DE FRENTE Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
Poca atención prestan los legisladores en materia de salud, ya que su atención prioritaria es la de reformas leyes y decretos que les garanticen a ellos y sus partidos mayor concentración del poder.
Inmersos en reformas electorales, del Poder Judicial y otras que alcanzan el rango de cambios constitucionales, llama la atención la iniciativa en el ramo de protección ciudadana.
Uno de los grandes rezagos que tiene el gobierno federal es en el aspecto de la salud.
Insuficiencia en medicamentos, hospitales sin insumos y el rebase de sus capacidades, son algunos de los rubros pendientes.
Ante estas deficiencias, el seguro de gastos médicos se volvió una alternativa, aunque su costo es sumamente elevado.
La difícil situación hizo que un senador buscara una opción que pudiese ser viable para la población.
Waldo Fernández González, senador de mayoría por Nuevo León, busca alternativas para hacer más accesible los costos del seguro de gastos médicos, especialmente, para la población adulta.
Fernández González presentó una iniciativa en el Senado de la República en la que se destacan algunos puntos importantes.
“Seguro Justo” es el título de la iniciativa que será discutida por los legisladores en un parlamento abierto y cita: “una persona que, de manera precavida, contrata un seguro para protegerse a si misma y a su familia, en caso de una emergencia médica se ve en el dilema de que, pese a décadas pagando puntualmente, al alcanzar cierta edad se enfrenta a incrementos exorbitantes en su póliza. Aumentos que, en algunos casos, pueden duplicarse año con año, forzándola a abandonar el seguro y perdiendo así toda la protección acumulada”.
El legislador señala en su exposición de motivos que conoce personas que pagaron el seguro durante 30 y que en el momento que más lo necesitan ya no pudieron pagaron y perdieron de inmediato toda la cobertura.
Dentro de sus propuestas destaca congelar el precio de las primas para quienes hayan mantenido su contrato por más de veinte años y rebasen los 60 años, limitando los incrementos únicamente a la inflación.
Otro de los puntos de la iniciativa presentada en conjunto con la también senadora Judith Díaz, propone que las aseguradoras realicen estudios actuariales más precisos y equitativos, garantizando que las primas reflejen de manera justa el riesgo real de cada asegurado, en cumplimiento de la ley sobre el contrato del seguro.
La salud no debe ser un privilegio exclusivo de quienes puedan pagar primas cada vez más altas, sino un derecho que se preserve, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad, explica el senador.
Por eso la discusión sobre el tema se realizará en parlamento abierto en el que se podrá incluir a todos los rubros que compete la iniciativa.
Debatirán aseguradoras, hospitales privados y la ciudadanía que es víctima de esos incrementos injustificados en sus pólizas.
La intención es la de encontrar una alternativa para que los adultos mayores o con enfermedades crónicas no queden marginados en sus derechos cuando merma su capacidad de pago.
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