Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La soberanía nacional es uno de los principios fundamentales sobre los que se construye cualquier Estado moderno. Ningún país serio puede aceptar que otro actúe unilateralmente dentro de su territorio al margen de los mecanismos de cooperación internacional. Eso es indiscutible e irrebatible.
Algo muy diferente es el uso político y discrecional que un gobierno hace de ese principio cuando le resulta conveniente. En el México de la autoproclamada “cuarta transformación”, la soberanía parece haberse convertido en un mero escudo discursivo para desviar la atención de un problema mucho más serio: las crecientes evidencias sobre la penetración del crimen organizado en estructuras políticas, empresariales e institucionales mexicanas.
Desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, el gobierno de México ha concentrado buena parte de su narrativa propagandística en “denunciar” la forma en que ocurrió el traslado –el morenato lo llama “secuestro” a voz en cuello- del capo a territorio estadounidense, lo cual se recrudeció con la reciente exhibición de fotografías del jefe del Cártel de Sinaloa llegando a Texas para ser detenido –hay quien asegura que se entregó por voluntad propia- y la “donación” a un museo de la aeronave en la que viajó, como si fuese una especie de “trofeo” del FBI.
La gritoniza oficial en México gira alrededor de si hubo una violación de la soberanía nacional, si las agencias estadounidenses incursionaron o no en territorio mexicano sin avisarle al gobierno –en ese entonces, el de López Obrador, al que claramente no le tenían confianza alguna-, y si actuaron fuera de los cauces diplomáticos y legales.
Pero mientras el debate en México se busca mantener exclusivamente en ese terreno, permanece prácticamente ausente una pregunta mucho más relevante: ¿cuál es realmente la información que poseen a estas alturas las autoridades estadounidenses sobre las redes de protección política, financiera y empresarial que durante años permitieron operar con absoluta impunidad a uno de los criminales más buscados del mundo?
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum se “envuelve en la bandera” para exigir explicaciones a Estados Unidos sobre la captura de “El Mayo”, millones de mexicanos siguen esperando respuestas sobre algo mucho más importante: ¿quién hizo posible que esas estructuras criminales crecieran hasta alcanzar semejante poder económico? ¿Cómo es que permanecen prácticamente intactas y hasta fortalecidas hasta la actualidad?
La historia del narcotráfico en México y el resto del mundo demuestra que ningún gran cártel prospera únicamente por su capacidad de fuego, sino fundamentalmente porque desarrolla redes de protección en las que compra voluntades, penetra instituciones, corrompe autoridades, construye alianzas políticas, infiltra sectores económicos, controla mercados, interviene en elecciones y convierte la impunidad en su modelo de negocios.
Es precisamente ahí donde la insistencia casi obsesiva en la defensa de la “soberanía” empieza a parecer menos una posición de Estado y más una estrategia política para evitar que el foco se coloque sobre asuntos mucho más delicados, en los que la delgada línea entre las autoridades y los delincuentes se vuelve prácticamente imperceptible.
El nacionalismo selectivo suele ser muy conveniente. Cuando las agencias estadounidenses proporcionan inteligencia para capturar a un líder criminal, la cooperación bilateral es celebrada. Si comparten información financiera que conduce al congelamiento de activos del narcotráfico, se destaca que la colaboración internacional es indispensable. Pero cuando esas mismas investigaciones comienzan a rozar o de plano afectan los intereses económicos o políticos del régimen, como sucede con el tema de los narcopolíticos morenistas, entonces aparece, con inflamada exaltación, el discurso de la “defensa de la soberanía”.
Que bien podría resumirse en una frase: “con mis narcos no”.
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