Diario Ejecutivo
- Ray Rogers expone caso de México en Coca-Cola
- Ojalá nuevo poder judicial resuelva lo de Go Gaba
- Sobrerreación, Fideicomisos, SAT, Superpeso, ASF
Roberto Fuentes Vivar
La principal reunión de Coca-Cola a nivel global es un evento que transcurre casi en secreto, al grado de que la IA de Google señala (todavía) que “la Asamblea Anual de Accionistas de Coca-Cola en Atlanta para 2025 se celebrará en una fecha aún por confirmar, pero típicamente ocurre en abril o mayo. Los accionistas pueden participar virtualmente y se espera que se aprueben los estados financieros del año anterior”.
Sin embargo, la reunión se realizó hace unos días y ahí, Ray Rogers accionista de Coca-Cola y activista laboral preguntó en la Asamblea anual de la transnacional sobre las denuncias de corrupción en su contra.
La pregunta fue la siguiente, de acuerdo con una traducción virtual del inglés al español:
“Es de conocimiento común que las políticas y acciones inmorales de los ejecutivos de Coca-Cola son aprobadas sin escrúpulos por miembros de la junta altamente compensados y complacientes. Juntos, tienen una larga historia documentada de ser acusados de complicidad en fraudes masivos y violaciones de derechos humanos, lo que resulta en dificultades e incluso en la muerte de individuos específicos. Los principales responsables de políticas de The Coca-Cola Company (TCCC) son considerados por muchos defensores de los derechos humanos como poco confiables, que continúan obteniendo beneficios sustanciales de delitos que van desde la complicidad en el uso de trabajo infantil ilegal en la peligrosa cosecha de caña de azúcar; la intimidación sistemática y la violencia contra los líderes sindicales y sus familias; y acciones y amenazas contra los emprendedores.
“En esta reunión me centraré en la flagrante situación del emprendedor mexicano José Antonio del Valle Torres. Después de firmar un acuerdo vinculante legalmente sobre una nueva categoría de ‘bebida que potencia el cerebro’ llamada GO GABA con la filial mexicana de TCCC, los secretos comerciales de la bebida del Sr. del Valle Torres, valorados por algunas estimaciones en miles de millones de dólares, fueron robados. La evidencia circunstancial y documentada recopilada desde que se descubrió el crimen en 2018, indica que altos funcionarios dentro de la Compañía están involucrados en el fraude y en esfuerzos por destruir no solo el medio de vida del Sr. del Valle Torres, sino también su vida. La situación del Sr. del Valle Torres se ha vuelto tan precaria que ha tenido que cambiar de residencia en numerosas ocasiones debido a la vigilancia, la intimidación y actos de sabotaje para causarle daño, o incluso la muerte, y ahora enfrenta consecuencias de salud irreversibles.
“Para prevenir la mayor erosión de la reputación de Coca-Cola y la de altos ejecutivos como el Director Global de Marketing Manuel Arroyo y su ex alta ejecutiva Galya Frayman, ambos implicados en esta horrenda narrativa, ¿abrirá TCCC sus archivos sobre las denuncias criminales de GO GABA y facilitará una investigación realmente independiente sobre los presuntos peligros para el Sr. del Valle Torres, que han sido ampliamente reportados en los medios internacionales y nacionales en México?”.
Hasta ahí la pregunta, que quedó sin respuesta y los principales directivos de la empresa, comenzando por James Quincey, presidente y director ejecutivo de The Coca-Cola Company, guardaron silencio sobre el tema.
En el periodismo, una pregunta y el silencio pueden tener un significado mayúsculo, Creo que es el caso.
El asunto de Go-Gaba, ha sido especialmente sensible, al grado de que el empresario mexicano mencionado por Ray Rogres ha tenido que vivir prácticamente escondido en el mundo, por temor a las represalias, porque ha pretendido que se haga justicia en un asunto de cientos de millones de pesos porque Coca-Cola violó un acuerdo y utilizó como propio un producto del empresario mexicano para comercializarlo en el mundo, principalmente en Japón, sin el consentimiento de José Antonio del Valle,
Pero el asunto fue más allá de lo comercial y se volvió un caso de derechos humanos, en el cual el Poder Judicial mexicano, primera instancia en el que fue litigado, se le negó justicia al empresario, ante la fuerza económica que representa la que puede ser considerada como la principal empresa transnacional a nivel global: Coca. Cola.
A partir del uno de septiembre, México tendrá un nuevo poder judicial tanto a nivel nacional, como en la Ciudad de México, con jueces y magistrados electos en las urnas y que, supuestamente, no van a responder a los intereses empresariales ni a compromisos, como era el caso hasta estos momentos, en que por cierto se encuentran en paro por supuestas diferencias laborales de los trabajadores y la autoridad, encabezada por Rafael Guerra Álvarez quien es actualmente el presidente tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, quien ha sido acusado de perseguir incluso a las madres que se atreven a denunciar violencia de género.
Se supone que a partir de septiembre toda la red que tejió este personaje podrá desmantelarse para dar paso una nueva esperanza con impartidores de justicia emanados del voto popular y por lo tanto si compromisos de nepotismo o de arreglos fuera de la ley para favorecer intereses de los grupos más poderosos nacional e internacionalmente.
