José Luis Parra
Hay señales que, vistas por separado, parecen simples notas informativas. Juntas, en cambio, dibujan un escenario inquietante.
Por un lado, el INE crea una Comisión de Verificación de Integridad para revisar candidatos con posibles vínculos con el crimen organizado. La intención, en el papel, parece impecable. Nadie en su sano juicio defendería que un narco llegue a un cargo de elección popular. La pregunta no es esa. La pregunta es quién decidirá quién pasa el filtro y bajo qué criterios. Más cuando la comisión, según sus críticos, nace con una integración cercana al grupo político gobernante.
Mientras tanto, el gobierno también avanza sobre otro terreno igual de delicado: el de la información. Los nuevos lineamientos para radio y televisión aseguran que buscan proteger a las audiencias y combatir la desinformación. El problema aparece cuando alguien debe decidir qué es verdad, qué es opinión y qué está “descontextualizado”. La historia demuestra que cuando el poder pretende convertirse en árbitro de la verdad, la libertad suele pagar la factura.
Y, casi al mismo tiempo, ocurre el incendio que destruyó decenas de camiones repartidores de Sabritas en Matamoros.
PepsiCo niega haber recibido amenazas o intentos de extorsión. Hace bien en ser prudente mientras concluyen las investigaciones. Pero el solo hecho de que miles de mexicanos hayan pensado inmediatamente en el cobro de derecho de piso revela el tamaño del problema. Esa fue la primera explicación que muchos encontraron lógica.
Porque hoy el crimen organizado ya no solamente disputa territorios. También administra economías regionales.
Y aquí aparece una hipótesis incómoda.
Supongamos, sólo supongamos, que una empresa multinacional de ese tamaño llegara a convencerse de que las autoridades mexicanas son incapaces de garantizar la seguridad de sus inversiones. ¿Qué seguiría?
¿Contratar despachos internacionales de inteligencia?
¿Empresas privadas especializadas en investigaciones?
¿Equipos propios para rastrear responsables y recuperar pérdidas?
No sería la primera vez que grandes corporaciones recurren a estructuras privadas de seguridad para proteger sus intereses.
El problema comienza cuando esas estructuras empiezan a operar dentro del territorio nacional.
Entonces la discusión deja de ser empresarial.
Se convierte en un asunto de soberanía.
Porque un Estado empieza a perder el monopolio de la fuerza no solamente cuando los grupos criminales controlan regiones completas. También cuando particulares sienten la necesidad de sustituir al propio Estado para defenderse.
Y eso representa un cambio de régimen silencioso.
No llega mediante una reforma constitucional.
Llega por necesidad.
El gobierno intenta blindar candidaturas.
También busca regular la forma en que se informa a las audiencias.
Pero quizá el mayor desafío está en otro lado.
En demostrar que sigue siendo el único capaz de garantizar seguridad, justicia y Estado de derecho.
Porque cuando los ciudadanos —o las grandes empresas— dejan de confiar en las instituciones y comienzan a buscar protección por cuenta propia, nace un nuevo orden.
Uno que no aparece en ninguna Constitución.
Pero que termina imponiendo sus propias reglas.
Y esas reglas, casi siempre, las escribe quien tiene más fuerza, más dinero… o más armas.
