Estado de los ESTADOS
“Más que la civilización, la justicia es la necesidad del pueblo”: Pietro Colletta
- FGR, ineficaz e inútil
- Negligencia de Gertz Manero ampara impunidad vigente
- Casos históricos; acumulan fracasos políticos y familiares
Ciudad de México, 10 de julio de 2025.- Los números son lo suficientemente claros para resultar preocupantes al revelar la pésima operatividad de los órganos encargados de aplicar la ley y la justicia: uno de cada tres reos federales se encuentra en prisión preventiva oficiosa y sin sentencia. La pesadilla comienza con la lentitud en la conformación de los expedientes de la Fiscalía General de la República, la solicitud de ampliación para la presentación de pruebas a cargo de los grupos investigadores y así hasta llegar al punto en donde se comprueba otra mentira expresada desde el templete mañanero: “con inocentes hasta comprobarse lo contrario”, lo cual no es para lograr aplausos al ser un principio básico del derecho. Con el encarcelamiento inmediato, tal pronunciamiento quedó cancelado y no se trata de defender a quienes han delinquido sino lograr se restituya la confianza en las instituciones y no se encuentren tantas fallas cuyo final apenas incluye “usted perdone” al otorgarse absoluciones.
Con Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, se destaca por su ineficiencia y, hasta el momento, inutilidad. Los casos acumulados y sin resolver se multiplican y asuntos tan trascendentes para la vida nacional como los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, las irregularidades en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el atentado a la familia LeBarón, la tragedia de Tlahuelilpan, el incendio en una estación migratoria de Chihuahua, o el mediático caso de Odebrecht, son algunas de las investigaciones aún pendientes en esa dependencia, a la cual se sumaron en el mes de abril la reapertura de casos históricos como los homicidios del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, del cardenal Juan José Posadas Ocampo, y del exsecretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, así como las desapariciones forzadas de personas durante la década de los años 70 y principios de los 80, además de los ocurridos en la conocida época de la guerra sucia en el estado de Guerrero.
En esos afanes de recurrir al pasado y prometer la resolución de casos en los cuales las pruebas se han sepultado, es notorio se ha buscado lo mediático, la fabricación de cortinas de humo, el resurgimiento de asuntos en los cuales se vio fuera de equilibrio la gobernabilidad del país. Se llega si a los señalamientos y denuncias provenientes de Israel en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, como en su momento se lanzaron hacia Ernesto Zedillo para encontrar argumentos suficientes y así poner en marcha los trenes, considerados como “lo moderno en la transportación”, aún y cuando corran en las vías del porfiriato.
Suplieron las andanadas en contra de Felipe Calderón atacando a los sucesores, pero ni siquiera una miradita al pasado reciente. Como falta de voluntad política, entre otras razones en las cuales se incluye la impunidad, en México se alcanza el 95.5% de los casos conocidos por la Fiscalía General de la República sin resolución desde el 2018. Además, en el periodo 2021 a 2023, denuncias muy importantes para la ciudadanía como han sido las presentadas en contra del “doctor muerte” Hugo López Gatell, la llevada hasta esa dependencia por la titular del gobierno de Veracruz en contra de su antecesor, las decenas interpuestas por los partidos políticos opositores a Morena, se han quedado archivada. Y, para no dejar duda de su inoperatividad está el silencio en torno al racho Izaguirre o el archivo a tantas denuncias presentadas por los familiares de más de 60 mil desaparecidos. Los casos de asesinato atraídos por esa oficina no han tenido ningún curso en sus investigaciones.
No ha logrado éxitos con los casos del presente, mucho menos en las 166 mil carpetas de investigación heredadas por la extinta Procuraduría General de la República, así como una altísima tasa de impunidad, como lo documentó la organización México Evalúa. Durante 2014 a 2017, es decir, durante las gestiones de Jesús Murillo Karam, Arely Gómez Y Raúl Cervantes Andrade, la PGR no investigó tres de cada 10 denuncias recibidas. De las atendidas, archivó una tercera parte y determinó el no ejercicio de la acción penal en un 35.6%. Según la organización, la FGR tardará más de 13 años para terminar su proceso de transición, principalmente para abatir el rezago en las investigaciones pendientes.
Al ritmo actual, la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) requerirá 11 años para terminar las cerca de ocho mil 600 investigaciones rezagadas, mientras para la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF), el plazo se extendería hasta el 2061. Además, desde su llegada a la FGR, Alejandro Gertz Manero ha ido de escándalo en escándalo, sin lograr resultados positivos durante su gestión. Dentro de otros casos relevantes durmiendo el sueño de los justos en su escritorio, se encuentran: la persecución de 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes el fiscal acusa de delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, lo cual desató una ola de indignación.
