La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para hacer pública la información corporativa y los contratos de las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público… ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.
Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que la disposición contempla difundir contratos, estados financieros, informes, reglas de operación, políticas internas y reportes enviados a agencias extranjeras de todas las filiales de ambas empresas productivas del Estado.
La información deberá incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia en un plazo máximo de 30 días hábiles y mantenerse actualizada. También será publicada mediante Pemex y CFE, con la participación de sus consejos de administración.
El ordenamiento busca atender vacíos legales relacionados con la negativa de solicitudes de información. Actualmente, las filiales controladas en más de 50 por ciento por Pemex o CFE se rigen por el derecho privado, condición que ha sido utilizada para negar el acceso a documentos.
Entre los casos mencionados están la negativa de Pemex a entregar comprobantes sobre envíos de petróleo a Cuba mediante Gasolinas Bienestar y el señalamiento de que ciertas operaciones correspondían a filiales como PMI Comercio Internacional y Pemex Procurement International, por lo que la información no estaba en sus archivos.
En asuntos como la compra de la refinería Deer Park y la adquisición de 550 pipas, el entonces Instituto Nacional de Transparencia ordenó realizar búsquedas más amplias.
La CFE también ha aplicado criterios similares con empresas como CFE Calificados, al considerar que, por su naturaleza jurídica privada, no son sujetos obligados directos.
El decreto dispone además que los contratos del Gobierno federal se publiquen cada mes, en sustitución de la actualización trimestral vigente, para mantener los datos más oportunos.
Los órganos fiscalizadores deberán divulgar información adicional sobre programas anuales, auditorías, seguimiento de observaciones y designación de despachos externos.
Buenrostro informó que el Gobierno federal enviará al Congreso una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia y reducir de 17 a dos las causales para reservar información: interés público y seguridad nacional.
La propuesta también plantea priorizar la publicación de versiones públicas de documentos, incluso cuando contengan partes reservadas. El Gobierno prevé invitar a los poderes Legislativo y Judicial, así como a estados y municipios, a adoptar esta política de máxima publicidad, aunque el decreto no los obliga directamente.
La iniciativa será presentada al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.
