Ricardo Del Muro / Austral
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó en una apretada votación – con 215 sufragios a favor y 214 en contra – el proyecto de ley de presupuesto que impone un impuesto de 3.5% a las remesas enviadas por migrantes sin ciudadanía ni residencia permanente. La medida, si es aprobada en el Senado, podría afectar a las familias de estados de México y en especial a Chiapas, una de las economías dependientes de este tipo de ingresos foráneos.
Con más del 15% de su Producto Interno Bruto (PIB) sustentado en remesas, Chiapas se encuentra especialmente vulnerable ante esta medida que, según especialistas, reducirá significativamente el ingreso de miles de familias y afectará al comercio, el consumo y el desarrollo social.
De acuerdo con el Banco de México, en 2024 Chiapas recibió más de 2 mil 400 millones de dólares en remesas. Aplicarles un impuesto del 3.5% representa una pérdida de más de 84 millones de dólares anuales, que dejarían de circular en comunidades que ya enfrentan altos niveles de pobreza y marginación.
Tras la aprobación del plan fiscal de Donald Trump en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el embajador de México, Esteban Moctezuma, celebró a través de su cuenta X en redes sociales, la reducción del impuesto de 5% a 3.5%. El mensaje de Moctezuma ha sido fuertemente criticado por la oposición, ya que, evidentemente, no hay nada que celebrar, además de que la reducción se logró por la presión de algunos congresistas estadounidenses y no por el grupo consular ni por los legisladores mexicanos que sólo hicieron un “turismo legislativo” que fracasó en sus objetivos.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que, aunque es un paso positivo, México no avala ningún timpo de impuesto sobre el dinero que los connaccionales envían a sus familias. En su conferencia matutina, agradeció la gestión del embajador y de senadores mexicanos, pero reiteró que seguirán presionando para eliminar por completo el gravamen.
La versión original del proyecto de presupuesto de Trump proponía una tasa del 5%, pero fue modificada a última hora tras la presión de un grupo de republicanos de estados fronterizos preocupados por posibles repercusiones económicas y electorales. “Este proyecto es un ataque frontal a las comunidades migrantes. Les quita el acceso a salud y comida, y ahora también les cobra por ayudar a sus familias”, señaló el líder demócrata Hakeem Jefries.
Es la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos que se aprueba un gravamen de este tipo, y según expertos, representa un fuerte golpe a las economías de varios países latinoamericanos, como es el caso de México que recibe anualmente más de 64 mil millones de dólares en remesas.
Para el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, se trata de un “impuesto discriminatorio y que va a generar mucha distorsión en el sistema financiero”, tanto de México como de Estados Unidos.
Romano, entrevistado por el diario El País, explicó: “El hecho de que haya un intercambio de dinero y que haya un movimiento cruzando la frontera, no implica, necesariamente, que sea una remesa, entonces, lo vemos como un impuesto que generaría muchas deficiencias, muchas anomalías y que podría afectar otras operaciones que nada tienen que ver con las remesas. Por último, este impuesto también va en contra de los sistemas de digitalización que se han implementado en ambos países y que son para el bien, tanto de México como de Estados Unidos”.
La mayor parte de las remesas (99.1%), en efecto, se envían a través de transferencias electrónicas, es decir, que los envíos en efectivo, especie y las money orders solamente representaron 0.7 y 0.2% del monto total. Esto significa que en efectivo sólo llegaron 481 millones de dólares y vía ordenes de pago 128 millones de dólares.
Además, el impuesto de 3.5% a la remesas tendrá un beneficio mínimo para las arcas de Estados Unidos, ya que sólo representará 0.46% de los ingresos totales del gobierno estadounidense; en cambio, afectará fuertemente a las familias de migrantes y municipios que dependen de eos envíos de dinero. En realidad se trata de “un impuesto que no tiene un sentido económico sino político para desincentivar a la migración sobre todo de personas indocumentadas”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base.
Siller señaló que en los próximos días se verá un incremento en el envío de remesas mientras entra en vigor el nuevo arancel, pero advirtió que “en el largo plazo sí vamos a ver una disminución en el envío de remesas”.
Sin embargo, esto sólo podría reflejarse en los registros bancarios, ya que los migrantes en su afán de enviar dólares a sus familias en nuestro país, recurrirán a canales informales, más riegosos y caros.
Por otra parte, las cámaras estatales de comercio en México, han expresado su temor de que el gravamen tenga un efecto dominó y afecte el consumo de las familias receptoras, principalmente en los estados donde las remesas representan del 10 al 15% del PIB estatal, como es el caso de Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Chiapas.
El impuesto del 3.5% a las remesas impone una carga adicional a las familias chiapanecas que dependen de estos recursos, con potenciales efectos adversos en la economía local y el bienestar social. Es fundamental que se continúen los esfuerzos diplomáticos y se implementen políticas públicas que mitiguen estos impactos y protejan a las comunidades más vulnerables. RDM
