EU sanciona brigadas médicas cubanas y las acusa de “trabajo forzoso”

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra el esquema de brigadas médicas cubanas, al considerar que forma parte de una práctica de “trabajo forzoso” y trata de personas, además de incluir a entidades del sector energético de la isla.

El Departamento de Estado señaló que el programa de exportación de personal médico implica que el gobierno cubano retiene entre el 50% y el 95% de los salarios pagados por países receptores, lo que, afirmó, afecta a decenas de miles de trabajadores en más de 50 naciones.

Como parte de las medidas, Washington incluyó en la lista de sancionados a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), así como a su directora Gretza Sánchez Padrón y al ministro de Salud José Ángel Portal Miranda.

El envío de brigadas médicas representa la principal fuente de divisas para el gobierno de Miguel Díaz-Canel, con ingresos estimados en 7 mil millones de dólares en 2025, mientras que el año pasado alrededor de 24 mil profesionales de la salud cubanos trabajaban en 56 países.

De forma paralela, el Departamento de Estado sancionó a tres entidades del sector energético —Centro de Investigaciones del Petróleo, Empresa de Energía y Einarbo— y a cuatro empresas vinculadas al conglomerado Gaesa, al considerar que intentaron evadir restricciones previas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que empresas y bancos extranjeros que mantengan relaciones con las entidades sancionadas podrían enfrentar medidas similares, por lo que llamó a suspender de inmediato cualquier operación.

Washington también alertó que instituciones financieras que faciliten transacciones con estas organizaciones podrían ver restringido su acceso al sistema financiero estadounidense, incluyendo el bloqueo de activos o la cancelación de cuentas de corresponsalía.

En el caso de México, el programa de contratación de médicos cubanos se mantiene vigente conforme a la legislación nacional, aunque transferencias hacia las entidades sancionadas podrían ser consideradas operaciones con organizaciones bloqueadas, dependiendo de la participación de intermediarios financieros internacionales.