Ojalá, los nuevos impartidores de justicia retomen el caso Go Gaba y finalmente impartan justicia, para que se pueda hablar de un verdadero cambio. Podría ser un asunto ejemplar que defina todo un nuevo modelo de Poder Judicial en México.
Dice el filósofo del metro: en la Biblia finalmente David venció a Goliat.
Tianguis
En un caso insólito, la Secretaría de Hacienda emitió el sábado -generalmente no difunde comunicados en fin de semana, a menos de tratarse un asunto de extrema urgencia- un comunicado en el cual señala que “al mes de mayo, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública se ubicó en 49.2% del PIB. Este nivel representa una reducción frente al 51.3% observado al cierre de 2024 y se mantiene significativamente por debajo del promedio de economías emergentes y países de América Latina”. Me llamó la atención por dos razones, la primera, repito, que fuera en fin de semana. La segunda porque son los mismos datos que había difundo días antes en su informe al Poder Legislativo. Luego me di cuenta de algo: La Jornada publicó como noticia principal de la contra portada lo siguiente: “La deuda externa de México escaló en 826 mil 516.4 millones de pesos durante un año, para alcanzar el equivalente a 4 billones 487 mil 559.5 millones de pesos este mayo. El incremento de 17.4 por ciento real en estas obligaciones públicas se dio en parte por la depreciación en el tipo de cambio, que se ha recrudecido por la incertidumbre a escala global”. Creo que se trató de una sobrerreacción no muy afortunada. La nota de La Jornada (buena nota por cierto de la reportera Dora Villanueva) reproduce de alguna manera algunos de los aspectos que a la oposición le interesa destacar. No creo que se trate de aquel viejo refrán periodístico de “buena nota mala leche”, sino de un aspecto meramente reporteril loable, que coincide (eso sí) con las tesis de la oposición. Pero me pregunto ¿vale la pena sobrerreacionar a una publicación? Creo que no. Los datos ahí están aunque no los repoya Hacienda: Sí creció la deuda, pero se encuentra en niveles manejables…. Por cierto que la propia secretaría de Hacienda y Crédito Público informo el viernes que, en el marco de la intervención gerencial aplicada a CIBanco e Intercam Banco establecida en la Ley de Instituciones de Crédito, inició un proceso para escindir el negocio fiduciario de ambas instituciones, con el propósito de garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran. Esta acción se llevará a cabo bajo las disposiciones vigentes en materia financiera y en estrecha coordinación con las autoridades supervisoras. En este sentido hizo bien en trasferir temporalmente el negocio fiduciario a entidades de la banca de desarrollo mexicana, permitiendo así que los fideicomisos continúen operando sin interrupciones, en beneficio de sus fideicomitentes, beneficiarios y terceros involucrados… El peso mexicano continuó ganando terreno ante el dólar, por lo que registra en lo que va del año una apreciación de más de 12 por ciento y se encuentra en su mejor nivel desde agosto de 2024. Este viernes la moneda mexicana cerró 18.62 unidades por dólar, contra18.66 del jueves, lo que significó una apreciación de cuatro centavos o 0.2 por ciento. En la semana la divisa nacional registró una fuerte ganancia de 1.18 por ciento o 22 centavos, contra 18.85 unidades el viernes de la semana pasada, De hecho, el peso registró su mejor semana en 11 meses… la semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió 25 años y lo celebró con dos informaciones históricas referentes al comportamiento en los primeros meses del año: El primero que de enero a junio de este año se alcanzó una recaudación récord de 2.8 billones de pesos; un crecimiento real de 8.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024; y sin la necesidad de una reforma fiscal. El segundo que en el primer trimestre de 2025 logró recuperar en litigios ante diversas instancias del Poder Judicial 66 mil 266.5 millones lo que representó un aumento de 133.91 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado (por cierto, ese dato se le debe a la reportera Dora Villanueva). En el primer trimestre obtuvo dos mil 442 casos sentencias favorables, cifra 9.6 superior a la de enero-marzo de 2024, pero el monto se disparó por tratarse de casos que involucraban mayores cantidades. De hecho, cada una de las sentencias favorables tuvo un promedio de 27 millones, mientras que el año pasado cada expediente le significó un promedio de apenas 10 millones de pesos... En sus primer informe sobre 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que hay 660 millones de pesos sin aclarar en la cuenta pública del último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cifra mínima si se considera que en 2108 las irregularidades ascendieron a 10 mil 639 millones de pesos en el último año de Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón 51 mil 487 millones en 2012. Pero quizá lo más importante es que la auditoría avaló el manejo de la deuda pública realizado por el gobierno federal durante el ejercicio fiscal del año pasado y señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. El informe señaló que en 2024 el saldo total de la deuda pública del gobierno federal ascendió a 15 billones 394 mil 792 millones 545 mil pesos, cifra que coincidió con lo reportado en la cuenta pública de ese año y que el gobierno federal pagó un billón 9 mil 113 millones 971 mil pesos del costo financiero de la deuda, que incluye intereses y comisiones.
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