Por Alejandra del Río
En México la justicia dejó de ser ciega. Ahora mira colores, reconoce adversarios y recibe instrucciones desde el poder.
El gobierno de Morena ha decidido reactivar el proceso de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno justamente cuando el dirigente nacional del PRI ha elevado el tono de sus denuncias, las ha presentado en diferentes foros internacionales y ha llamado “narcopolíticos” a quienes, desde el oficialismo, pretenden silenciar cualquier señalamiento sobre la presunta infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales.
La coincidencia resulta demasiado conveniente, después de años de investigaciones, filtraciones ilegales, audios difundidos desde el patético espectáculo mediático del llamado Martes del Jaguar de la impresentable Layda y solicitudes de desafuero que no prosperaron, ahora Morena vuelve a presentar el caso como si se tratara de una revelación reciente, la acusación actual, promovida por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, atribuye nuevamente a Alito Moreno presuntos delitos supuestamente ocurridos durante su gestión como gobernador y ya la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, prevé retomar el asunto en septiembre, todavía no empieza el periodo de sesiones y ya lo pusieron en la agenda, por que realmente les urge es silenciar o desprestigiar al líder del Revolucionario Institucional.
Nadie debe estar por encima de la ley, pero una cosa es procurar justicia y otra muy distinta utilizar las fiscalías, las detenciones y la mayoría legislativa para castigar a un adversario político.
En los últimos días fueron detenidas personas vinculadas con el entorno del dirigente priista, entre ellas Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante de empresas relacionadas con Emigdio Moreno Cárdenas, hermano de Alito. El propio senador ha denunciado amenazas y presiones contra sus colaboradores y su familia, y ha calificado las acciones como parte de una persecución política.
Puede discutirse la responsabilidad jurídica de cada persona, pero es imposible ignorar el mensaje político: si no pueden doblegar al opositor, cercan a sus colaboradores; si no consiguen callarlo, presionan a su familia; y si el fuero constitucional impide proceder penalmente en su contra, entonces utilizan la mayoría de Morena para intentar retirárselo.
No se trata de hacer justicia, es querer darle un escarmiento, El fuero no debe convertirse en impunidad, pero tampoco puede retirarse por consigna oficial. El juicio de procedencia existe para evitar que una mayoría política fabrique delitos contra legisladores incómodos. Si Morena quiere demostrar que actúa por convicción y no por venganza, tendría que aplicar el mismo rigor a sus propios senadores y gobernadores y allí es donde aparece la doble moral.
Mientras se despliega toda la maquinaria contra Alito Moreno, el senador Adán Augusto López continúa protegido políticamente, pese al enorme escándalo de La Barredora. Hernán Bermúdez Requena, quien fue su secretario de Seguridad Pública cuando gobernó Tabasco, enfrenta procesos por asociación delictiva, secuestro, extorsión y desaparición forzada, además de ser señalado como presunto dirigente de esa organización criminal. Adán Augusto ha negado conocer sus actividades delictivas y, hasta ahora, no existe una imputación formal en su contra; sin embargo, resulta indispensable investigar qué sabía, desde cuándo y por qué mantuvo en un cargo estratégico a quien hoy enfrenta acusaciones de semejante gravedad. ¿Por qué Morena no exige para Adán Augusto la misma transparencia que reclama para sus adversarios?, ¿Por qué no pide que se le retire el fuero y se le imputa igual que a Bermudez?
La contradicción es todavía más escandalosa en Sinaloa, como ya comentamos en un artículo anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Los fiscales estadounidenses los señalan por presunta conspiración para traficar drogas y por supuestamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.
Es importante decirlo con precisión jurídica; se trata de acusaciones que deberán probarse ante un tribunal y los señalados conservan su presunción de inocencia. Pero no estamos frente a simples rumores de redes sociales, sino ante un documento judicial y un comunicado oficial del Departamento de Justicia estadounidense.
Enrique Inzunza es senador de Morena. Rubén Rocha Moya encabezó el gobierno de Sinaloa. Si Morena realmente cree que el fuero no debe obstaculizar la justicia, ¿Por qué no promueve con la misma urgencia el desafuero de Inzunza? ¿Por qué no exige que él y Rocha Moya respondan plenamente ante las autoridades competentes? ¿Por qué la presunción de inocencia se convierte en escudo cuando se trata de morenistas, pero desaparece cuando el acusado es un dirigente de oposición?
La respuesta parece evidente: el objetivo no es buscar funcionarios corruptos, ni limpiar la vida pública, sino controlar la conversación política y desviar la atención de las acusaciones contra los Morenistas que pueden minar el camino rumbo a la macro elección del 2027.
El caso Alito reaparece como una conveniente cortina de humo justo cuando Morena necesita sacar de la agenda los escándalos que alcanzan a sus propios personajes. En lugar de explicar La Barredora, colocan a Alejandro Moreno en el banquillo mediático.
En vez de responder por las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses, desempolvan expedientes en Campeche. En lugar de investigar a fondo sobre el retiro de la visa de Andy y la posible protección política al crimen organizado, intentan presentar al principal dirigente opositor como el único problema nacional. Es el viejo truco del régimen: fabricar un enemigo para evitar hablar de sus propias responsabilidades.
Alejandro Moreno se ha convertido en un adversario incómodo porque denuncia, confronta y se niega a guardar silencio. Morena puede responderle políticamente, rebatir sus afirmaciones y presentar pruebas en sentido contrario. Lo que no puede hacer una democracia es convertir al aparato de justicia en una herramienta de intimidación como de facto lo hace ahora.
Hoy van contra Alito, mañana podrán hacerlo contra cualquier senador, periodista, empresario o ciudadano que cuestione al poder.
México necesita investigaciones serias, tribunales independientes y servidores públicos que rindan cuentas, sin importar el partido al que pertenezcan. Si existen elementos contra cualquier político en funciones de la oposición, que se juzguen con legalidad.
Pero que se investigue con la misma determinación a Adán Augusto López; que Enrique Inzunza responda por las acusaciones formuladas en Estados Unidos; Que den alguna explicación sobre las multiples acusaciones de tráfico de influencias y enriquecimiemto ilícito de los hijos de López Obrador y que Rubén Rocha Moya aclare ante las autoridades todo aquello que se le atribuye.
Solo pedimos justicia para todos, no venganza para los opositores y protección para los aliados, porque cuando el gobierno decide quién debe ser perseguido y quién merece impunidad, ya no estamos frente a un Estado de derecho, estamos frente a un régimen que utiliza la ley como garrote y la justicia como cortina de humo.
