México ante Juicio Internacional (ONU) por desaparecidos

Eduardo Sadot

La llegada de la tragedia de las desapariciones en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas no admite matices diplomáticos: el país enfrenta hoy un inédito y severo juicio político e institucional ante la comunidad internacional. La histórica activación del Artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas por el Comité de la ONU —tratado del que México es parte con rango de norma constitucional en nuestro Estado de Derecho, y cuyo mecanismo jamás se ha aplicado a otra nación— quita los velos a la retórica oficial y expone ante el mundo la incapacidad del Estado para garantizar la vida y la integridad de sus ciudadanos.

Este hecho asesta una estocada demoledora a la imagen internacional del Gobierno de México, que mientras pregona en foros exteriores un discurso de progreso y derechos humanos, ve empañado su prestigio diplomático por el estigma de la impunidad endémica, el silencio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la parálisis forense. Más aún, este duro juzgamiento multilateral pone en tela de juicio los graves señalamientos sobre el contubernio entre autoridades e instituciones del Estado con la delincuencia organizada, una colusión criminal que sofoca las investigaciones.

Esta parálisis se profundiza por la crisis de un Poder Judicial desarticulado, severamente cuestionado en la solvencia e integridad de los conocimientos jurídicos de sus integrantes y en su capacidad para actuar como un auténtico contrapeso e imparcial garante del equilibrio de poderes. Frente a este escenario, resulta insostenible la estrategia gubernamental de envolverse en la bandera del supuesto “atentado a la soberanía” para desacreditar el señalamiento externo, cuando existen evidencias abrumadoras de que el mecanismo multilateral busca cooperación y no la vulneración del Estado.

Durante la presentación del informe en Nueva York, la representación mexicana intentó atenuar el golpe refugiándose en tecnicismos y objetando el uso de conceptos como “práctica sistemática”; sin embargo, entablar un debate semántico cuando hay más de cien mil familias buscando a sus seres queridos y decenas de miles de cuerpos sin identificar resulta una postura indolente. Aunque el organismo aclaró que la medida no constituye una condena penal sumaria ni atribuye una política federal deliberada para desaparecer personas, el mensaje hacia la arena global es inequívoco: el sistema de justicia mexicano ha colapsado y sus instituciones han sido rebasadas.

El costo reputacional para el gobierno será devastador si insiste en reaccionar con soberbia o con una postura a la defensiva. Ante el concierto de las naciones, la dignidad de un Estado no se defiende negando la realidad, escudándose en falsos agravios soberanos ni descalificando a los órganos de supervisión, sino deteniendo la impunidad, depurando los juzgados y rompiendo las alianzas oscuras con el crimen. La verdadera soberanía no reside en el ocultamiento de la crisis, sino en la humildad de aceptar la inspección internacional para reparar el tejido social y responder a miles de madres que siguen desenterrando la ineficiencia del Estado con sus propias manos.

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