Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La serie de reformas que, como ya es costumbre, el oficialismo aprobó sin leer –o con la ayuda de ChatGPT, como cándida o cínicamente admitió una diputada de Morena, seguramente elegida vía tómbola- en el Congreso de la Unión, colocan al país en una espiral de retroceso que, además, marca la instauración de una autocracia en toda la línea.
Las recientes reformas en materia de telecomunicaciones, lavado de dinero, población y Guardia Nacional dotan al Estado de una serie de instrumentos para ejercer el control total sobre la población. Y en especial, sobre quienes disientan, critiquen o se opongan a los designios del poder.
Con el pretexto de perseguir delitos y “modernizar” –vaya ironía- procesos, el régimen restringe libertades, limita derechos y ha puesto en marcha un Estado policiaco en el que todo será observado, controlado y, porque de eso se trata, castigado cuando alguien se salga de esos parámetros autoritarios con los que pretenden gobernar al país esos mismos que, hasta hace no mucho, denunciaban los abusos del poder que tildaban, precisamente, de autoritario.
La creación de la CURP biométrica es una de las medidas más invasivas. Se trata de una nueva Clave Única de Registro de Población que contendrá, obligatoriamente, la fotografía del rostro, huellas dactilares y otros datos biométricos como el iris de los ojos.
La justificación es que sea una herramienta para la búsqueda de personas desaparecidas. Pero los propios colectivos y las organizaciones de la sociedad civil desconfían de las verdaderas intenciones del régimen al concentrar los datos biométricos de toda la población en una sola base de datos, creando de entrada un gran riesgo de mal uso de la información, así como su empleo político, ya que si la nueva CURP reemplaza a la credencial para votar del INE como documento de identificación, el gobierno en turno tendría acceso y control sobre las bases de datos electorales. Y ya vimos que no tienen empacho en cometer toda clase de fraudes para mantener el poder.
La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por su parte, permite la geolocalización en tiempo real de teléfonos celulares, cuyas compañías de telefonía deberán identificar obligatoriamente a cada usuario con datos que el gobierno podrá consultar en el momento que decida, como el historial de llamadas y mensajes, el origen y destino de las comunicaciones, y para lo cual no hará falta orden judicial. Si de por sí, hay cada vez más “pájaros en el alambre”.
A su vez, la reforma al Código Penal federal en materia de lavado de dinero otorga a la Secretaría de Hacienda acceso sin restricción alguna a información por demás sensible, como datos fiscales, información patrimonial, datos personales y biométricos, así como la información de sindicatos, partidos políticos y otros organismos. Sin necesidad de una orden judicial de por medio.
Todo lo anterior, en un clima de amedrentamiento de los opositores, los críticos, los activistas y los periodistas no alineados, a los que se amenaza, se hostiga y literalmente se persigue por la vía judicial. Ya sea con sentencias absurdas de organismos y tribunales electorales que tuercen el fin para el que fue tipificada la violencia política de género, o lo más reciente, requiriéndole a comunicadores que revelen sus fuentes, como es el caso de la periodista Laura Brugés, por documentar el operativo fraudulento de los “acordeones” de la farsa llamada “elección judicial”.
Y precisamente gracias de la reforma y la elección judicial, los ciudadanos estamos en la indefensión jurídica. La nueva “casta” de juzgadores serán todos afines al régimen que los impuso. ¿Quién se va a atrever a amparar a una persona ante un abuso de poder, ante una ley que violente derechos humanos, ante la represión, directa o disfrazada de un gobierno autoritario? Evidentemente, nadie.
Como sucede en todas las autocracias.
Pisoteando a la UV
Es oficial: al no emitir la convocatoria para el proceso de renovación de la rectoría este 30 de junio, tal como lo establece la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana, la desacreditada Junta de Gobierno violentó la legalidad y ha colocado a la institución en una crisis institucional de la que tarde que temprano, junto con Martín Aguilar, tendrán que rendir cuentas.
A partir de este momento, nada de lo que hagan es legal ni legítimo. Y así pasarán a la historia. El fraude será su legado, y el rectorado, espurio.
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