Eduardo Sadot
Hay dos instituciones distintas, diferentes de origen y funciones muy diversas que intervienen en un juicio que afectan a los ciudadanos de maneras muy diferentes y que debemos entender y distinguir: una es la intervención de las antes procuradurías y por otro lado el poder judicial federal y en otro espacio los poderes judiciales locales de cada uno de los estados que componen los tribunales superiores de justicia.
Por un lado, están: Uno, las fiscalías antes procuradurías que dependían así: la federal del poder ejecutivo según sea, la general del presidente de la república, las locales de cada uno de sus gobernadores y de la ciudad de México y Dos; por otro lado están: el poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales en cada entidad federativa.
Las fiscalías antes “procuradurías” los “ministerios públicos” hoy fiscales, la policía ministerial antes “policía judicial” han propiciado la confusión de palabras, términos y funciones.
El “pueblo bueno y sabio” temía a la corrupta policía judicial, a los judiciales o “judas” así conocidos entonces. Enfrentar a los ministerios públicos con todo su caudal de corrupción era – y sigue siendo – una tarea insuperable del ciudadano común.
Los Procuradores eran nombrados y dependían de los gobernadores de los Estados, se hicieron autónomos, pero en realidad siguen subordinados a sus poderes ejecutivos, tanto el General de la República a la presidencia de la república, como los de las entidades federativas a sus gobernadores. La mejor prueba de subordinación desde el Fiscal General de la República de México, que ha dado muestras de franca subordinación a la figura presidencial, hasta los fiscales generales de cada una de las entidades federativas que componen el universo de las fiscalías, que repetimos, en cada una de las entidades federativas cuya subordinación a cada uno de sus gobernadores es evidente.
De los ministerios públicos hoy fiscales, su operación sigue siendo la regla en un pantano de corrupción, la popular frase de que – el que no tranza no avanza – es una realidad.
Gracias a la confusión de palabras, policía judicial corrupta facilitó el discurso de poder judicial corrupto, no obstante que nada tienen que ver el uno con el otro.
La corrupción en la impartición de justicia es evidente, pero que en la demanda de justicia regularmente – decimos regularmente porque en penal intervienen las fiscalías pero en una controversia entre particulares no necesariamente intervienen las fiscalías – intervienen dos instancias una que depende de presidente o gobernadores – las fiscalías antes procuradurías como ya hemos mencionado anteriormente – y ministros, magistrados y jueces que dependen de otro poder – el poder judicial – ello facilitó el discurso de corrupción en el poder judicial, sin que así fuera totalmente cierto.
Las instancias más corruptas y con un poder ilimitado están en las fiscalías y esas no dependen del poder judicial al que se reformó. Cuando la reforma debiera hacerse, porque era una exigencia social, en las hoy Fiscalías, tan dependen del poder ejecutivo – federal o estatal – que hoy han aflorado muchos ejemplos de corrupción que se perfeccionarán con la seudo “reforma Judicial”.
Hay documentados actos de corrupción y señalamientos en fiscalías, desde Quintana Roo hasta Baja California, ante la impotencia de la ciudadanía. Frente a despojos, órdenes de aprensión por encargo o por pago adelantado, de los que hemos de documentar en otro espacio.
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