El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Los gobiernos capitalino y federal se vieron rebasados en la contención de las protestas conmemorativas de la matanza de estudiantes y civiles en Tlatelolco hace 57 años. Con ello demostraron que han perdido la gobernanza al claudicar en la función primigenia de todo Estado: dar seguridad y proteger la vida y patrimonio de los ciudadanos, amén de mantener la paz y el orden público. Renunciaron a una de sus prerrogativas constitucionales que permite mantener el pacto social: hacer uso legítimo de la fuerza. Corresponde a los mandatarios la utilización de los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas para preservar la tranquilidad y la seguridad nacional. Sin embargo, claudicaron en esa función y minimizaron la autoridad de las policías.
Las escenas que vivimos la semana pasada son consecuencia de una titubeante estrategia gubernamental que permite la protesta social como expresión democrática, aunque es más laxa con ciertos grupos. Se es omiso ante la violencia en las marchas de los “Ayotzinapos”, de la CNTE, las estudiantiles y hasta las de las ultras feministas, pero se intimida o encapsula a las madres buscadoras, a los padres de niños con cáncer y reclaman medicamentos y terapias o a los verdaderos movimientos feministas que nunca han sido recibidos ni escuchados en Palacio Nacional. La narrativa oficial busca estigmatizar la protesta opositora y acabar con la idea de los cuerpos policiales como represores, a sabiendas de que la contención mediante el uso proporcional de la fuerza está legítimamente permitida.
Históricamente se ha reprimido a cristeros, maestros, ferrocarrileros, médicos, estudiantes y movimientos disidentes cuando los gobernantes en turno presumen peligra la estabilidad nacional. Curiosamente cuando la oposición-hoy hecha gobierno-, introdujo la violencia en sus movilizaciones y el cobarde anonimato detrás de paliacates y pasamontañas-, los regímenes del PRI y el PAN cedieron a la presión de esos grupos y cortaron garras a las fuerzas del orden. Dejaron de utilizarse los carros tanques con agua -práctica común en otras naciones -, para disuadir a manifestantes. Con el tiempo, también olvidaron los toletes, por lo que los policías ahora solo se defienden con los escudos de acrílico.
Cuando verdaderos jefes policiacos instruyeron el uso de la fuerza y apoyaron a sus uniformados fueron cesados o renunciaron: tal es el caso de David Garay Maldonado, destituido porque disolvió con la montada y los potros (motociclistas de Tránsito) un bloqueo de estudiantes en Reforma y Bucareli. Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública con Miguel Ángel Mancera, renunció porque su jefe no lo respaldó cuando con los elementos de la SSP rescataron a elementos del Estado Mayor Presidencial agredidos por manifestantes en Palacio Nacional. Se rifaron los guardianes del orden y Rodríguez Almeida dijo que México contaba con la mejor policía del mundo. Mancera no estuvo de acuerdo con la frase y en un acto de dignidad el secretario dejó el cargo.
Toda la policía está inerme, a merced de cualquier grupúsculo político o de la delincuencia. Los opositores de ayer, hoy gobierno, olvidan que ellos introdujeron la violencia en la protesta social y crearon a esos vándalos que como quinta columnas distorsionan y descalifican legítimas demandas. Ahora altos funcionarios del gobierno capitalino y sus lacayos panegiristas hablan de una provocación y culpan de las agresiones a supuestos ultras financiados por el prian. Con todo respeto a Sor Juana Inés de la Cruz, permítaseme parafrasear: Gobiernos necios que acusáis a la oposición sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
Apostilla: Nuevo distractor: acusan al líder del PRI, Alejandro Moreno, de corrupto y lavador de dinero, por lo que ilegalmente la impresentable gobernadora de Campeche le expropió terrenos. Por difamación, el presidente tricolor demandará en México y en el extranjero a la primera mandataria del país. Otros delitos podrían tipificarse como abuso de autoridad. Flaco favor se hicieron la inquilina de Palacio Nacional y la hija del cacique Carlos Sansores Pérez. Mientras tanto, el campechano también denunció persecución política y una campaña permanente de desprestigio; espera que no se haga uso faccioso de las instituciones de justicia ante los falsos señalamientos de corrupción y lavado de dinero. Insistió “Alito” que vivimos en un narco gobierno.
Ahora que hay un desgaste de nuestro sistema pluripartidista, el legislador Pedro Haces Barba hizo una defensa seria de los institutos políticos en Estrasburgo, Francia. Dijo que ninguna democracia puede entenderse sin la existencia de partidos libres, ya que dan cauce a los intereses sociales. Agregó que son vínculo entre sociedad y democracia y convierten las demandas ciudadanas en políticas públicas. Pidió afrontar el reto de ser confiables para la gente. El tlalpense expresó que donde los partidos funcionan como canales de representación real, las sociedades logran estabilidad y desarrollo.
