El Ágora
Octavio Campos Ortiz
El proyecto político de la autonombrada 4T pretende mantenerse en el poder mediante un esquema propagandístico basado en la manipulación de la realidad y un sistema populista que obnubila a la sociedad mediante la desinformación o la sobreinformación con datos falsos. Esa infodemia le ha servido por siete años al gobierno con un alto costo para la población, ya que erróneas políticas públicas provocaron crisis económica, desempleo, inflación, nulo crecimiento, desabasto de medicamentos, aumento exponencial del comercio informal y pérdida de la gobernanza a manos del crimen organizado.
La infodemia se extendió a los estudios de opinión, donde la mayoría de las casas encuestadoras se convirtieron en hacedoras de falsas imágenes con parametrías que son trajes a la medida del cliente.
La demoscopía contribuye a la obnubilación de la sociedad y recrea un mundo feliz, al estilo de Aldous Huxley, donde todo está bien: gobernantes con altos índices de popularidad, estándares de bienestar que nos hacen parecer uno de los países más felices del mundo, educación acientífica e ideologizante que mediatiza, todo bajo el confort de una dádiva gubernamental de supervivencia que aleja del “aspiracionismo” clasemediero. Las encuestas legitiman elecciones, aunque se haya perdido la gobernabilidad y hasta presumen paz social. Pero la infodemia no ha podido encubrir la inseguridad.
A pesar de que cada semana manipulan la numeralia de la incidencia delictiva e insisten en la reducción significativa de los delitos o que los ilícitos federales van a la baja, la realidad es que las autoridades pierden la batalla, si no es que la guerra, en contra de las bandas criminales. Seguramente si han bajado los injustos del fuero federal, pero solo menos del diez por ciento de esas conductas afectan al ciudadano de la calle, poque más del 90 por ciento son acciones que dañan a dependencias gubernamentales.
Esa disminución no reconforta al mexicano promedio. Lo que sí es preocupante y debiera ocupar al régimen es la percepción de inseguridad de los gobernados. A pesar de que el INEGI ha consentido no hacer encuestas sobre pobreza y si manejar la estadística educativa -sin la experiencia del CONEVAL-, todavía es confiable su Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana, la cual -muy a pesar de los corifeos demoscópicos-, concluye que el 63.2 por ciento de la población mayor de 18 años vive inseguro en su ciudad y siete de cada diez mujeres lo están. Seis de cada diez personas presenciaron conductas delictivas.
Las ciudades más inseguras son Culiacán, Ecatepec, Uruapan, Tapachula, Ciudad Obregón, Fresnillo, Irapuato, Chimalhuacán, Puebla y Naucalpan. Un dato nuevo, la descomposición social que propicia la autonombrada 4T: el 35.4 por ciento de la población tuvo enfrentamientos o conflictos con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o autoridades. La ENSU marca los lugares donde más se sienten inseguros los ciudadanos como cajeros automáticos en vía pública, el transporte público o en calles donde se consume droga o alcohol; sin embargo, los servidores públicos no implementan programas de prevención del delito o estrategias de inteligencia policial para contratacar esos delitos in situ.
A pesar del evidente fracaso en seguridad pública, el aparato propagandístico gubernamental ha podido posicionar su posverdad, esa distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. No permitamos más la obnubilación de las masas, despertemos conciencias, exijamos a las autoridades la verdadera solución de los problemas nacionales y rechacemos los distractores mediáticos de la agenda pública, no seamos sociedad de desganados. El rechazo a la infodemia gubernamental es la aterradora percepción de inseguridad.
Apostilla: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Guanajuato, a través del Centro Federal y Registro Laboral, notificó a la empresa hondureña Millfoods la fecha de la primera audiencia de conciliación prejudicial, luego de que trabajadores de uno de los sindicatos más sólidos del Bajío denunciara adeudos millonarios, dolo e indiferencia de la que presumía ser una agroindustria seria y comprometida con valores sociales y éticos. La audiencia será el 7 de agosto próximo; llama poderosamente la atención que el citatorio sea también para representantes de la multinacional Modelo.
Millfoods se instaló en Salamanca, Guanajuato y muchos sectores la veían como un parteaguas para la economía local, que impulsaría empleo, desarrollo sustentable y alianza con productores mexicanos de maíz no transgénico, pero a pesar de las obras, ya concluidas por una empresa mexicana -a la que por cierto deben también multimillonaria suma-, el panorama es desolador para más de 500 trabajadores que solo esperan lo justo… su pago.