Un juez rechazó dos veces la orden de aprehensión en contra de los investigadores. En contrario, el silencio rodea los casos de Segalmex, lo señalado por el abuso en la utilización de recursos para proyectos fallidos como la mega farmacia, la creación del Insabi e inclusive aquellos relacionados con la devastación causada en la construcción de las mega obras: Tren Maya, Dos Bocas e Interoceánico.
Gran chasco para la FGR es el escándalo de los sobornos presuntamente pagados por la empresa brasileña Odebrecht al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y que habrían sido utilizados para sobornar a diputados de la oposición (PAN y PRD). Los errores en investigaciones y seguimiento de este caso han permitido a uno de los involucrados ser en el presente miembro del gabinete de Layda Sansores Pérez, en la titularidad de la Secretaría de Economía estatal. Ni qué decir de la libertad de la cual gozan los principales acusados o la impunidad otorgada a Alonso Ancira. Mientras los países ligados a las operaciones de Odebrecht llevaron a la prisión a expresidentes y funcionarios de primer nivel, en México todo ha quedado para el anecdotario. Sin embargo, el caso se cayó y no se avanzó más. Otro caso destacado es el relacionado con la detención, por parte de autoridades de Estados Unidos, del general en retiro Salvado Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el gobierno de EPN. Fue acusado de varios cargos de narcotráfico, entre ellos, ayudar al Cártel del H-2, a cambio de sobornos.
La fiscalía estadounidense desistió de juzgar a Salvador Cienfuegos por narcotráfico. El general fue entregado a las autoridades mexicanas, quienes se comprometieron a investigarlo, sin embargo, fue puesto en libertad y la FGR de Gertz Manero cerró el caso otorgándole el sello de inocente al no encontrar pruebas en su contra. Gertz Manero no dio tregua a sus escándalos y yerros, está el ocurrió en octubre de 2020, cuando Alejandra Cuevas Morán fue encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de homicidio por omisión de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal. Alejandra es hija de Laura Morán, quien durante 50 años fue la pareja sentimental de Federico, quien falleció a los 82 años de una enfermedad.
Alejandro Gertz arremetió contra su ex familia política y demandó a Alejandra y a sus hijas Laura y Alejandra Cuevas, de homicidio por omisión de cuidados hacia Federico. La denuncia fue archivada en dos ocasiones por la justicia de la Ciudad de México debido a que no había elementos evidenciando la responsabilidad de ambas mujeres en la muerte de su hermano. de los cargos. La actual consejera jurídica de la presidencia Ernestina Godoy, en esos momentos al frente de la fiscalía de la CDMX, no dudó en inventar delitos con tal de mantenerlas recluidas, hasta que, llegado el momento, las más altas autoridades debieron derrumbar el capricho del funcionario.
Otro caso mediático fue el de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de EPN, quien fue acusada por uso indebido del servicio público porque habría permitido la subcontratación de servicios por parte de universidades públicas para desviar recursos. Hasta su liberación. La “Estafa Maestra” se quedó en el limbo y para el registro de la incapacidad de investigación de la Fiscalía. No hubo nadie castigado por este caso y se notó lo político de las intenciones.
Aunque para el registro histórico nacional está la fotografía en donde don Alejandro aparece en el templete mañanero entregándole un “chequezote” al ex presidente López Obrador por dos mil millones de pesos entregados por la familia Zaga para resarcir parte del monto de seis mil millones destinados a un inventado programa de movilidad en el Infonavit. Ni han logrado hacer uso de un dinero propiedad en cada tercera parte de empresarios, trabajadores y gobierno y mucho menos se actuó contra quien contrato y, posteriormente con el sucesor de Alejandro Murat, liquidador del compromiso. Eso sí, ahí están las sonrisas de ambos personajes, del titular del Ejecutivo y de su mano derecha ejecutora de casos políticos sonriendo ante su desconocimiento de la ley y protegiendo a quienes son “suyos”.
DE LOS PASILLOS
En Zimapán, Hidalgo, el matrimonio compuesto por Arturo Williams Trejo Leal y Bertha Eva Medina Hernández, junto con la hermana de ésta última, Alhelí Medina Hernández, confían en la actuación del juzgado Penal de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, y se desechen las acusaciones que se le imputan, de presunto abuso sexual infantil de dos de sus sobrinas, sorprendentemente, por segunda ocasión. Los denunciados sostienen que no existen elementos para sostener la imputación y han atribuido la denuncia a intereses derivados de una herencia.
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