Aquí en el Congreso
Por José Antonio Chávez
El hartazgo de turistas nacionales e internacionales, obligó a la sociedad local y visitantes que se realizara una campaña contra los abusos excesivos y con toda impunidad, que está ocurriendo en Tulum, el destino de playa y sol de moda en el Caribe Mexicano: “No venga a Tulum, porque los van a desplumar”
Todo inicia con la llegada de turistas al aeropuerto de Tulum, para llevarlos al centro de la ciudad o la zona hotelera los despiadados taxistas cobran cantidades abusivas que, en la mayoría supera el costo del boleto de avión CDMX-Tulum.
El desplumadero llega a su segunda etapa cuando por fin los turistas llegan a las playas, ahí los prestadores de servicios, restaurantes como meseros hacen cobros excesivos de los alimentos y otros por los productos en los clubes de playa. Hay cuentas que son impagables.
Y si por alguna razón los ciudadanos locales quieren ingresar a las playas por el Parque El Jaguar, hay un costo de 450 pesos por persona. Los hoteleros se apropiaron de las playas para prohibir el acceso.
Las playas, ojo, son públicas y con acceso libre a todo ciudadano, nacional o extranjero, son propiedad de la nación (del pueblo), no de particulares.
Los precios sin regulación desde los taxis con tarifas de 1800 hasta 2800 por llevarte del aeropuerto al centro en una distancia de 8 a 10 kilómetros, así como cobrar por el acceso a las playas, era muy normal para el actual presidente municipal, Diego Castañón y la gobernadora Mara Lezama.
Los restaurantes de alta cocina, con precios hechos para una exclusividad de turismo, solo acaudalados podían pagar las cuentas de consumos mínimos de mil dólares. Apostaron por el turismo de alcurnia o como dicen los mayas, de casta sagrada. Pero el popular también se excedía con refrescos o botellas de agua a precios del aeropuerto, 80 o cien pesitos.
La llegada del aeropuerto de Tulum del gobierno saliente, provocó se desbocarán los empresarios inmobiliarios con construcciones y más construcciones de complejos residenciales a excesivos costos, hoy se cayeron las ventas por la inseguridad y por los excesivos costos.
Hay remate de propiedades hasta un 45 por ciento del precio inicial y no se venden, hay crisis, pues. Creció la gentrificación y echó a perder el negocio con afectaciones mayúsculas al destino.
Hoy esa excesiva avaricia de precios implementados a su criterio y sin regulación alguna, de hoteleros, taxistas, prestadores de servicios, etcétera, están ahuyentando los vuelos internacionales de aerolíneas que consideran la inviabilidad.
Con bombo y platillo la gobernadora presumía las llegadas y hoy con silencio profundo su retirada.
Ahora si quieren que regresen los turistas nacionales, para ello están trabajando el empresariado hotelero, los taxistas y los prestadores de servicios, incluso los militares que administran el “Parque del Jaguar”, para ofertar con costos accesibles.
La campaña de “No vengan a Tulum, porque los van a desplumar”, llegó a Palacio Nacional, la Presidenta, Claudia Sheinbaum instruyó a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez para que encabece una mesa de trabajo con la gobernadora, el alcalde, la secretaria de Marina y Defensa que tienen a cargo el “Parque del Jaguar”, así como los hoteleros y restauranteros, el sindicato de taxis y prestadores de servicios.
La tarea de la secretaria es meter en cintura, por las buenas o por las malas, para empezar a los taxistas que han generado la peor imagen ante el mundo por el maltrato y abusos a los turistas, amén de los pleitos contra UBER en Cancún y Playa del Carmen.
Luego los hoteleros, qué ante la manifestación de la ciudadanía local, que cerraron la carretera contra estos abusos, se adelantaron abrir el paso libre a las playas sin consumo. Al alcalde que este más atento con las quejas ciudadanas y a la gobernadora que no permita esos abusos con castigos ejemplares, vaya que deje los compromisos adquiridos y aplique las leyes.
LAS PLAYAS SON DEL PUEBLO. KENIA, MONREAL Y EL SENADO
La semana pasada, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López dio cuenta de la iniciativa que aprobaron para que los mexicanos puedan gozar de las playas libres, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal impulso esa ley porque reafirmó que todas, sin excepción, todas las playas del territorio nacional son propiedad del pueblo. Esa ley la recibió la presidenta del Senado, la morenista, Laura Itzel Castillo que va en la Cámara Alta sin el menor problema de forma unánime. Basta recordar que hay la obligatoriedad para que los inmuebles (hoteles o condominios, etc.) frente al mar, que choquen pared con pared, deberán abrir un paso peatonal para el acceso libre a las playas. No hacerlo, serán sancionados.
ALERTAN, DE APROBARSE IEPS UNO DE CADA DOS CIGARROS SERÁN PIRATAS
No será una tarea nada fácil para los lideres del Senado, Adán Augusto y de Diputados, Ricardo Monreal entrar al terreno de impuestos a la industria tabacalera.
Anote que el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA), advierte que, de aprobarse la iniciativa, la presencia del tabaco ilícito subiría al 50 por ciento de la oferta nacional. Es decir, uno de cada 2 cigarros que se venderían en el país sería “piratas”, los cuales serían de muy fácil acceso a menores de edad por lo barato y sin regulación alguna.
No son una posibilidad. Son una realidad. Puede dar cuenta que los cigarros piratas están presentes prácticamente en las principales calles, plazas y parques de las ciudades y pequeños poblados del país. Se ofrecen a menores o adultos; a todos parejo por igual. Se venden en cajetilla o por unidad. Son de varias marcas: Marble, Denver, Indigo, Royal, Time, Carnival, Marley, Patrol, Marshall, Safari, Casino Royale, Jaipur, Jaisalmer, etc.
Muchas de ellas incluidas en las alertas de la propia Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Son los cigarros ilegales.
El tabaco ilícito es un fenómeno que el propio gobierno ha lanzado alertas sanitarias, advierten que los cigarros ilegales constituyen un riesgo a la salud de la población, ya que puede tratarse de producto falsificado, adulterado o incluso, elaborados con ingredientes desconocidos, lo que incrementa la posibilidad de contener compuestos químicos potencialmente tóxicos.
Son productos que son introducidos al país sin revisiones sanitarias.
Los empresarios de la industria tabacalera, afrontan una pesada carga fiscal, pues de cada peso del costo de una cajetilla de cigarros, 68 centavos son de puros impuestos. En consecuencia, fomenta a la piratería, toda vez que mientras una cajetilla de 80 pesos su precio con el incremento de impuestos subirá a 100 pesos, una cajetilla pirata oscila en 20 pesos y sin pagar un centavo de impuestos.
Los datos de la piratería son alarmantes, para que se de una idea, esa condición de precios ha generado un peligroso mercado negro que dominan el crimen organizado y que tienen el 20 por ciento de la oferta nacional. Aduanas, ofreció que tan solo en el puerto de Lázaro Cárdenas decomisaron más de 10 millones de cajetillas ilegales.
Jachavez77@yahoo.com
