.
Retroactividad, la clave
Una discusión zanjada desde hace siglos, cuando se explicaron los verdaderos motivos del fundamento de la democracia, cuando se puso por encima de todos los poderes al equilibrio nacido de la interpretación de lo que siempre se buscó: el beneficio del pueblo.
Pueden los loros quedarse mudos. Pueden los represores y los maniáticos imponer su particular concepción de la ley. Pueden, mientras puedan, retorcer sus intenciones. El poder y el no poder se tocan. De nada sirven las decisiones que duran lo que un suspiro, como los gases fétidos de los poderosos de ocasión, de los facinerosos y farsantes gavilleros de la 4T.
El gran principio se encuentra en la Constitución. Toda discusión sobre la retroactividad se agota en el enunciado máximo: es posible, mientras se haga en beneficio del interés público.
Y es que la Constitución mexicana no es jurídica solamente. Gracias a su vinculación con esos principios sociales, que impregnaron la esencia de la Carta de Querétaro en 1917, nuestra Constitución es de naturaleza política, porque no sólo es un catálogo normativo para la vida en sociedad, sino una auténtica plataforma de lanzamiento de las reivindicaciones populares.
Es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe interpretarse siempre en favor de los desvalidos. El juzgador y el ejecutor de sus leyes debe siempre tutelar los intereses de los más desprotegidos, de los olvidados. La carga de contenido social abreva en el bismarckismo europeo. Y no tan sólo en él.
Pero si nada más así fuera, tendría motivos suficientes para recordar con respeto a los militares prusianos de mediados del siglo XIX para ser fundamentalmente renovadora, radicalmente prospectiva. Gracias a Otto von Bismarck, el laborismo alemán tuvo la importancia mundial que se le concede.
Es recurrente que se atribuya a Bismarck, el gran Canciller de Hierro prusiano, una frase clásica sobre el complicado proceso legislativo moderno: “Las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes cómo están hechas”. Como se ha documentado, la producción de ese alimento se compone de diversos saldos cárnicos y hasta de otros ingredientes no muy saludables y, eso sí, contaminantes.
Y en México, hoy, las leyes las hacen los sicarios de la 4T con las heces cerebrales de López Obrador.
Indicios
“La presidenta de la Corte, Norma Piña, ¿está invitada a asistir, mañana, a la ceremonia de aniversario de promulgación de la Constitución?, se le preguntó a la Presidente formal.
“No, no está invitada, la Corte no está invitada”, respondió Sheinbaum.
“No va a haber ningún representante…, va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”, agregó.
“¿Cuál es la razón?, se le insistió.
“¿Pues es obvia no? Es obvia”, contestó.
“Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto, es una relación mutua de respeto de un lado y de otro, entonces hasta ahora la Corte pues qué es lo que ha estado haciendo, la mayoría de los Ministros de la Corte?
“Entonces en esta ocasión sí tomé la decisión de que es un acto republicano pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo y debe respetar la Constitución”.
“Entonces en esta ocasión tomé la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, pues de que vamos a estar dos Poderes”.
Una muestra más de que la Constitución ha muerto.
Por hoy es todo. Reconozco que haya leído este Índice Político. Como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!
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