* Mientras el gobierno del Estado integra sólidas carpetas de investigación en contra de ex ediles y ex funcionarios estatales, responsables de la llamada Estafa Siniestra, jueces les conceden la libertad con el pago de montos inferiores a la cantidades defraudadas; será de vital importancia para un cambio en el Poder Judicial de la entidad, la iniciativa enviada al Congreso Local, por el gobernador Julio Menchaca, mediante la cual los hidalguenses van a elegir a sus impartidores de justicia en las urnas, en el 2027
SILOGISMOS
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Lograr que en el verdadero e inédito combate a la corrupción en el Estado de Hidalgo, la impunidad sea desterrada y los culpables de robar al erario público enfrenten la justicia y el resarcimiento del daño, no ha sido un camino fácil ni exento de valoraciones tendenciosas y erróneas que han tratado de responsabilizar a las autoridades de permitir que varios de los responsables, entre ellos ex alcaldes, obtengan su libertad devolviendo parte de lo sustraído ilegalmente, sobre todo en los recursos extraordinarios que dieron paso a la investigación de la llamada Estafa Siniestra.
El tema ha dejado en claro que tal responsabilidad es por, por ley, asunto directo de las sentencias de los jueces; es decir, del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Curiosamente, diversos medios no han acudido ante los impartidores de justicia para solicitarles una explicación sobre sus criterios jurídicos aplicados al respecto.
Uno de los casos en tal sentido ha sido el del ex alcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo, señalado de malversar 66 millones de pesos pero que a criterio del juez que llevó su caso, logró su libertad con la devolución de 25 millones.
El gobernador, Julio Menchaca Salazar, ya señaló al respecto que será respetuoso de las determinaciones que tomen los miembros del Poder Judicial, sobre el cual el mandatario ya envío una iniciativa de Reforma al Congreso Local con el fin de transformarlo para ponerlo en sintonía con la Reforma que se impulsa a nivel federal.
Desde hace dos años en que se dio a conocer el desvío de recursos por medio dela citada Estafa Siniestra, por lo menos nueve ex ediles y otros tantos ex funcionarios públicos, han sido sujetos a investigación, siendo llevados ante la justicia y privados de su libertad por las sólidas carpetas de investigación, aunque algunos aún estén prófugos.
A pesar de que los juzgadores han determinado los montos del resarcimiento del daño que no subsana las cantidades sustraídas de manera ilegal, desde la óptica social hay una percepción de apoyo a la política del gobernador para evitar que estos delitos queden impunes.
De que se tenga memoria, los hidalguenses no habían atestiguado en la historia estatal una batida en contra de ex políticos pillos hasta llevarlos a prisión y menos obligarlos a pagar parte de lo defraudado. Por décadas, los intereses partidistas sirvieron como eslabón de complicidades para que en aras de mantener una imagen de probidad ante la sociedad, se evitará castigar los excesos y corrupciones.
Y ahora que sin excepciones los funcionarios de la actual administración también están expuestos a sanciones si cometen situaciones ilegales, los ciudadanos no pueden más que aplaudir que por fin vaya terminando esa vieja escuela del “borrón y cuenta nueva”.
Hasta el momento, las autoridades han logrado recuperar un total de 104 millones de pesos, logrando que estos recursos se destinen a la construcción de obras con visión social y el fortalecimiento de programas sociales.
Es cierto, no puede negarse que aún prevalezcan por parte de algunos miembros del Poder Judicial ciertas inercias que no caminan en el mismo sentido que la lucha anticorrupción que ha implementado como una permanente política pública el gobernador, Julio Menchaca, pero ya está en camino una depuración de este Poder que implicará un cambio profundo de paradigma.
No hay duda de que la propuesta enviada por el mandatario al Congreso Local, implica un amplio conocimiento del tema que impactará en un cambio profundo, porque como jurista, Julio Menchaca fue Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de 1999 a 2004; y Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República.
La iniciativa, por ejemplo, implica aspectos distintos a la reforma impulsada a nivel federal, entre ellos, el que quienes aspiren a un cargo judicial deban acreditar su capacidad mediante un examen de oposición, antes de ser considerados en la lista de candidaturas elaborada por los Comités de Evaluación de los Poderes del Estado.
De acuerdo a la propuesta, Hidalgo vivirá en el 2027 su proceso de elección de los cargos judiciales, estableciendo una clara prohibición de los aspirantes a recibir financiamiento de fuentes públicas o privadas.
Con su voto, serán los ciudadanos los encargados de cuestionar y sancionar a aquellos impartidores de justicia que están aplicando criterios jurídicos, probablemente laxos, para que los responsables de robar al erario público sean obligados a resarcir montos más elevados a los que ahora se les están fijando.
Los jueces que busquen postularse en el cargo, deberán tomar muy en cuenta su actual proceder para la elección por venir porque la sociedad no les niegue la oportunidad de seguir siendo parte de un Poder Judicial que, en algunos casos, deja mucho que desear.
