Eduardo Sadot
La propuesta de la presidente Claudia Sheinbaum para limitar las pensiones de altos funcionarios en empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad ha abierto un debate que rebasa con mucho la simple consigna de austeridad administrativa. Lo que está en juego no es únicamente un ajuste presupuestal: es también la memoria histórica del país y el reconocimiento al esfuerzo de generaciones de mexicanos que construyeron una de las principales columnas del desarrollo nacional.
En principio, la idea de poner límites a las llamadas “pensiones doradas” puede resultar atractiva para una sociedad que con razón observa los excesos del poder público. Nadie defiende privilegios injustificados. Pero en medio del debate es indispensable hacer una distinción fundamental: no todas las pensiones del sector energético nacieron del privilegio. Muchas son el resultado de décadas de estudio, disciplina y trabajo de miles de técnicos, ingenieros y especialistas que dedicaron su vida a construir la industria petrolera mexicana.
Tras la Expropiación petrolera de 1938, México enfrentó un desafío monumental. Las compañías extranjeras dejaron instalaciones, pero no necesariamente la tecnología ni el conocimiento para operar una industria compleja y estratégica. El país tuvo que formar, prácticamente desde cero, a los especialistas que harían posible el funcionamiento y la expansión de la nueva empresa nacional.
En esa tarea jugó un papel decisivo el Instituto Politécnico Nacional, creado durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. De sus aulas surgieron generaciones de ingenieros petroleros, químicos, geólogos y técnicos altamente capacitados que ingresaron a Petróleos Mexicanos desde muy jóvenes. Muchos comenzaron en los puestos más modestos y, gracias a su preparación y experiencia, ascendieron a posiciones de alta responsabilidad técnica y administrativa.
Fueron esas generaciones las que desarrollaron la capacidad operativa del país, modernizaron instalaciones, exploraron nuevos yacimientos y construyeron la infraestructura energética que México necesitaba para industrializarse y competir internacionalmente. Durante décadas, Pemex no sólo sostuvo buena parte de las finanzas públicas: también impulsó carreteras, puertos, complejos petroquímicos, redes energéticas y una gran parte de la infraestructura que permitió el crecimiento económico del país.
Las pensiones que hoy reciben muchos de esos profesionales no son un simple beneficio burocrático. Son, en realidad, el reconocimiento institucional a una vida de esfuerzo, preparación y servicio público. Reducirlas bajo la lógica de que nadie debe ganar más de la mitad del salario presidencial plantea interrogantes inevitables.
Primero, porque el salario presidencial formal difícilmente refleja el costo real del aparato que rodea al poder ejecutivo: residencias oficiales, transporte, seguridad, logística y toda una infraestructura financiada por el Estado. Presentar una cifra aislada como parámetro absoluto puede resultar, cuando menos, una simplificación que distorsiona la realidad.
Segundo, porque vincular las pensiones a ese salario crea una paradoja evidente. Si mañana aumentara la remuneración presidencial, ¿aumentarían también las pensiones que hoy se pretende limitar? Evidentemente no. El criterio parece responder más a un argumento político que a una lógica estructural de justicia laboral.
Y tercero, porque surge una cuestión de fondo: ¿qué mensaje envía el país a quienes dedicaron su vida a prepararse, estudiar y trabajar para fortalecer las instituciones públicas? En muchas naciones desarrolladas se promueve justamente lo contrario: el mérito académico, la especialización técnica y el esfuerzo profesional se reconocen como motores del progreso.
México corre el riesgo de avanzar en sentido inverso si la discusión termina reducida a una lógica de nivelar hacia abajo. La verdadera política social no consiste en emparejar a la sociedad en la precariedad, sino en elevar las condiciones de vida de todos.
El país tiene derecho a revisar abusos y a transparentar los sistemas de retiro del sector público. Pero también tiene la obligación histórica de reconocer a quienes hicieron posible que Petróleos Mexicanos se convirtiera durante décadas en uno de los pilares de la economía nacional.
Porque detrás de cada pensión hay una historia de estudio, trabajo y compromiso con México. Y la pregunta que inevitablemente queda en el aire es simple y contundente: ¿dónde está hoy el reconocimiento del país a los mexicanos que hicieron grande a Pemex?¿Dónde queda la obligación del Estado de privilegiar a la excelencia profesional y reconocer a quienes se comprometen con los valores superiores de la nación? En materia de prensa solo los que cubren la fuente y han conocido el trabajo de esos viejos petroleros, tienen mucho que decir y defender su trabajo porque han conocido lo que han hecho en PEMEX.
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