Para Contar
Arturo Zárate Vite
Para competir en la elección de juzgadores se estableció como requisito tener una calificación o promedio de 8 en la licenciatura, en la carrera de abogado, no menos de ese número.
Más de uno que no lo alcanzó, se atrevió a inscribirse y en algunos casos los filtros de la autoridad fallaron. El nombre de varios llegó a la boleta, aunque de antemano sabían que aun cuando ganaran su elección, el INE no les daría constancia de mayoría.
La calificación exigida es razonable para quienes aspiran a impartir justicia y así quedó en la Constitución, nada más que esa obligación resultó limitada. Seguramente hay muchos que tienen maestría y doctorado con puntuación por arriba de ese número y quedaron fuera.
Con maestría y doctorado, hasta con mención honorífica, pero como en la licenciatura no se esmeraron en lograr el 8 o más, fueron descartados, eliminados por mandato constitucional.
Podrían estarse desaprovechando talentos que requiere el poder judicial, gente valiosa que no se conformó con finalizar su etapa académica una vez cursada la licenciatura; siguieron para mejorar su nivel.
El 8 como mínimo para aspirar a ser juzgador es correcto, nadie plantearía que lo bajaran a 7 y mucho menos a 6. Lo que no parecería justo es que se desestime a quienes tienen la maestría y el doctorado con una calificación muy superior, constancia de su anhelo por elevar su preparación.
Cuando se estudia la universidad, en el nivel de licenciatura, es común que los jóvenes no se entreguen al 100 al estudio, por la diversidad de distractores que hay en esa etapa de la vida.
Sin embargo, no pierden de vista que el objetivo es concluir la carrera y alcanzar la titulación, sin darle la importancia que deben darle al promedio final. No les preocupa si quedan abajo o arriba del 8. Para ellos y ellas está cumplida la meta al aprobar todas las materias.
Además, el 8 no es garantía de que el universitario esté listo para vencer los retos de la vida cotidiana, de la vida laboral. Pronto descubre que no es suficiente para conseguir trabajo.
En la realidad, las empresas buscan a los más capaces, a los que tengan experiencia, a los que tengan más grados académicos, dominen más de un idioma. No basta el simple 8.
La calificación es uno de los elementos que deberán de revisar los legisladores que trabajaron en la construcción del andamiaje que ha permitido al país la renovación de un poder judicial corrupto.
Si bien es un hecho que no tiene precedente y del que está atento el mundo, por la participación del pueblo en la elección de sus juzgadores, como toda obra humana, no es perfecta.
Entonces deberá analizarse lo bueno y malo del proceso, perfeccionar lo que no haya funcionado como se esperaba. Hay tiempo para que se pula el procedimiento para la elección de 2027.
Sin duda el balance de lo sucedido en 2025 es favorable, a pesar de los críticos y las críticas. Se avanzó en medio de los detractores que nunca renunciaron a su intención de descarrilar la reforma judicial.
Desde la misma Corte con la ministra Norma Piña a la cabeza buscaron echar abajo la reforma, con manifestaciones, irrupciones violentas en el Senado, multiplicidad de amparos contrarios a lo señalado en la Constitución e interpretaciones sesgadas de la ley vigente.
Al final se impuso la voluntad popular. La tarea para sanear el poder judicial no ha terminado, apenas empieza. El reto es mayúsculo para quienes tomarán posesión en septiembre.
El pueblo estará atento a lo que hagan.
Lo único que pide es justicia, de verdad.
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