José Luis Parra
La presidenta Claudia Sheinbaum juega un juego peligroso. Y cuando quien juega es la jefa del Estado mexicano, el riesgo no es personal ni partidista: es para todo el país.
Algo extraño ocurre en la relación entre México y Estados Unidos. Demasiadas señales, demasiados mensajes cruzados y demasiadas coincidencias como para pensar que todo es producto del azar.
Da la impresión de que la presidenta prepara el terreno para un episodio mayor. Quizá una solicitud de extradición contra algún ex presidente. Quizá una investigación de alto impacto político. Quizá algo todavía más grande. Y cuando llegue el momento, podrá levantar las manos y decir:
—Se los dije. Los gringos son injerencistas.
La narrativa estaría lista.
El problema es que mientras se construye el discurso político, la realidad avanza por otro carril.
Y desde Washington parecen estar enviando adelantos de la próxima temporada.
Según información publicada por Los Angeles Times, autoridades estadounidenses investigan a dos gobernadores mexicanos en funciones por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.
Las investigaciones, según el reporte, habrían derivado incluso en la cancelación de visas y en una revisión profunda de presuntas relaciones con organizaciones criminales.
Hasta este momento no existen cargos formales.
Crimen organizado Sonora
Pero tampoco son asuntos menores.
Durazo aparece vinculado en las indagatorias por supuestas conexiones con estructuras criminales. Villarreal, por presuntas líneas de investigación relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles.
Washington estaría aplicando una estrategia distinta a la de años anteriores.
Antes perseguían capos.
Ahora observan políticos.
Y eso cambia completamente las reglas del juego.
Porque una cosa es detener narcotraficantes.
Y otra muy distinta sentar bajo la lupa a gobernadores en funciones.
Si la información resulta cierta, el mensaje es brutal.
Ya no se trata solamente de combatir organizaciones criminales. Ahora buscan determinar quiénes las protegieron, quiénes las toleraron o quiénes se beneficiaron de ellas.
El asunto adquiere todavía más relevancia porque Durazo no es cualquier gobernador.
Es presidente del Consejo Nacional de Morena.
Es uno de los hombres políticamente más cercanos al proyecto de la Cuarta Transformación.
Y es además una figura que durante años ocupó posiciones estratégicas en materia de seguridad nacional.
Por eso las investigaciones, aun sin acusaciones formales, generan ruido político.
Mucho ruido.
Demasiado ruido.
La pregunta es si estamos ante expedientes judiciales auténticos o ante herramientas de presión política en el contexto de una relación bilateral cada vez más áspera.
Porque tampoco sería la primera vez que Washington utiliza expedientes judiciales como instrumento diplomático.
La historia ofrece suficientes ejemplos.
Lo cierto es que mientras Palacio Nacional insiste en la defensa de la soberanía, desde Estados Unidos parecen responder con filtraciones, investigaciones y cancelaciones de visas.
Una especie de diálogo entre vecinos que ya ni siquiera se hablan por teléfono.
Por lo pronto, pareciera mascullar Donald Trump desde algún escritorio de campaña:
—Ahí les va un adelanto de lo que viene.
Y en ese adelanto aparecen los nombres de Alfonso Durazo y Américo Villarreal.
Todavía no hay sentencias.
Ni acusaciones formales.
Ni culpables.
Pero cuando los estadounidenses empiezan a mover piezas, generalmente no lo hacen por entretenimiento.
Y eso debería preocupar no solamente a Morena.
Debería preocupar a México entero.
Porque cuando dos gobiernos comienzan a resolver sus diferencias mediante expedientes judiciales, filtraciones periodísticas y mensajes cifrados, normalmente el problema ya dejó de ser político.
Política
Y se convirtió en algo mucho más serio.
