por Sara Lovera
De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de Gobernación debe atender de inmediato las situaciones de emergencia en territorios donde las mujeres enfrentan grave peligro. Para ello se creó el mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), hoy paralizado.
Estas alertas, declaradas en 24 entidades y más de 500 municipios, han operado por una década. Aunque se anunció con bombo y platillo, con burocracia y diagnósticos, lo cierto es que hoy los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM) encargados de supervisarlas no tienen con quién dialogar ni cómo avanzar.
Este mecanismo, considerado único en el mundo, ha contado incluso con apoyo internacional, como ocurrió en Guerrero. Se pensó que permitiría frenar el feminicidio y prevenir desapariciones. No funcionó antes y ahora menos: está desactivado.
Desde enero, las acciones están paralizadas. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, encargada legalmente de coordinar las alertas, desapareció por decisión administrativa. Sus funciones, se dijo, pasarían a la nueva Secretaría de las Mujeres. Pero allí no hay equipo ni estructura para asumir esta tarea. El personal especializado quedó en el limbo. Todo es opacidad.
La contradicción es brutal: mientras se celebra que la violencia de género ya tiene rango constitucional, el principal mecanismo para atenderla está en ruinas.
Se dice que los feminicidios han bajado, pero las desapariciones aumentan. Cada día hay denuncias, campañas en redes, cuerpos de mujeres jóvenes hallados en barrancos y carreteras. Se multiplican decretos y protocolos, pero no hay presupuesto ni registros confiables. Tampoco coordinación. En muchos municipios con alerta, las autoridades ni siquiera están enteradas de su existencia.
La Red Nacional de Alertistas, formada por colectivos feministas, advierte que trasladar las alertas a la Secretaría de las Mujeres creó un vacío legal e institucional. Esa Secretaría carece de personal y recursos. Las feministas exigen diálogo, como en cualquier democracia.
Si no funcionan las AVGM ni los grupos interinstitucionales, lo que prevalece es la violencia institucional. Y la Secretaría de las Mujeres se ha vuelto un ente fantasma. Ni hablar del caos en los gobiernos estatales.
Existe un mapa de los municipios con violencia extrema, desapariciones y asesinatos de mujeres. Pero sus gobiernos, o no atienden o simplemente ignoran la situación. Es un atentado a los derechos de las mujeres, aunque estén garantizados por la ley.
Decretos van y vienen, pero ¿a quién le importan los 11 feminicidios diarios, la violencia intrafamiliar, la desaparición de niñas y mujeres, la trata, la violencia laboral, el acoso?
Este no es un tema en la agenda de la presidenta ni de su equipo. Vivimos la crueldad de un sistema vertical, opresivo e inaceptable, que las feministas en el poder —asesoras o funcionarias— no quieren ver. Apoyan programas “integrales” que solo maquillan la estulticia. Veremos.
Periodista. Editora de Género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx
